Así se invertirán los 366 millones de dólares que donarán Noruega, Alemania y el Reino Unido

Durante 2019 el gobierno colombiano fue duramente criticado por los sectores ambientalistas. La meta de deforestación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 – 2022 -la hoja de ruta que establece los objetivos de gobierno, que determina los programas, inversiones y metas para el cuatrienio- era considerada “poco ambiciosa”.

El PND planteaba un incremento cero en la tasa de deforestación. En otras palabras, esto significa que la tasa anual no subiría pero tampoco bajaría. El gobierno nacional estaría tolerando una pérdida de bosque de cerca de 220 000 hectáreas al año, es decir, cerca de 900 000 hectáreas en el cuatrienio.

Sin embargo, a finales del año pasado Colombia firmó un documento, conocido como Declaración Conjunta de Intención, con los gobiernos de Noruega, Alemania y Reino Unido en el que se comprometió a una meta de deforestación de 155.000 hectáreas para 2022 y de 100.000 para 2025, gracias a un apoyo de 366 millones de dólares por parte de estos tres países. Además, las metas en cantidad de hectáreas protegidas y gestión de bosques y territorios también cambiaron.

El pago de este dinero estará sujeto a los resultados que Colombia muestre en la reducción de emisiones de carbono provenientes de la deforestación y de los esfuerzos que haga para cumplir ese máximo objetivo. ¿Qué acciones se tomarán y en qué áreas se trabajará?

Reducir la deforestación: objetivo inmediato

Según el último reporte oficial del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la deforestación se ubicó en 197.159 hectáreas durante 2018, donde la Amazonía concentró el 70 por ciento de la pérdida de bosques. A pesar de los obstáculos que enfrenta el país para atacar este problema -entre los que se cuentan el acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva, la falta de control territorial y los conflictos con grupos armados ilegales y de narcotráfico- la tasa de deforestación se redujo en un 10 % respecto a la de 2017 (219 973 hectáreas).

Esta fue una de las principales razones para que Noruega, Alemania y Reino Unido renovaran la Declaración que se había firmado por primera vez en 2015 durante la COP 21 en París. En el documento se establece que el principal objetivo de la alianza es “contribuir a la reducción significativa de emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la deforestación y degradación de los bosques en Colombia”.

“Cuando se firmó la declaración se eligió a Colombia país socio porque todavía tiene mucho de su bosque tropical intacto y hubo buena recepción del gobierno y por parte de la sociedad civil en trabajar con nosotros en su conservación”, le dice Ole Reidar Bergum, consejero para el Clima y Bosques de la Embajada de Noruega en Colombia, a Mongabay Latam.

Según la declaración, se tiene la intención de poner fin a la pérdida de bosques naturales para 2030. Bergum asegura que cumplir con las nuevas metas no será para nada fácil, pero está convencido que Colombia va por buen camino y espera que la ayuda, no solo financiera sino política, técnica y científica, que pueden brindar los tres países cooperantes, permitirá alcanzar el ambicioso objetivo.

“Este proceso de negociación comenzó la segunda mitad del año pasado. Como donantes dejamos muy claro que queríamos apoyar las ambiciones de Colombia con la firma de una nueva declaración conjunta pero para firmarla solicitamos al Gobierno subir el nivel de ambición, no solo de la meta de deforestación, sino de otras metas que también son más ambiciosas que las que ya existían”, dice Bergum.

La ministra de Ambiente de Alemania, Svenja Schulze, asegura que los países donantes están unidos en los esfuerzos para reducir la creciente presión de los bosques y que la Declaración Conjunta “demuestra los compromisos de nuestras naciones para impulsar acciones climáticas ambiciosas. Estamos convencidos que las economías prósperas y los ecosistemas saludables son interdependientes”.

Así serán los pagos

El apoyo de los tres gobiernos forma parte de un clásico esquema de pago por resultados, que en este caso tiene dos modalidades. En la primera se destinan pagos para que Colombia establezca los mecanismos para preparar al país para las acciones concretas que permitan la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, más una serie de intervenciones concretas en territorio en materia de restauración, pago por servicios ambientales, hectáreas bajo sistemas de ganadería sostenible, catastro e incorporación de áreas adicionales al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La segunda es el pago por la reducción real de emisiones, verificada por una tercera parte, donde el país puede recibir hasta 260 millones de dólares.

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Noruega, Reino Unido, Alemania y Colombia, según confirmaron fuentes de los países cooperantes, tendrán reuniones en el primer trimestre de este año, en las que fijarán los hitos, o metas más pequeñas que permitan medir el avance anual de las acciones que se establezcan para reducir las emisiones. El alcance de esos hitos representará pagos por hasta 51 millones de dólares y, adicionalmente se apoyará, con 55 millones de dólares, los proyectos dirigidos al logro de los objetivos de Colombia.

En caso de que Colombia no cumpla con los compromisos establecidos en la Declaración Conjunta de Intención, los países donantes no pagarán. “Nos vamos a sentar con el gobierno a determinar unos hitos de cumplimiento que serán anuales. Por citar solo un ejemplo, es importante la actualización catastral de un millón de hectáreas. Basados en esos cumplimientos anuales haremos pagos”, dice Bergum.

Además de las reuniones anuales, constantemente representantes de los cuatro gobiernos estarán en comunicación para analizar cómo se avanza y si se requieren medidas adicionales. Colombia además deberá entregar, hasta 2025, informes anuales sobre cómo va la implementación de los objetivos.

