Desde 1636 la comunidad afrodescendente del Consejo Comunitario La Toma, en el municipio de Suárez, Cauca, asegura estar viviendo en el territorio que hoy ocupan. Ni las amenazas, ni la presión por parte hasta del propio gobierno ha hecho que abandonen su tierra ancestral. 

"Nuestra gente se ha visto amenazada por intereses mineros, pues en nuestros territorios se han otorgado títulos de explotación violando el derecho fundamental a la consulta previa. En 2009, por ejemplo, tuvimos órdenes de desalojo por parte del mismo gobierno. La Agencia Nacional de Minería  entregó amparos administrativos reconociéndole derechos a terceros, a unos empresarios, mientras que a nosotros, que veníamos solicitando la titulación colectiva de ese territorio desde hacía años, no se nos había escuchado", manifiesta Francia Márquez, integrante de ese consejo comunitario. 

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Su lucha se une a la de otros 270 consejos que desde hace más de 10 años vienen pidiendo el reconocimiento y la titulación colectiva de sus territorios ancestrales. Estos, según un estudio adelantado en 2017, por el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos (Otec), de la Universidad Javeriana, se encuentran en 11 departamentos y 103 municipios, ubicados principalmente en el Caribe y los valles interandinos, salvo algunas excepciones (Arauca y Putumayo). Se estima que serían cerca de 2.000.000 de hectáreas las que conformarían los predios pendientes por titular y que en estos terriotorios residen 251.607 familias, es decir, más de 1.500.000 personas, aproximadamente. 

"Han pasado 26 años desde que se promulgó la Ley 70 de 1993 y hoy no se ha terminado de reglamentar. Por fuera del Pacífico solo se han titulado cerca de siete consejos comunitarios y la gente negra del resto del país, de alguna manera, también ha aportado a la construcción de Colombia, por eso el gobierno no pude seguir implementando políticas racistas. Nosotros entendemos que a veces la negación de ese derecho obedece al racismo estructural que aún existe y se enmarca en que todavía desde la institucionalidad se nos mira como cosas, tal y como se nos veía en la época de la esclavitud. Aún hay una élite en este país que nos sigue observando así y creo que ya es hora que nos miremos como iguales, como seres humanos, y que reconozcamos que todos tenemos derechos", afirma Francia.  

La ganadora del Premio Medioambiental Goldman, en 2018, considera que para que exista una verdadera paz es indispensable romper con el racismo estructural "y romper significa reconocer los derechos étnicos y territoriales de los pueblos y, en este caso, de las comunidades afrocolombianas que están por fuera del Pacífico", apunta. 

100%Las comunidades afro del país cuestionan el hecho de que solo hayan sido reconocidos hasta ahora los consejos del Pacífico y en los que existen en otras regiones el proceso de titulación no avance. Foto: archivo/Semana. 

Opinión que comparte Víctor Hugo Moreno Mina, consejero de la Asociación de 43 Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, quien cree que el Estado ha puesto trabas a la titulación colectiva por los intereses extractivistas que hay detrás de esos territorios y el modelo económico que busca implementar, al considerar que otorgarlos a las comunidades se constituye en un obstáculo para el desarrollo del país.

"Creo que existe un gran desconocimiento por parte de las autoridades y los funcionarios públicos frente a este tema. Para los mismos municipios titular colectivamente es una ventaja porque muchos de esos predios que hoy estamos pretendiendo no pagan predial y, a partir de la entrega a las comunidades, el Ministerio de Hacienda, por ley, debe entrar a pagar ese impuesto a las poblaciones, generando recursos para que que estas inviertan en otras obras", asevera. 

"Para nosotros el territorio ancestral es ese espacio de vida y de desarrollo cultural en el que nuestras costumbres, rituales y prácticas se mantienen y conservan, por eso cuidamos su agua, flora y fauna", Víctor Hugo Moreno Mina.

Arvind Khare, director Senior del Programa de Apoyo para el Tenure Facility de la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI), cree que frente a la titulación colectiva de tierras hay muchas verdades a medias.  

"Es un mito que titular colectivamente atente contra el desarrollo, hay varios estudios globales que demuestran que esta es una percepción falsa. Puede haber industrialización y desarrollo cuando hay derechos colectivos reconocidos", explica el director senior de Tenure Facility, fondo que invertirá 1.662.487 dólares para que se adelante el proceso de titulación de 50 consejos comunitarios en Colombia, se avance en el proceso de reconocimiento de otros 192, en un lapso de dos años y se fortalezca técnicamente la Agencia Nacional de Tierras. 

