El Parque Nacional Natural Cordillera de Los Picachos, territorio de más de 447.000 hectáreas ubicado en los departamentos de Meta y Caquetá, hace parte del ranking de la infamia por deforestación en Colombia.

Según el Ideam, el año pasado perdió 1.064 hectáreas de bosque, cifra que lo convirtió en el cuarto parque nacional más deforestado en el país. En 2016, su área deforestada no superó las 137 hectáreas, lo que significa un incremento de 87 por ciento en la tala de bosque.

Ante la acelerada deforestación, el pasado fin de semana cerca de 900 funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Ejército Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, Sociedad de Activos Especiales y Parques Nacionales Naturales, ingresaron en 50 camiones a una zona rural dentro del parque, a siete horas del casco urbano de San Vicente del Caguán (Caquetá), para contener la invasión y ganadería extensiva y perseguir a las organizaciones criminales.

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Cinco personas fueron capturadas como presuntas responsables de invasión, deforestación y ganadería extensiva al interior de Los Picachos: Miller Medina Cardozo, dueño de 140 cabezas de ganado y quien figura como administrador de otros semovientes; y Óscar Gaitán Ortiz, José Over Acosta García, Nelson Parra Castillo y Federico Castro Verú.

Los cuatro últimos ya fueron puestos en libertad, mientras que Medina Cardozo continúa preso en la ciudad de Florencia por la imputación de delitos como invasión de áreas de especial importancia ecológica, daño de recursos naturales agravado e incendio. Medina ya tenía antiguas imputaciones de cargos, de acuerdo con la Fiscalía.

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La Fiscalía dijo que la zona de la cordillera de Los Picachos es una ruta de tres días que inicia en San Vicente del Caguán y termina en Acacías (Meta). “El modus operandi en la zona es la tala indiscriminada seguida de la quema y posterior praderización con ganado. Ese actuar causa un daño ambiental irreparable para una zona con protección especial, una actividad que viola el Código Penal con relación a varios delitos agravados contra los recursos naturales y el medio ambiente”, aseguró la entidad.

También fueron decomisadas 600 reses de ganado bajo extinción de dominio, avaluadas en $1.200 millones, las cuales quedaron en disposición de la Sociedad de Activos Especiales.

¿Por qué Picachos?

Stella Sánchez Gil, directora especializada contra las violaciones a los derechos humanos de la Fiscalía, informó que el operativo en Los Picachos inició en marzo de este año, cuando Parques Nacionales denunció la existencia de 35 focos de deforestación de más de 320 hectáreas de bosque, 22 dentro parque por apropiación ilegal de tierras y ampliación de la frontera agrícola por parte de 209 familias.

Luego, el ente fiscal, con la colaboración del Ideam y la Fuerza Aérea colombiana, obtuvo imágenes y estudios multitemporales que confirmaron la afectación del bosque. Ahí inició la labor de inteligencia de más de 200 investigadores de la entidad en la zona.

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El trabajo investigativo arrojó como resultado la identificación de 10 personas con apropiación ilegal de tierras con una cantidad de ganado superior a las 2.000 cabezas dentro del Parque, las cuales ya tienen orden de captura por parte de la Fiscalía. En el operativo, realizado entre el 25 y 28 de octubre, la mitad de las capturas fueron efectivas.

“Cinco personas fueron judicializadas. Pero desconozco los motivos que tuvo el juez para decretar la detención preventiva de solo uno, Miller Medina Cardozo, dueño de 140 cabezas de ganado. El año pasado, este señor fue capturado por un delito dentro del parque, hubo imposición de cargos y una medida no privativa de la libertad. Pero continuó deforestando e invadiendo. El juez ahora decidió que permanecerá recluido en un establecimiento carcelario. podría permanecer preso hasta 144 meses de cárcel, es decir,  12 años”, apuntó Sánchez.

900 funcionarios de la Fiscalía, Policía y Ejército Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, Sociedad de Activos Especiales y Parques Nacionales Naturales, ingresaron en 50 camiones a una zona rural del parque Los Picachos para realizar un operativo contra la deforestación: Video cortesía: Fiscalía General de la Nación.

