Las acciones con miras a frenar la posibilidad de que en el país se adelanten proyectos piloto para realizar fracking no se detienen. Más se demoró el gobierno en expedir el decreto 328 que define los lineamientos bajo los cuales se puede realizar exploración con fines investigativos, que se empezaran a conocer actos para tratar de frenar esta iniciativa. 

Este viernes un grupo de representantes a la Cámara radicaron ante el Consejo de Estado una demanda buscando que se anule el mencionado decreto, por considerar que viola una serie de normas definidas en la Constitución Nacional, mientras representantes de la Alianza Colombia Libre de Frackng también anunciaron acciones jurídicas y además argumentaron que estos proyectos no cuentan con licencias sociales.

La acción judicial interpuesta por Katherine Miranda y César Ortiz, de la Alianza Verde, y César Pachón, del Mais, argumenta que la normatividad expedida por el Ejecutivo vulnera algunos artículos de la Constitución Política. Por el ejemplo, el 8, que dice que el Estado y las personas tienen la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la nación y el 79 que indica  que todos tienen derecho a gozar de un ambiente sano y el Estado debe garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla. 

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Sin embargo, no son los únicos. También se plantea que con el mencionado decreto se viola el artículo 80, en el que se define que el Estado deberá planificar el manejo y aprovechamiento de sus recursos naturales, y prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental y el 334 que explica que la economía intervendrá en la explotación de los recursos naturales para conseguir sostenibilidad fiscal con el fin del mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, la distribución equitativa de las oportunidades, los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.

Ausencia de licencia social

Mientras los congresistas radicaban su demanda en Bogotá, en Barrancabermeja representantes de la Alianza Colombia Libre de Fracking también anunciaron que se encuentran estudiando el decreto para interponer las acciones jurídicas en las instancias que se requieran, pues aseguran que no se quedarán quietos frente a la posibilidad de que el gobierno termine ejecutando esta iniciativa.

De igual forma, en el marco de la Semana por la defensa del agua y la vida del Magdalena Medio, que se desarrolla en Barrancabermeja y Puerto Wilches en Santander, y San Martín en el Cesar, lugares en donde se desarrollarían los mencionados proyectos, la Alianza Colombia Libre de Fracking denunció la ausencia de licencia social para su desarrollo.

Amarilys Llanos, representante del departamento del Cesar, dijo que "en el decreto no se menciona la licencia social, condición establecida por el Consejo de Estado. El gobierno pretende imponer los pilotos por encima de nuestra voluntad haciendo oídos sordos a la oposición de las comunidades que defendemos el territorio".

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Por su parte, Liliana Echaverry, del municipio de Pueto Boyacá, afirmó que en 100 años de actividades, la industria petrolera solo les ha dejado pasivos ambientales, problemas de salud y promesas incumplidas, pues, en su concepto, el desarrollo nunca llegó a la región, y menos ahora con los proyectos de exploración no convencionales.

Por esta razón, estos líderes están convocando a un Paro Nacional Ambiental que se desarrollaría entre el 2 y 5l de junio. "En más de 300 municipios del país saldremos a las calles a demostrarle al gobierno que los colombianos no queremos ni aceptamos el fracking y que no tienen licencia social para destruir el Magdalena Medio", manifestó Hector David Suárez del municipio de Sabana de Torres, Santander.

Así las cosas, es claro que el gobierno no la tendrá fácil para sacar avante esta iniciativa, pues no son pocos los opositores a los que le han ido apareciendo en el camino.