Por generar afectaciones al recurso de agua y suelo, técnicos de la Corporación Regional de Cundinamarca (CAR), impusieron medidas preventivas consistentes en la suspensión de actividades de extracción y explotación de carbón en la mina del predio La Argentina, en la vereda Páramo Bajo, en Tausa; y a la Empresa Productora y Comercializara de Agregados (Epycas), ubicada en zona rural de la población de Carmen de Carupa.

En el primer caso, la CAR suspendió las actividades de producción en la bocamina, teniendo en cuenta que las mismas se están desarrollando en un ecosistema de páramo. Según la entidad, se está teneiendo en cuenta la Sentencia C-035 de 2016 de la Corte Constitucional, según la cual está prohibida la exploración o explotación de recursos naturales no renovables en este tipo de ecosistemas. La mina, dedicada a la extración de carbón y piedra, está ubicada en la vereda Páramo Bajo en Tausa, a 3.212 metros sobre el nivel del mar.

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De acuerdo con información dada a conocer por la CAR, en el área de la mina predomina vegetación nativa característica de la ronda de la quebrada Las Minas, la cual ha sido desplazada en las áreas intervenidas por la infraestructura minera, afectando el área de reserva forestal protectora. Esta quebrada discurre sus aguas al río Sigatoque y éste a su vez al embalse del Neusa.

Según el informe técnico, el paisaje se encuentra altamente intervenido por la acción de la minería, se observa contraste negativo entre el paisaje del área de la reserva forestal protectora, quebrada Las Minas y la infraestructura minera.

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“Aunque la bocamina no se encuentra dentro del área delimitada por el Páramo de Guerrero, las labores mineras se están realizando dentro de este ecosistema y se siguen proyectando los avances dentro de dicha área, la cual se encuentra delimitada mediante resolución1769 del 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”, informó la entidad ambiental. 

Por su parte, en lo que hace referencia a la compañía Epycas, la entidad ambiental decidió suspenderle las actividades de extracción de gravillas y otros materiales de construcción, adelantadas dentro de la franja de amortiguación ambiental, que corresponde a 500 metros entre el casco urbano del municipio y el área de explotación, lo que implica la ampliación del límite permitido para la cota establecida en la licencia ambiental.