Las otras cuatro personas no quedaron del todo limpias. La Fiscalía informó que fueron acreedores de medidas no privativas que les prohíbe el ingreso al parque. “Si hacen caso omiso, solicitaremos la revocatoria de esta medida para imponer otra que los prive de la libertad”.

Para la directora especializada, la captura de este ganadero desvirtúa que en los operativos solo caen campesinos con pocas vacas para su subsistencia. “Un campesino no tiene 140 cabezas de ganado. Su captura es un hecho sin precedentes en el país”.

El control no terminará en Picachos. La Fiscalía ya adelanta investigaciones en La Macarena, Tinigüa y Chiribiquete. Y trabaja para determinar si esto atiende a un mercado criminal. “No queremos una persecución al campesinado, sino a las cadenas que financian la tala de bosque”.

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Vienen más operativos. No solo en Parques Nacionales. La cuenca amazónica tiene prioridad para la Fiscalía que ahora incluye una acción adicional en su operación: la extinción de dominio.

Según Sánchez, no tenía ningún sentido llegar a Picachos a capturar 10 personas y dejar el ganado adentro. “Vamos a empezar a intervenir el mercado. Picachos es el primer caso por deforestación donde aplicamos extinción de dominio, razón por la cual ha despertado tanta molestia en la zona. Este año adelantamos un caso similar en Chocó pero por minería, interviniendo bienes a una comercializadora avalados por más de $1,4 billones”.

Foto:  Rodrigo Botero/FCDS

Por las cabezas

Para que caigan los grandes deforestadores, la entidad cruza información a nivel interinstitucional. “Esto requiere de un gran trabajo y esfuerzo de articulación tanto en la Fiscalía como en otros entes. Por ejemplo, si ya sabemos que hay una zona de injerencia de control de alguna organización criminal, cruzamos esta información con insumos técnicos de entidades como el Ideam y Parques Nacionales, para lograr identificarlos. Luego viene el apoyo de las fuerzas militares y Ejército. Así pasó con Picachos”, dijo la directora.

En las zonas con mayor dificultad de acceso, como Chiribiquete, la entidad ha solicitado recursos de cooperación internacional para los operativos. “Ya nos han manifestado su interés de colaborarnos y hemos adelantado varias mesas de trabajo. No solo requerimos de la capacitación de los funcionarios, sino herramientas tecnológicas y apoyo logístico, como drones de altas especificaciones”, precisó Sánchez.

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La zona de los Picachos tiene antecedentes de seguridad que podrían generar la deforestación, como dos disidencias de las FARC: alta influencia de alias Gentil Duarte y el Frente 17 al mando de alias Rodrigo Cadete. Sánchez aclaró que no cuenta con evidencias que relacionen a los capturados en el parque con estos grupos.

Este año, la Fiscalía ha judicializado aproximadamente 60 personas en la Amazonia colombiana por deforestación. “Esto no significa cárcel, sino la imposición de delitos, la formulación de cargos y medidas no privativas de la libertad”, puntualizó.

El malestar comunitario

El operativo sin precedentes puso a hablar a las organizaciones comunitarias por las redes sociales durante todo el fin de semana. Muchos líderes campesinos lo catalogaron como excesivo y aseguraron que sus derechos fueron vulnerados.

La presencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (Esmad) levantó una masa furibunda de campesinos, quienes publicaron videos e imágenes de agredidos y gases lacrimógenos mientras las autoridades decomisaban el ganado en un sitio que por ley no debería tener habitantes.

El país conoció las protestas de los campesinos, el accionar de la fuerza pública y cómo la misma comunidad derrumbaba vías y trochas para evitar la incautación del ganado. Una de las imágenes más perturbadoras fue la de un ganadero limpiándose la sangre de su cabeza por una posible agresión policial. El mismo día del operativo, cerca de 100 personas marcharon por las calles de San Vicente del Caguán en rechazo de las acciones.

Varias organizaciones alzaron su voz de protesta contra el actual gobierno en su primer gran operativo de control a la deforestación.

