La decisión de realizar una serie de foros en diferentes regiones del país antes de pasar a debatir la ratificación del Acuerdo de Escazú en el Congreso de la República, levantó ampolla en una parte del sector ambiental colombiano

La medida adoptada por los congresistas de las Comisiones Segundas de Cámara y Senado, que son las encargadas de dar trámite al proyecto de ley que fue radicado por el Gobierno nacional en la Cámara el pasado 23 de julio de 2020 y en el Senado el 27 de julio con mensaje de urgencia, generó opiniones a favor y en contra. 

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Juan Diego Gómez, presidente de la Comisión Segunda del Senado, explicó que la disposición había sido acogida teniendo en cuenta las dudas, inquietudes y el ambiente enrarecido que se generó en torno al tratado. Aseguró que era importante escuchar a las comunidades y lograr acuerdos antes de hacer la ratificación del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación y Justicia en Asuntos Ambientales para América Latina y el Caribe.

"En las Comisiones Segundas de Cámara y Senado logramos un consenso sobre la realización de dos foros regionales. Uno de ellos se realizará el próximo lunes en Cúcuta con una metodología mixta para absolver el mayor número de inquietudes y dudas, y a través de un gran acuerdo que queremos propiciar, lograr la aprobación del mismo”, comentó el congresista. 


Los indígenas son los defensores ambientales más asesinados en Colombia. Foto: Guillermo Torres /Semana. 

El senador aseguró que, a partir del desarrollo de esos foros, buscan encontrar un acuerdo con ambientalistas, congresistas, Gobierno, sociedad civil, gremios y líderes regionales y sociales para ver si pueden sacar adelante el tratado

Durante el resto de la próxima semana los congresistas de ambas comisiones se desplazarán a otras regiones del país para adelantar encuentros regionales para socializar el Acuerdo de Escazú. Posteriormente, se daría inicio a las discusiones en el legislativo.

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Sin embargo, el tiempo apremia, pues la iniciativa legislativa debe quedar lista antes del 16 de diciembre, fecha en la que termina el primer período de sesiones del Congreso. 

No obstante, el debate político como tal no será nada fácil, ya que algunos partidos como Cambio Radical y el Centro Democrático no están completamente seguros de apoyar esta iniciativa al considerar que la normatividad actual del país contempla muchos temas del articulado. Adicionalmente, sostienen que este pondría en riesgo la soberanía y el crecimiento económico del país.  

Las críticas

Para varios ambientalistas y académicos la realización de estos foros no son más que pretextos para dilatar la discusión.  

Joanna Barney, magíster en paz y resolución de conflictos e investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), considera que dichos foros no son más que un distractor, pero sostuvo que eran preferibles, a que se formaran unas mayorías absurdas en contra de los enunciados de Escazú, los cuales "ya estaban en buena parte, en lo fundamental, en la Constitución y en la ley", dijo.  

"Los foros que acordaron sobre la ratificación del Acuerdo de Escazú en realidad son una muestra del equilibrio de fuerzas entre los que defienden y atacan; también indica las tensiones internas en las bancadas que se oponen. El aislacionismo con respecto a compromisos en espacios multilaterales, es una estrategia para intentar cambiar normas que obligan a informar, consultar y a contar con instancias de arbitramento. Es imperativo el respeto a la participación y a los defensores del territorio y el ambiente", comentó Barney. 

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Óscar Sampayo, integrante de la Corporación Regional Yariguíes- Grupo de Estudios Extractivos, Ambientales y Sociales del Magdalena Medio (CRY- GEAM) y de la Corporación Podion, afirmó que veía con preocupación la forma como las comisiones segundas conjuntas de Senado y Cámara estaban dilatando la ratificación del Acuerdo de Escazú

"Nos inquieta la forma como los partidos afines al Gobierno como el Centro Democrático, Cambio Radical y Conservador, así como congresistas de otros movimientos políticos, no tienen la voluntad en aprobar este acuerdo que protege la vida e integridad de los defensores de la naturaleza y el territorio, que genera mecanismos de exigibilidad de derechos y permite la democratización de la información que el Estado debe compartir con los ciudadanos", sostuvo. 

Sampayo hizo un llamado al presidente Iván Duque a cumplir con su palabra y a los partidos políticos a generar un ambiente que permita ratificar el Acuerdo. Cuestionó el hecho de que se quisieran realizar reauniones en plena pandemia y cuando los contagios de la covid-19 estaban volviendo a incrementar.  

Algunos antecedentes

Colombia hizo parte activa de las negociaciones del acuerdo que iniciaron el 5 de mayo de 2015 y que finalizaron el 4 de marzo de 2018 en la provincia costarricense de Escazú con la adopción del texto del acuerdo, pero lo firmó hasta el 11 de diciembre de 2019, como parte del compromiso de la Gran Conversación Nacional conforme a las peticiones hechas del paro nacional de noviembre. 

Para que el Acuerdo entre en vigor y sea vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento, debe ser ratificado.

Desde hace varios meses, 130 organizaciones ambientales y sociales, connotados ambientalistas y académicos del país, así como varios líderes mundiales, entre los que se encontraban varios expresidentes y premios nobel, le venían solicitando al presidente Duque cumplir con su compromiso de ratificar el Acuerdo de Escazú y al Congreso, mayor celeridad para dar inicio al trámite del proyecto de ley.  

El primer debate sobre este Acuerdo ya ha sido aplazado en tres oportunidades en el Congreso.