Cinco mujeres víctimas del conflicto armado le ganaron una demanda al Estado, como resultado de un litigio estratégico impulsado por mujeres líderes y organizaciones de la ciudad. La decisión ordena a siete instituciones del Estado, incluida la Alcaldía de Medellín, cumplir un plan de intervención en 13 derechos.

Las corporaciones Colectiva Justicia Mujer y Mujeres que Crean instauraron una acción de tutela que logró una sentencia favorable y sin precedentes en la ciudad. Este es el resultado de un año y medio de trabajo apoyado por Abogados Sin Fronteras Canadá, en el que las corporaciones desarrollaron un litigio estratégico.

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Esta es una decisión judicial inédita por el alcance de las órdenes, por ser la primera que da respuesta a un litigio múltiple a favor de mujeres en la ciudad y por permitir el avance hacia una declaratoria de crisis humanitaria ante las medidas administrativas y presupuestales regresivas e insuficientes para erradicar la violencia contra ellas.

La acción de tutela, de 330 folios, se dirigió contra la Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia, Fiscalía General de la Nación, Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas y Defensoría del Pueblo. A estas instituciones, el fallo les ordena cumplir un plan de intervención hasta lograr la satisfacción integral de los 13 derechos tutelados.

Según el informe Medellín Cómo Vamos de 2017, a partir de 2015 la ciudad disminuyó la inversión en población vulnerable, alcanzando su nivel mínimo durante ese año (2017), con 331.117 millones de pesos, similar a la de cinco años atrás.

Durante la actividad realizada este viernes frente a la Alcaldía de Medellín se habló sobre al importancia de garantizarle los derechos a las mujeres víctimas del conflicto armado. Foto: archivo particular. 

De esta cifra solo se destina el 4,9 por ciento a la atención de víctimas y el 2 por ciento a mujeres. Situación que se ha traducido en la reducción de la Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas a un equipo, restando perfil organizativo con consecuencias técnicas y financieras, y el presupuesto de la Secretaría de las Mujeres es el más bajo de los últimos tres gobiernos: en el periodo 2008 - 2011 tuvo una asignación de 60 mil millones de pesos y para 2016 -2019 fue de 39 mil.

De acuerdo al Instituto Nacional de Medicina Legal, el 2017 será recordado como el año de mayor violencia sexual en la última década. Fue Medellín la segunda ciudad con mayores registros: 1.371 casos, en los que el 83 por ciento de las víctimas fueron mujeres.

Frente a este panorama es un logro por resaltar que hoy, el Comité Territorial de Justicia Transicional en Medellín haya aprobado el Subcomité de Género con enfoque diferencial, un espacio para garantizar los derechos de las mujeres víctimas.

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“Con este subcomité esperamos superar el déficit en el que se encuentran los derechos de las mujeres en el marco de esta política y que se coordinen instancias nacionales, departamentales y municipales para implementar los lineamientos de prevención de riesgos, la protección y la garantías de los derechos de ellas en este contexto”, afirmó Nathalia Álvarez, subdirectora de la Colectiva Justicia Mujer.

Carlos Arcila, subsecretario de Derechos Humanos y secretario Técnico del Comité Territorial de Justicia Transicional, manifestó que la creación de este primer comité a nivel nacional es un gran paso para garantizar de mejor forma los derechos de la mujeres.