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Delio Franco, presidente de Asojuntas de La Macarena, manifestó la preocupación de que estos enfrentamientos generen una nueva ola de violencia. Cree que las acciones del gobierno están mal dirigidas y pensadas. “No hay diálogo y nadie quiere sentarse con los campesinos. Deberían buscar en primera instancia conversar de una forma concertada, y no quitarle el ganado a la gente, algo con lo que han subsistido toda su vida. Luego definir la situación de los campesinos dentro del parque, buscar alternativas, sembrar conciencia, pero no llegar a las instancias de lo ocurrido en San Vicente. Eso fue un atropello a los derechos humanos”.

Estamos dispuestos a cambiar las prácticas agropecuarias para no talar, pero con la participación y asesoría del gobierno”, complementa Franco. “Debemos tener inteligencia y aprender a convivir con la naturaleza. Pero esa persecución a los pequeños productores, que no tienen más de 5 hectáreas, es injusta, ya que los grandes deforestadores de más de 400 hectáreas siguen en libertad, vivos y coleando”.

La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ASCAL G) y la Asociación Campesina Ambiental del Losada Guayabero (ANZORC), pidieron que el Presidente Iván Duque “adopte medidas para garantizar y proteger la vida, integridad, libertad y seguridad de todos los que hacen parte de esta comunidad. A la Defensoría del Pueblo le pedimos realizar seguimiento frente a las agresiones, intimidaciones y extralimitaciones de la fuerza pública. Exigimos respeto a los habitantes, quienes han manifestado su voluntad de diálogo y construcción conjunta”, dice su comunicado.

Ambas asociaciones reiteraron el interés y voluntad del campesinado de los parques de construir una política pública participativa para la solución de conflictos territoriales. “Hacemos un llamado al gobierno para que le dé continuidad a la mesa de concertación nacional suspendida en 2017. Hemos hecho la petición constante de reanudar este proceso de diálogo, sin obtener una respuesta positiva a la fecha”.

En el operativo en el Parque Nacional Natural Los Picachos, la presencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (Esmad) molestó a los campesinos, quienes publicaron videos e imágenes de agredidos y gases lacrimógenos. Video enviado por Asojuntas La Macarena.

César Jerez, vocero de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, dijo que el operativo fue un acto publicitario de la Fiscalía, Parques Nacionales y el Ministerio de Defensa, para generar una sensación de control en la opinión pública. “Fue un ataque desproporcionado, que habrá costado miles de millones de pesos. Ese dinero pudo invertirse en soluciones como una política pública para trabajar con los campesinos”.

Jerez denuncia que ya no hay diálogo con el gobierno. “Llevamos seis años trabajando con el gobierno en una mesa nacional de concertación, pero Parques Nacionales decidió no asistir más. Estas medidas no atienden a la dinámica establecida con parques el año pasado, que consistía en buscar soluciones de política pública al conflicto entre campesinos y áreas protegidas. Esto cierra el escenario del diálogo y la concertación”.

La comunidad de la zona cuenta con propuestas sobre la mesa aún sin firmar, como la posibilidad de tener parques con campesinos a través de acuerdos de usos sostenibles. “Si hay parques con indígenas y comunidades negras, por qué no hacerlo con la gente campesina. Pero no hay voluntad política para avanzar en una eventual solución, solo negligencia, ineptitud y medidas de fuerzas y violencia”, dijo.

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La Corporación para el Fomento del Ecoturismo Comunitario en La Macarena catalogó al operativo como una acción de represión, guerra sicológica y violación a los derechos humanos de las comunidades campesinas de Los Picachos.

“Con esta irresponsable actitud torpedean las instancias de diálogo y negociación que desde tiempo atrás realizan las organizaciones campesinas y autoridades ambientales. Aferrarse a una normatividad ambiental no contribuye a la construcción de la paz territorial, solo incentiva los conflictos socioambientales que generan violencia, dando tratamiento de guerra a las comunidades campesinas. Exigimos cesar los operativos que ponen en riesgo la vida e integridad de los campesinos y reactivar la mesa de interlocución”.

Por último, la Asociación Municipal de Colonos del Pato (AMCOP) mostró su solidarización con los habitantes de las veredas el Guaduas, Platanillo y Cerrito en San Vicente, y considera desproporcionado el uso de la fuerza pública y la Fiscalía contra los campesinos.

