Luego de un arduo proceso de análisis de criminalidad, la Fiscalía General de la Nación estableció que en la cuenca amazónica colombiana operan estructuras residuales disidentes de las desmovilizadas Farc (frentes 1, 7, 14, 62, 16, 40 y 48), el grupo criminal denominado Los Puntilleros y algunas bandas narcotraficantes que coordinan la cadena de producción de estupefacientes, que se enfocaron en cuatro actividades que están exterminando los bosques.

Estos grupos ilegales, de acuerdo con la Fiscalía, se dedican a:

  1. Acaparamiento de tierras. Tala y quema de bosques para ampliar la frontera agrícola, tomar posesión de grandes extensiones para la cría de ganado y construir vías terciarias para elevar exponencialmente el valor de las tierras.
  1. Tráfico de madera. Organizaciones delincuenciales promueven y financian la tala indiscriminada de árboles maderables, coordinan el traslado fluvial o terrestre y transforman la madera en aserraderos clandestinos para su venta nacional e internacional.
  1. Minería ilegal. Actividad que, además de devastar amplias hectáreas de bosque en la Amazonía, ha contaminado fuentes hídricas y la diversidad de ecosistemas, en la búsqueda de oro y otros minerales para su comercialización clandestina y salida del país.
  1. Narcotráfico. Deforestación agresiva y preparación del terreno para la siembra de coca, extracción de la hoja y su procesamiento. 

Refuerzo de la estrategia 


“La acelerada deforestación en el sur y oriente del país, que aumentó 23 por ciento en el último año y alcanzó cifras preocupantes de pérdida de vegetación en zonas de reserva y 
especial protección, motivaron la definición de una nueva estrategia para perseguir a las organizaciones criminales que están devorando las mayores reservas forestales de Colombia y el mundo”, señaló la Fiscalía a través de un comunicado de prensa.

Para tal fin, el ente investigador expidió tres resoluciones que permitirán enfocar  esfuerzos investigativos y operativos para intervenir áreas afectadas por la deforestación en Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Guainía, Vaupés y Meta.

Los ocho fiscales especializados en tema ambientales trabajarán en coordinación con peritos, un grupo de policía judicial del CTI de la Fiscalía y personal de diferentes unidades de la Policía Nacional, para identificar las estructuras que han arrasado algo más de 144.147 hectáreas de vegetación en la región de la Amazonía (según informe de alertas tempranas del Ideam), recopilará evidencia física y material de prueba, y trabajará en la captura y efectiva judicialización de los responsables.

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“Asimismo, existirá un equipo humano conformado por cinco direcciones de la Fiscalía (contra las violaciones a los Derechos Humano, contra la Criminalidad Organizada, contra el narcotráfico, contra la Corrupción, y Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis a la Criminalidad), que permitirá articular conocimiento y capacidades para enfrentar con precisión cada uno de los fenómenos criminales vinculados a la deforestación”, indicó el comunicado. 

Durante 2018 la Fiscalía General de la Nación ha capturado por este delito a 31 personas, de las cuales 29 han sido judicializadas y existe prioridad sobre 170 casos de este tipo en el territorio nacional.