El inminente retorno de la aspersión aérea con la puesta en marcha de la política antidrogas del presidente Iván Duque, ha generado todo tipo de reacciones. 

El sector ambiental es el más crítico sobre esta iniciativa. Los impactos a los ecosistemas y a la salud humana que la fumigación puede acarrear son la punta de lanza de los detractores de esta medida, pese a que el gobierno nacional aún no ha especificado qué clase de químico utilizaría para erradicar los cultivos ilícitos. 

Mónica Castaño, quien ha venido trabajando desde hace varios años en este tema, considera que la aspersión aérea con cualquier químico no es la vía correcta para terminar con el problema de las drogas en el país. 

"A lo que debe apuntar el gobierno, que es en gran parte uno de los logros del proceso de paz, es a generar un desarrollo alternativo para las comunidades rurales", indica Castaño.

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La profesional cree que las personas toman la decisión de sembrar cultivos ilícitos por razones estrictamente de supervivencia. "Lamentablemente en muchas zonas del país los cultivos ilícitos son la única forma que encuentra la gente para generar ingresos económicos. Si no se ataca la raíz del problema, con el acceso a las oportunidades, pues esta misma problemática va a seguir existiendo, y contaminar la tierra con químicos no es una solución, por el contrario, va a empeorar la situación", afirma. 

Castaño piensa que encontrar algún tipo de químico que no sea dañino para los humanos y el medio ambiente es prácticamente imposible. "Obligar a la gente a dejar este tipo de prácticas no va a resolver el problema, además la aspersión aérea siempre generará consecuencias", apunta.  

Opinión que comparte Manuel Rodríguez, el exministro de Medio Ambiente, para quien todo agroquímico tiene efectos tóxicos, bien sea moderados o altos. "No hay agroquímicos que no tengan un efecto de tipo negativo sobre el medio ambiente", dijo.  

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El exfuncionario considera que el problema de la aspersión radica con frecuencia en la altura de las avionetas, pues -según él- no solo se fumiga el cultivo de coca como tal. "El químico deriva la mayoría de veces hacia fuentes de agua y otros sembradíos que pueden terminar afectando la flora y fauna silvestre", expresa.

Para este profesor universitario existe una doble moral frente al tema del glifosato, herbicida que podría llegar ser utilizado en la política antidrogas. 

"En la agricultura intensiva colombiana, así como en la convencional, este es uno de los agroquímicos más utilizados para controlar las pestes o plagas vegetales o los insectos y no está prohibido, entonces ¿por qué se utilizan los mismos estándares de prohibición que para la erradición de los cultivos ilícitos?", resalta. 

Rodríguez indica que siempre se ha dicho que el glifosato es un tóxico moderado y por eso no ha sido prohibido totalmente, pero se debe abrir el debate sobre su descontrolado uso en la agricultura


Se estima que 180.000 familias en Colombia trabajan con cultivos ilícitos, de las cuales cerca de 54.000 se han acogido el programa de sustitución, según la fundación Ideas para la Paz.

De otro lado, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) había dado a conocer en septiembre de este año su preocupación luego de conocer que el gobierno pretendía retomar la aspersión aérea, muy probablemente con glifosato. 

“La Agencia Internacional del Cáncer clasifica al glifosato en circunstancias similares o menos comprometedoras como la que se está planteando con la aspersión focal, riesgos que ya están demostrados en estudios experimentales en animales, incompletos e ilimitados en relación a efectos sobre humanos.”, afirmó César Burgos, presidente de esa entidad, quien agregó que el uso del glifosato en condiciones de no protección y sin medidas preventivas, podía llegar a producir daño a la salud humana. 

Entre tanto, el glifosato fue clasificado como “probablemente cancerígeno para los humanos”, tras una reunión de expertos de la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC) –que hace parte de la  Organización Mundial de la Salud (OMS) –, cuyos resultados fueron publicados el 20 de marzo de 2015 en la revista científica The Lancet Oncology.

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Luego de la evaluación del informe, y en cumplimiento de un fallo de la Corte Constitucional que determinó la aplicación del principio de precaución en caso de que no se encontrara una conclusión definitiva sobre la inexistencia de riesgos derivados del uso de este químico, en octubre de 2015 el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, dirigido en ese entonces por Alejandro Gaviria Uribe, determinó suspender las aspersiones aéreas con glifosato. 

Hasta ahora los intentos por reiniciar las fumigaciones de los cultivos de coca habían sido infructuosos, sin embargo, el ‘guiño‘ realizado por el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, al igual que el aumento de áreas sembradas en el país y la cifra de policías y militares heridos o muertos por minas antipersona en la erradicación manual, le sirvieron al gobierno para plantear nuevamente la aspersión aérea como alternativa. 

"El uso del glifosato no está prohibido en Colombia ni en el mundo. En la discusión del uso terrestre se ha podido determinar que este herbicida con precaución se puede utilizar para esta lucha contra el narcotráfico", manifestó Uribe.

Será una tarea difícil 

El gobierno no la tendrá tan fácil. Para lograr su cometido deberá cumplir una serie de condiciones que estableció la Corte Constitucional, a través de una sentencia proferida en mayo del año pasado a favor de la comunidad del municipio de Novita (Chocó), entre las que se encuentran: 

  • 1. La realización de estudios científicos independientes, realizados por expertos, en los que se establezcan que no existen daños con esa sustancia ni para la salud humana ni para el medio ambiente. 
  • 2. Debe existir una regulación muy clara, con unos protocolos establecidos, diseñada por un órgano diferente a las entidades que van a fumigar. 
  • 3. La Corte recomienda que dicha regulación se convierta en ley, de tal suerte que no pueda ser violada. Esto también permitiría blindarla. Así las cosas, sería necesario presentar un proyecto de ley ante el Congreso
  • 4. En los territorios en donde habiten comunidades indígenas o afrodescendientes es necesario la realización de consulta previa. En caso de que no hayan acuerdo, el Consejo Nacional de Estupefacientes podrá adoptar la decisión, pero garantizando que haya algún tipo de retribución para las comunidades en caso de registrase afectaciones. 
  • 5. Adicionalmente, se deben efectuar monitoreos constantes y alertas sobre nuevos o posibles riesgos por el uso del herbicida. 

Se conoce que la Corte Constitucional ya tiene programada para mediados de febrero de 2019, una audiencia pública para escuchar al Gobierno sobre la evidencia científica que ya tendría y con la que demostraría que el uso del glifosato para erradicar los cultivos ilícitos no afecta a la salud humana y el medio ambiente.

De otro lado, desde la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) señalaron que la política de fumigación que se quiere volver a implementar en el país va en contravía del Acuerdo de Paz.