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El experto hindú afirma que al clarificar, ampliar y consolidar la seguridad de la tenencia de la tierra, no solo se crean las condiciones necesarias para la paz, sino también para que las comunidades puedan mejorar sus medios de subsistencia y contribuir a la economía del país, al incluir mejores condiciones para las inversiones privadas. "También contribuirá a la restauración de los bosques degradados, la conservación de la biodiversidad y a reducir la vulnerabilidad de la comunidad al cambio climático", dice. 

Khare basa su argumento en los casos de éxito que ocurrieron en países como Suecia y México. "El 80% de la tierra en México es manejada de manera colectiva, incluidas las zonas forestales. Muchas empresas comunitarias generan empleo e ingreso local, razón por la cual la juventud rural ha dejado de migrar hacia las ciudades, pero el resultado más sorprendente es que después del reconocimiento colectivo los ingresos del gobierno en esas regiones crecieron sustancialmente", recalca. 

Desde hace 26 años fue promulgada la ley que reconoce los derechos de las comunidades afrodescendientes en Colombia, si embargo, esta poco se ha aplicado. Foto: archivo/Semana. 

Johana Herrera, directora del Observatorio de Terriotorios Étnicos y Campesinos de la Universidad Javeriana, señala que en Colombia, aunque se ha avanzado en la titulación colectiva, aún hace falta un largo camino por recorrer.

La también profesora de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales indica, por ejemplo, que el Incoder, en su momento, tenía un gran desorden frente a los archivos de titulación. "Muchos expedientes se perdieron, pero se pudieron reconstruir porque la gente guardó copia de su radicación, de esta manera pudimos confirmar que la gente sí había hecho la solicitud, aunque esos registros se perdieron como por arte de magia. Entonces la Agencia Nacional de Tierras recibió una información muy parcial del Incoder y nosotros les hemos venido ayudando a mejorar su sistema de información", manifiesta. 

La experta asegura que en todo el proceso de titulación colectiva se han generado varias complicaciones. "De un lado la etapa administrativa de la titulación entró en una serie de regresiones. Hasta 2002 se entregaron muchas tierras (5,7 millones de hectáreas) y a partir de ese año el proceso se paralizó. Esto tiene que ver mucho por la financiación", apunta. 

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Herrera indica que las primeras 3,5 millones de hectáreas de titulación se financiaron con un préstamo del Banco Mundial por 5 millones de dólares, lo que le permitió al Estado tener equipos en terreno y avanzar. Al terminarse los recursos las titulaciones se congelaron y, por esta razón, se concentraron tantas solicitudes sin respuesta en los años siguientes.  

"En el estudio también nos encontramos que estábamos hablando de zonas en conflicto donde hay disputas por proyectos de desarrollo o han existido consultas previas con las comunidades por temas como licencias de carbón. En áreas que eran ancestrales hay ahora reconocidos hoteles con la respectiva formalización de su uso de suelos que, de alguna manera, empiezan a poner obstáculos a las aspiraciones de las comunidades de tener autoridad, autonomía y tenencia colectiva sobre estos terrenos donde ya existen unos intereses muy establecidos", expresa. 

La docente hace énfasis en casos como el de Barú en el que ya se había iniciado el proceso de titulación colectiva en diciembre de 2018, se expidió el auto de aceptación y finalmente la Agencia Nacional de Tierras argumentó que en esa isla ya no había baldíos a los cuales las comunidades pudieran acceder. "Cada caso tiene sus obstáculos y vamos a ver en qué medida el Estado está dispuesto a remover esos impedimentos para salvaguardar los derechos de las comunidades", comenta.  

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Para la directora de Otec la tenencia colectiva impulsa los procesos de desarrollo y permite vivir dignamente en los territorios. "La gente negra no tiene por qué estar destinada a vivir en la pobreza. Sin su territorio no existe la posibilidad de que preserven la cultura y la biodiversidad de los ecosistemas en los que viven, por lo que la degradación será inminente. Ahora hay mucha población afro en las zonas urbanas, gente que antes se dedicaba a la pesca o el agro, esto una pérdida para la nación en términos de la inerculturalidad", puntualiza. 

Se estima que, actualmente, en Colombia se encuentran tituladas más 5,6 millones de hectáreas de territorios ancestrales y tradicionales a comunidades afrodescendientes. El 95,3% de esos títulos se otorgaron en la región del Pacífico, mientras que en las regiones Caribe, Andina, Amazonía, Orinoquía e Insular tan solo se concentra el 4,6% del total.