“La comunidad viene reclamando desde hace mucho tiempo una solución concertada a su problema. Vivir dentro del parque no fue su intención, sino la consecuencia de la nula atención del Estado en solucionar el problema agrario que vive el país. El Estado colombiano y sus instituciones de control no pueden desconocer el esfuerzo de estas comunidades y su voluntad de diálogo a través de la mesa nacional. Hay que parar inmediatamente los hostigamientos y persecuciones”.

“Operativos deben continuar”

Humberto Sánchez, Alcalde de San Vicente del Caguán, manifestó su apoyo a la operación, la cual busca proteger al parque Los Picachos, que goza de especial protección. “Muchas personas viven allí dedicándose a la actividad ganadera. Parques Nacionales ha firmado acuerdos de no deforestación, pero lo siguen haciendo. Esto tiene sus raíces a la falta de presencia del Estado en la zona, lo que conlleva a que la gente llegue al territorio pensando que nunca lo van a recuperar”.

Los habitantes del parque conocen de antemano que deben retirarse del área protegida. Sin embargo, el Alcalde recalca que hay que diferenciar a los campesinos que talan pocas extensiones con los grandes terratenientes con más de cinco fincas de más de 1.000 hectáreas deforestadas y 1.700 cabezas de ganado.

Precisó que antes de los operativos y las acciones represivas, el gobierno debió reiterar, socializar y advertirle a la comunidad que debían sacar su ganados e irse. “Hay que hacer las cosas con calma, mesas de concertación con la Agencia Nacional de Tierras y el gobierno. Los mandatarios no podemos destinar tierras y reubicarlos”.

Cerca de 100 personas marcharon por las calles de San Vicente del Caguán el día del operativo en rechazo de las acciones de control en el Parque Nacional Natural Los Picachos. Video enviado por Asojuntas La Macarena.

Para el mandatario, los operativos deben continuar. “La Fiscalía tiene que seguir con estas acciones para controlar la deforestación en San Vicente del Caguán. Invito a los ambientalistas y a los que protestan en contra de la petroleras y otras circunstancias para que vuelquen su mirada hacia el municipio y hagan manifestaciones para proteger la zona”.

Sánchez tiene conocimiento de la presencia de disidencias de las FARC en la zona, tanto en la parte del Parque Tinigüa como en el sector sur de San Vicente, por Camuya, donde hay rumores del accionar del brazo armado de las FARC.

Por dónde empezar

Rodrigo Botero, Director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, quien ha realizado sobrevuelos recientes por los parques Tinigüa, Macarena y Chiribiquete, destacó que saliera a la luz la ruta de ganado entre San Vicente, Los Picachos y Acacías, ya que demuestra que en la zona hay un movimiento grande de ganado y que es considerado como un sitio para iniciar la actividad pecuaria.

Pero llamó la atención sobre el hecho de que los mayores sitios de apropiación de tierra en la zona empiezan en la Reserva Campesina del Guaviare, al oriente de los parques nacionales de Tinigüa y Picachos; en los resguardos Nukak y Yaguará, a unos 100 kilómetros de Picachos, y, recientemente, al interior del Parque Nacional Natural y Patrimonio de la Humanidad Serranía de Chiribiquete y su zona amortiguadora en las regiones de Yarí y Camuya.

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Hay que empezar por quienes les quitan la tierra a los campesinos, a los indígenas en los resguardos, a los parques nacionales y a la Nación (baldíos) en la reserva forestal de la Amazonia. Ese debería ser el orden de los operativos”, dijo Botero.

El investigador también dijo que si se hacen operativos o acciones de recuperación de predios por control de nuevas deforestaciones, esas estrategias deben ir paralelas a las de resolución de conflicto, de aplicación de la ley y de formalización de la propiedad.
Finalmente dijo que sería interesante que la Fiscalía hiciera ponderación de delitos.

Es decir, arrancar por los impactos, no tanto en términos ecosistémicos como poblacionales, de lo que ha sido el proceso de acaparamiento que conlleva a la deforestación.
  

*Este es un producto periodístico de la Gran Alianza contra la Deforestación. Una iniciativa del Gobierno de Noruega, la Fundación Semana y el MADS que promueve el interés y seguimiento de la opinión pública nacional y local sobre la problemática de la deforestación y las acciones para controlarla y disminuirla.