Un compromiso conjunto entre el Gobierno, la Andi, Fenalco, el Congreso y Ecopetrol, se estableció para trabajar de forma articulada en la implementación de las leyes que apuntan a mejorar la calidad del aire y que fueron aprobadas a finales de la pasada legislatura. 

Se trata de la Ley 1972 que establece una senda para la reducción de emisiones de motocicletas, camiones y buses a diesel y la 1964 que estimula la transición hacia el uso de vehículos eléctricos, las dos encaminadas a reducir los niveles de contaminación que tantas enfermedades y muertes causan en el país cada año. 

Datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), indican que al año se registran 17.000 muertes originadas por enfermedades relacionadas o derivadas de la contaminación y que el costo fiscal por esta situación asciende a $20 billones. 

La senadora, Angélica Lozano, precisó que hoy en el país el nivel de partículas por millón es de 30 y con la Ley 1972 se genera la obligación que para 2023 este indicador llegue a la mitad y en 2025 reducirlo a 10; propósito en el que viene trabajando Ecopetrol.

Otro de los aspectos que contempla la normativa, es que para 2023 todos los vehículos que se vendan en el país, sean ensamblados localmente o importados, tienen que tener el estándar Euro VI, mientras que las motocicletas lo deben hacer antes de 2021. 

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Adicionalmente, para el año 2035 todo el parque automotor que circula en el país tiene que estar adaptado al estándar Euro VI o su equivalente y el Gobierno debe implementar mecanismos de verificación de cumplimiento para todos los vehículos tanto de carga como de pasajeros. 

En esta norma se establece, además, que este no es un tema que le corresponda únicamente al Ministerio de Medio Ambiente, sino que debe ser integral pues en todas las ciudades y municipios del país hay afectación por la contaminación, por lo que es necesario aunar esfuerzos con los Ministerios de Hacienda y de Salud, además de la ciudadanía.

Otro aspecto clave que determina esta Ley, es que en el año 2030, el 20% de toda la flota del transporte público debe ser de cero emisiones, es decir, vehículos eléctricos. Esto implica incentivos en la investigación pues, según la norma, también se deben generar los espacios para que la academia, los investigadores, junto con la industria trabajen en innovación y desarrollo, de la mano de las instituciones públicas.

En esta línea, tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como el de Salud y Protección Social, trabajarán para fomentar la participación de la academia y el sector privado, para propiciar la investigación y la generación de alternativas para reducir las emisiones contaminantes, prevenir sus efectos en la salud y mejorar la calidad del aire.

Al respecto, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, dijo que en el marco de dicha norma, la compañía ha venido trabajando para apuntarle a que para el primero de enero de 2023 el diésel tenga 15 partes por millón de azufre y que dos años después, en 2025, este nivel se reduzca a 10 partes por millón. 

Promoción del uso de vehículos eléctricos

La ley de promoción del uso de vehículos eléctricos, entre tanto, tiene como fin generar incentivos y beneficios, tales como: la deducción al impuesto de vehículos, el cual no podrá superar en ningún caso el 1% del valor comercial del vehículo, que hoy es 3,5% más alto, generación de descuentos en tarifas para la realización de trámites de registro inicial, la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y en las primas de los seguros SOAT (10%). 

Otro de los aspectos que contempla la Ley es que se destinen al menos el 2% de las plazas de parqueaderos públicos y comerciales para el uso preferencial de vehículos eléctricos. De igual forma, las entidades territoriales podrán implementar tarifas diferenciadas de parqueadero y exenciones tributarias. 

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La norma también genera una exención de las medidas de restricción vehicular para estos vehículos y busca que el gobierno garantice la infraestructura adecuada para la carga o repostaje de este tipo de vehículos.

Frente a este nuevo panorama que tiene como finalidad clara mejorar la calidad del aire, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, dice que todo esto debe ir acompañado de los planes de chatarrización dado que el parque automotor es bastante obsoleto. “Colombia tiene que hacer un trabajo especial porque se hace necesario sacar de las calles y las carreteras esos vehículos con muchos años de uso, para dar espacio a este nuevo parque”.

El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Lozano, explica que estas nuevas leyes vienen  acompañadas de una estrategia de movilidad eléctrica en la que se está trabajando con los ministerios de Transporte y de Minas y Energía, en la cual vienen trabajando y ya está casi lista. Esta estrategia recoge los lineamientos y obligaciones que tendrá que emprender el gobierno en la reglamentación de estas leyes. 

Manifiesta que en poco tiempo se dará a conocer el inventario de emisión de gases que realizó el Ideam el cual muestra la medición de material particulado en las ciudades.  “La idea es ampliar las estaciones de monitoreo pues se requiere ver qué es lo que está pasando en el país en materia de calidad del aire. Tiene que ver con emisiones fijas y móviles”, asegura. 


Incentivos a la chatarrización

Frente a este panorama, el vicepresidente de Fenalco, Eduardo Visbal, plantea temas que desde este gremio consideran relevantes. Dice que es determinante que se inicie de manera efectiva la ejecución del programa de renovación del parque automotor, pues si bien el gobierno expidió el decreto que establece los requisitos para el ingreso de vehículos de carga superior a 10.500 kilogramos, aún está pendiente la reglamentación que determine los requisitos y el proceso que deberán seguir los propietarios para renovar la flota. 

“Hacemos un llamado al Ministerio de Transporte para que esta norma sea expedida, pues los propietarios de los vehículos de más de 15 y 20 años de uso, están a la espera de esta herramienta para iniciar el proceso de renovación”, manifiesta.  

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De igual forma, indica que se requiere la reglamentación que determine el proceso para la exención de IVA a vehículos de carga y pasajeros establecida en la Ley de Financiamiento, con el fin de incentivar en los transportadores el proceso de renovación. 

Los beneficios de exención del IVA no deben ser solo para pequeños empresarios, sino que también deben cobijar a las grandes flotas porque el efecto en las ciudades es enorme. 

También dice que este tipo de normas no deben ser solo para vehículos eléctricos, sino que los híbridos y los dedicados a gas que generan emisiones más limpias también deben recibir unos incentivos que motiven rápidamente la sustitución de vehículos altamente contaminantes.