Un total de 36 hallazgos disciplinarios y siete de carácter penal encontró la Contraloría General de la Nación, tras una auditoría de cumplimiento a los procesos de licenciamiento ambiental de los proyectos de minería de carbón en la zona centro del departamento de Cesar.

Para el organismo de control, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar) registraron marcadas debilidades en el cumplimiento de sus funciones de seguimiento, vigilancia y control, así como en su labor de autoridad para el licenciamiento y aplicación de los instrumentos ambientales.

Luego de analizar la gestión adelantada por estas dos entidades desde febrero del presente año, la Contraloría señaló que no se cumplió con el rigor necesario en todos los aspectos y de acuerdo a la normatividad vigente.

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“Esta situación genera riesgos o afectaciones a los recursos naturales y el medio ambiente, con los consecuentes impactos acumulativos, al no realizar en forma oportuna los seguimientos a los proyectos de minería de carbón en la zona objeto de análisis”, aseguró en organismo en el informe.

Según el ente fiscal la falta de control generó que no se pudieran implementar medidas para disminuir los impactos ambientales por el desarrollo de los proyectos adelantados por las empresas mineras asentadas en la zona.

La auditoría además reveló que se encontraron deficiencias y debilidades en la aplicación del deber de punición que consagra la Constitución Política Colombiana en su Artículo 80, frente a los posibles daños ambientales.

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Asimismo, halló debilidades en la evaluación, seguimiento y control a los permisos y licencias ambientales otorgados a las compañías por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Frente a las compensaciones ambientales adelantadas por las empresas titulares, el informe señaló que existieron debilidades en el trámite de solicitudes realizadas para la implementación de medidas de compensación, y en el seguimiento y control por parte de Anla para asegurar y garantizar el cumplimiento de los requerimientos legales y técnicos que se imponen como medidas compensatorias.

“No son visibles las acciones que favorezcan de manera eficiente y efectiva la recuperación de la cobertura vegetal, de los servicios eco-sistémicos prestados, y el mejoramiento de las condiciones de los ecosistemas afectados”, dice el documento.

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La auditoría también indicó que después de más de dos décadas de explotación minera en esa región, dichos organismos no tienen certeza del aporte de contaminantes de los proyectos mineros sobre los receptores, ni las afectaciones sobre la salud de los pobladores, además resaltó la Contraloría que tampoco existe información sobre los cambios en el recurso hídrico producto de la explotación minera ni bases que permitan establecer la pérdida de biodiversidad.

Para el ente de control esto marca una tendencia en contra de la adecuada administración y protección de los recursos naturales y del ambiente.

Si esto se suma las presuntas demoras injustificadas en procesos sancionatorios y las inconsistencias en trámites administrativos, las entidades implicadas podrían encontrarse en serios problemas, pues, al parecer, algunos procesos tienen más de siete años de inactividad.

Ahora la Fiscalía General de la Nación también entrará a intervenir.