Trabajo inmediato en los núcleos de deforestación

Si bien la reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero es el fin último de la cooperación, la ayuda de 366 millones de dólares no solo se enfoca en frenar la deforestación para lograr dicha reducción.

Una de las metas más próximas es que este año se deben implementar y desarrollar planes estratégicos de intervención integral en al menos tres áreas de alta deforestación.

El ministro de Ambiente de Colombia, Ricardo Lozano, indicó que el país continuará fortaleciendo su capacidad para reducir las tendencias de deforestación a nivel local, fomentando los beneficios sociales y económicos. Los núcleos de deforestación son una preocupación para los cooperantes y uno de los primeros temas que se deben trabajar desde este año, según la Declaración Conjunta.

Bergum afirma que adicionalmente a lo que está estipulado en la declaración, la intención de Noruega en particular es apoyar a determinados departamentos y municipios con alta deforestación con asesoría y expertos técnicos. Cabe recordar que, según el informe de deforestación 2018 del Ideam, municipios amazónicos como La Macarena, San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y San José del Guaviare se encuentran entre los más deforestados.

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Uno de los objetivos de este tipo de apoyo técnico es que estos departamentos y municipios puedan incluir en sus planes de desarrollo fuertes elementos de lucha contra la deforestación y desarrollo sostenible. “Los municipios que presentan alta deforestación por lo general no tienen muchos recursos para priorizar esos ejes de trabajo y, justamente, por eso queremos impulsarlos”, dice.

Como un 70 por ciento de la deforestación de 2018 se localizó en el bioma amazónico, donde también está ubicada la mayor parte del bosque tropical de Colombia, esas zonas son el principal foco de la cooperación. Sin embargo, dice Bergum, eso no quiere decir que se excluyan otras regiones importantes como el Pacífico y Catatumbo.

“Si se miran los boletines de alertas tempranas del Ideam se ve que, en los dos últimos, ya no aparece ningún núcleo rojo [el más fuerte] en la Amazonía. Eso nos permite ver que vamos por el camino correcto pero no bajaremos la guardia y seguiremos con las intervenciones”, asegura María Claudia García, viceministra de Políticas y Normalización Ambiental del Ministerio de Ambiente

 Actualización catastral y más áreas protegidas

Uno de los temas de mayor urgencia es la necesidad de una actualización catastral, en especial para los predios de la Amazonía. Así se lo ha manifestado varias veces Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) a Mongabay Latam. De hecho, el tema forma parte de uno de los objetivos de la Declaración Conjunta, donde se plantea que “para 2025, se desarrollará la formación y actualización catastral en al menos 1 millón de hectáreas en zonas de alta deforestación”.

La viceministra García asegura que el catastro multiporopósito -un sistema de información que registra datos actualizados de la tierra, basado en predios formales e informales- es una de las apuestas más grandes e importantes para el Gobierno que implica transformaciones en el mediano y largo plazo. “La meta es pasar de un 5 por ciento a un 60 por ciento de predios con información. La claridad en la propiedad, responsabilidad y uso del territorio es una de las principales herramientas para reducir la deforestación porque gran parte de esta se genera por especulación con la tierra, sobre todo en la región amazónica”, comenta.

Se espera que este año quede listo el catastro. El gobierno piensa usar parte de los pagos para avanzar, principalmente, en los núcleos de deforestación de la Amazonía en los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare.

Aunque algunos sectores han dicho que la política de catastro permitirá el aprovechamiento desmedido de la región amazónica, la viceministra García lo niega categóricamente. Asegura que se busca fortalecer y aplicar la normatividad, establecer los predios que son para aprovechamiento sostenible, los de preservación y los de restauración. “Que se tengan unas reglas de juego claras. Es muy difícil tomar una decisión de desarrollo cuando no conoces la situación física y jurídica del 90 por ciento del territorio”, dice.

La Declaración Conjunta también establece que para 2022 se incorporarán 750.000 hectáreas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Desde el Ministerio de Ambiente aseguran estar trabajando en esta meta, incluso desde antes de la firma de este acuerdo.

La viceministra García resalta el avance, a nivel nacional, en la declaratoria de la Serranía de San Lucas entre los departamentos de Bolívar y Antioquia; la serranía de Manacacías en el Meta; un área de sabanas inundables en Arauca y la ampliación del Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona. A nivel regional se trabaja en la serranía del Perijá y en otra área en la transición Andes – Amazonía.  “Se focalizan nuevas áreas protegidas en donde hay ecosistemas no representados o subrepresentados”, dice García.

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Otras de las metas que se fijaron en el acuerdo entre Colombia, Alemania, Reino Unido y Noruega son: 195.000 hectáreas adicionales bajo pago por servicios ambientales, incluyendo aquellas que estén en territorios de grupos étnicos; procesos de restauración en 200 000 hectáreas de alta deforestación y, 147 000 hectáreas adicionales bajo sistemas de ganadería sostenible y cero deforestación.

“Si esto marcha bien hasta 2025, queremos continuar la cooperación. A pesar de las dificultades que atraviesa Colombia, vemos un país que está produciendo resultados y donde hay una fuerte sociedad civil y un gobierno comprometido con este tema”, afirma Ole Reidar Bergum de la embajada de Noruega en Colombia.

Este artículo fue tomado en su versión original de Mongabay Latam: https://es.mongabay.com/2020/01/cooperacion-en-medio-ambiente-366-millones-dolares-colombia/