El presidente Iván Duque y su gabinete tienen en sus manos decisiones trascendentales frente al sector medioambiental. 

La implementación o no del fracking, el futuro de las consultas populares y los mecanismos de participación ciudadana, la adaptación al cambio climático y detener la deforestación son algunos de los temas gruesos sobre los que tendrá que tomar posición el gobierno nacional.

Más allá de las buenas intenciones y el planteamiento de programas y proyectos, se requieren acciones concretas y efectivas que permitan contrarrestar a corto, mediano y largo plazo los graves problemas que se vienen registrando en este sector.  

"El gobierno debe trabajar en la búsqueda de soluciones que sean incluyentes para manejar el tema de la deforestación. Debe vincular a los territorios, las organizaciones comunitarias y a las autoridades locales y ambientales", indicó Jimena Puyana, oficial de Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud). 

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Para Puyana es necesario que el Estado fije su atención en la contaminación que está generando la minería ilegal sobre los ecosistemas más importantes que tiene el país. De igual forma, cree que que se deben adoptar medidas para contrarrestar el cambio climático. "Colombia es un país altamente vulnerable, pues cuenta con poblaciones en territorios que tienen muchas dificultades para adapatrse al fenómeno y hay que enfocar los esfuerzos en esa zonas", dijo.

También, según la oficial del PNUD, es fundamental fortalecer institucionalmente al Sistema Nacional Ambiental (Sina) en términos presupuestales y de voluntad política.  

Opinión que comparte Diana Vargas, subdirectora de estudios ambientales del Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), para quien urge realizar un esfuerzo transversal integral entre sectores para reducir la deforestación. Además cree que el gobierno debe prestar atención al tema de la calidad del aire, a partir de la reducción de las emisiones atmosféricas.

"Otra tarea en la que debe enfocarse es el de los residuos sólidos, pues los rellenos sanitarios cada vez tienen menos capacidad de recepción de basuras. Ese es un tema que generalmente no vemos, pero en el que sí tenemos rol cada uno de nosotros con nuestra selecciones en términos de consumo", recalcó Vargas. 

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A su turno, el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, estima que es indispensable que el país entienda que el medioambiente debe ser la prioridad de Colombia. "Es necesario que el país comprenda que nuestro patrimonio natural, nuestras coberturas verdes, que el agua y que el empoderamiento social son fundamentales para el desarrollo. Eso es un gran reto", expresó.

El jefe de esa cartera asegura además, que es importante la traducción de la información científica para hacerla accesible a toda la comunidad. "También porque se constituye en un suministro importante para la toma de decisiones locales en los territorios", apuntó.  

Semana Sostenible habló con varios expertos, quienes señalaron cuáles eran los principales desafíos que tendrá el gobierno nacional este año en el sector medioambiental.   

Deforestación

 
Manuel Rodríguez
Exministro de Medio Ambiente 

El gobierno debe retomar el control sobre el territorio. El problema de deforestación masiva que se registra en diferentes regiones del país tiene que ver con un proyecto empresarial de carácter criminal, ya que son grandes capitales los que se están moviendo para talar amplias  extensiones en forma ilegal. 

El Estado debería escoger unas tres áreas estratégicas que pueda controlar como, por ejemplo, Chiribiquete, la Amazonia y el Pacífico. Eso requiere una combinación muy articulada entre los ministerios de Defensa, Interior, Agricultura y Ambiente, así como de la Fiscalía, la Policía y el Ejército, entre otras entidades, en una acción sin precedentes, pues no se puede pretender que el tema de la deforestacion se resuelva en toda la nación de un momento a otro. 

Además se debe dar prioridad a los Parques Naturales Nacionales. En esos sitios no debe existir la deforestación. Se debe entender también que esta no es una responsabilidad solo del Ministerio de Ambiente, pues esa cartera no tiene la capacidad para ello. Se requeire una acción coordinada para identificar y lograr la captura de los líderes deforestadores. 

Fracking


Ernesto Gulh
Miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

El asunto no es si se hace o no fracking en Colombia, yo creo que la cuestión principal es si vamos a seguir incentivando la industria del petróleo o si vamos a hacer la transición energética, buscando fuentes de energía limpia. El gobierno tiene el desafío de embarcarse en la trasición, pues esta es una de las exigencias del Acuerdo de París y nosotros como Nación nos hemos comprometido a reducir la emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% para 2030 y si no empezamos a abandonar la práctica extractivista no lo vamos a lograr.

