Una vez más la descontaminación del río Bogotá podría quedar en veremos. En esta oportunidad producto de la sanción impuesta en primera instancia al director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Néstor Franco por parte de la Procuraduría, al hallar irregularidades en el convenio suscrito por esta entidad con la Alcaldía de Chía y la Empresa de Servicios Públicos de ese municipio (Emserchía), por más de 35.000 millones de pesos.

Según la Procuraduría, los estudios y diseños planteados no eran suficientes ni estaban actualizados y completos para ejecutar el proyecto, lo que llevó a retrasos en la ejecución de las obras y a un reajuste en el valor, que ascendió a 62.876 millones de pesos.

Ante la decisión del ente de control, de imponer una sanción con una destitución de 10 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos, Franco no tomará el riesgo de firmar un nuevo contrato que tiene características similares al que motivó la decisión de la Procuraduría.

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Franco manifestó que junto con su equipo estuvo revisando los motivos y alcances de la decisión y encontraron que el eje piramidal de la sanción es que según la decisión de primera instancia, ningún convenio de cofinanciación interadministrativo celebrado entre instituciones públicas puede suscribirse si no cuenta previamente con los diseños actualizados, definitivos, suficientes y completos de la obra que se pretende cofinanciar.

Por esta razón, el directivo considera que si fue sancionado por un acuerdo de cofinanciación con base en unos diseños que él previó que debían ser revisados y ajustados por el ejecutor, y a juicio de la Procuraduría este tipo de convenios no se pueden firmar de esa forma; tampoco va a firmar uno en el que está comprometiendo recursos por 1,5 billones de pesos como aportes de la CAR.

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En su concepto, esto es grave para el río Bogotá pues es un proyecto que busca descontaminar el 70 % de sus aguas. La CAR es el mayor aportante para la construcción de la planta, pero, según Franco, mientras la Procuraduría en la segunda instancia no dirima cuál es la aplicación legal del principio de planeación, no se atreverá a firmar el convenio que le daría vía libre a los recursos para el desarrollo del proyecto.

Tras la determinación del funcionario, quedan paralizados también otros proyectos de Ptar en los municipios de Villapinzón, Suesca, Sopó, Pasca y Girardot, porque en todos ellos estaba prevista una fase de revisión y ajuste de diseños.

La construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Canoas cuenta con recursos de la Alcaldía de Bogotá, la CAR y la Gobernación de Cundinamarca. El pasado 12 de marzo, el Distrito dio a conocer que el consejo directivo de la CAR había aprobado las vigencias futuras que aseguraban los recursos para la construcción de dicha Ptar, la cual se prevé sea la tercera más grande de Latinoamérica.

La inversión total del proyecto es de 4,5 billones de pesos y en el mismo, la Alcaldía de Bogotá aportará 2,94 billones de pesos (64,4 por ciento); la CAR, 1,5 billones, y la Gobernación de Cundinamarca, 61.000 millones de pesos a través del Plan Departamental de Aguas. Dentro de los aportes del Distrito, 1,48 billones de pesos se destinarán a la obra y 1,46 billones de pesos a la operación.

La decisión de Franco cae como un baldado de agua fría, pues cada vez se veía mas cerca la posibilidad de que la ahnelada descontaminación de este río fuera una realidad.