Este es un tema que el país debe abordar con seriedad y serenidad. En el caso de que el país decida seguir explotando el petróleo tiene la tarea de decidir se abstiene o no de implementar el fracking, una técnica que considero tiene unos impactos ambientales muy poco conocidos y que pueden ser muy graves y amplios sobre todo para el agua y la biodiversidad. El gobierno, al igual que se ha hecho en otros países del mundo, debería hacer uso del principio de precaución en este caso.

Cambio Climático


Isabel Cavelier
Asesora en Mission 2020

Si tuviéramos una sola prioridad en la cual enfocarnos este año debería ser detener la deforestación. Este es el mayor problema que nos aqueja y una de las principales fuentes de emisión de gases efecto invernadero en el país. Además, ésta genera otros problemas asociados que debemos evitar.

También deberíamos priorizar la forma de reducir significativamente las emisiones del sector transporte. Este tiene la tasa de crecimiento de emisiones más grande. Si lográramos reducir estas emisiones tendríamos una cantidad de cobeneficios importantes en materia de salud para la ciudadanía. En este momento la crisis de calidad del aire es evidente -y con esa solución podríamos resolver, no solamente, el cambio climático sino también los problemas de salud asociados a sus emisiones-.

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Otra tarea importante, también para este año es el tema de los incentivos para reducir emisiones. Claramente hubo un avance en años anteriores con la creación del impuesto al carbono, pero nos queda faltando parte de la tarea. Por ejemplo, no hemos incluido ni el carbón, ni el gas al impuesto y es fundamental que todos los combustibles fósiles hagan parte de este mecanismo.

De esta forma, se pueden diseñar otros incentivos adicionales que ayuden a combatir el cambio climático.

Transición energética

Diana Giraldo
Integrante del Movimiento Ríos Vivos Colombia

Se debe revisar cuál es la matriz energética que realmente está necesitando el país e implementar una con enfoque relacional. La idea es que además de saber dónde y qué tipo de energía se puede producir, de acuerdo a las capacidades de cada terriotorio, se establezca una verdadera participación ciudadana que permita a las comunidades saber cómo se pueden afectar, pero también beneficiar. Es necesario entender para qué, para quién y a qué costo se producirá la energía.

Es necesario replantear la política minero-energética de acuerdo a la participación de las comunidades rurales. Otro de los retos para este año es la creación de una Comisión Nacional de Represas en la que se identifiquen los impactos que realmente han tenido las represas en el país en las comunidades. Adicionalmente se requeire la implementación de una política nacional de afectados.

También es fundamental que para la construcción de los artículos de la Ley de Energías Renovables se adelanten consultas comunitarias previas y se tengan en cuenta a organizaciones como la Mesa Social Minerio-energética, así como la Cumbre Agraria.

Seguridad alimentaria

Foto: Flickr.com

Alan Bojanic
Representante de FAO Colombia

Colombia aún enfrenta retos relacionados con sus sistemas agroalimentarios, la erradicación de la malnutrición y el fortalecimiento de sus instituciones para la implementación de políticas públicas que permitan el avance hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En ese sentido, es necesario invertir en programas de fortalecimiento de la agricultura familiar para reducir las brechas existentes en el acceso a recursos productivos (tierra, crédito, tecnología, asistencia técnica) y en la vinculación a mercados y cadenas de valor. Así mismo, contar con planes de prevención, mitigación y choque frente a los fenómenos asociados al cambio climático que puede poner en riesgo la producción de alimentos en diferentes regiones del país.

Por otra parte, la prevención y reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos representa un gran desafío para el país, especialmente si se tiene en cuenta que los momentos críticos de la cadena agroalimentaria como la poscosecha, el almacenamiento y la distribución están relacionados con la necesidad de mayor capacitación, infraestructura, bienes públicos e innovación tecnológica. En Colombia, según el informe del 2016 del Departamento Nacional de Planeación, anualmente se pierden 9.7 millones de toneladas de alimentos, siendo las frutas y verduras los más desperdiciados y a su vez uno de los grupos de alimentos más deficitarios en el consumo de la población colombiana.

Además, se debe continuar con el impulso a procesos de educación alimentaria y nutricional y el fortalecimiento de ambientes alimentarios saludables que permitan a los colombianos contar con información de calidad y acceso a opciones alimentarias saludables en todos los entornos donde se desarrolla su vida cotidiana. Ello con el propósito de crear capacidades y favorecer la toma de decisiones en los distintos niveles y la adopción de prácticas alimentarias en favor de un adecuado estado nutricional y de salud.

Del mismo modo, y la luz de los desafíos derivados del proceso de evaluación y rediseño de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es preciso mejorar la articulación intersectorial para implementar la nueva política en el orden nacional y territorial.

Áreas protegidas


Julia Miranda
Directora de Parques Nacionales Naturales.

El gran reto nacional es frenar la deforestación. Los Parques Nacionales Naturales también se han visto afectados por este delito. Es un problema ambiental, social y económico muy grave que tiene el país. Eso implica una acción interistitucional y el fortalecimiento de las alianzas y protocolos que ya se han establecido. Ver como el Estado en su integralidad puede lograr implementar acciones más efectivas para contrarrestar este flagelo.

Otro reto grande para nosotros es continuar avanzando con la declaratoria de algunas áreas protegidas que ya venían trabajándose como, por ejemplo, la Searranía de San Lucas y de Manacacías, entre otras. Así mismo, sería fortalecer la gobernabilidad de la instititución con los instrumentos financieros que se están trabajando. La meta es poner a funcionar la estrategia Herencia Colombia para las áreas proetegidas e implementar el impuesto al carbono contemplado en la Ley de Páramos.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Foto: @FeIipe_Castro

Felipe Castro
Subdirector Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe.

En 2018 Colombia logró definir un marco nacional para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de la aprobación del documento Conpes 3918. Gracias a esto, hoy contamos con un conjunto de indicadores y metas a 2030 que nos permitirá concentrar los esfuerzos para materializar las transformaciones sociales, económicas y ambientales que el país requiere.

En 2019 el principal reto para el país en materia de ODS será el de ajustar sus políticas para alcanzar las metas planteadas. Si seguimos haciendo lo mismo probablemente no lo vamos a lograr. Debemos adoptar medidas audaces e innovadoras en temas como el control de la deforestación, el aumento de la tasa de reciclaje y el cumplimiento de las metas del Acuerdo de París. El Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 que será aprobado por el Congreso en el primer semestre del año es la oportunidad perfecta para avanzar de manera decidida y acelerada en el cumplimiento de los ODS.

Mecanismos de participación


Rodrigo Negrete Montes
Abogado y consultor ambiental

La participación ciudadana es un derecho fundamental, así está previsto en la Constitución Política. No obstante, parece que fuera un regalo que nos dan el gobierno y las empresas, y que además, solo se redujera al derecho de elegir y ser elegido. Sin embargo, son muchas las decisiones que diariamente se adoptan y se materializan en los territorios donde habitan las personas, y por ende las afectan. Por esa razón, se debería garantizar el derecho a la participación de esa colectividad, desde la construcción de una cancha sintética en el barrio, usando llantas usadas que pueden contener residuos peligrosos, hasta una megavía, un puerto, un pozo petrolero, una mina, una hidroeléctrica, la posibilidad de la revocatoria de un mandato que no representa al pueblo que lo eligió, la declaratoria de un área protegida, la delimitación de un páramo, etc.

Así como 2017 se consideró un año de conquistas sociales, de un renacer del principio democrático, en gran medida por la realización de consultas populares y expedición de acuerdos municipales frente a proyectos extractivos; en 2018, cambió por completo el panorama y el gobierno y algunos jueces decidieron cerrar esa puerta en decisiones regresivas, que desconocen la Constitución y las leyes vigentes.

A lo anterior, se suma que el gobierno decidió no firmar ni el Acuerdo de Escazú, ni la Declaración de los Derechos de los Campesinos que son herramientas valiosas en materia de participación, por cuanto les da voz y derechos a actores preponderantes en la realidad colombiana. Sin lugar a dudas, en 2019 la participación ciudadana seguirá en manos de los jueces, por cuanto continuarán las limitaciones, en particular a las consultas populares sobre extractivas y consultas previas; se seguirá negando un acceso real a la información de las comunidades frente a proyectos que los afecten y en algunos casos, se insistirá que la sola información es suficiente. Todo esto impulsado por el gobierno, las empresas -en particular las extractivas- y bajo el amparo de algunos jueces que están siendo regresivos en sus decisiones y son justamente ellos los que tendrán que decidir si se garantiza la participación como derecho fundamental o se continúa excluyendo a la comunidad de las decisiones que los afectan, con lo cual no quedará otro camino que la movilización social y acudir a las instancias internacionales.

Biodiversidad


Brigitte Baptiste
Directora del Instituto de Investigación Alexander Von Humboldt

En términos de biodiversidad, servicios ecosistémicos y pago por servicios ambientales, en 2019 se debería destacar las contribuciones de la diversidad biológica al bienestar y su potencial de aporte a la sostenibilidad, especialmente en el manejo adecuado de nuestros bosques y humedales.