Entrega de licencia a empresa para cazar de fauna genera polémica

Una fuerte controversia se ha generado en Risaralda por cuenta de una licencia de cacería de fomento que otorgó la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) a una empresa a la que le da el aval para cazar 23 especies de fauna silvestre en el territorio colombiano, cinco de las cuales se extraerían de ese departamento para ser reproducidas en cautiverio. De esta forma, se propendería por su conservación.  

Se haría en una línea de acción de cría bajo cuidado humano en reservas naturales creadas para tal fin, en pro de un repoblamiento de las especies. De esta manera, también le apuntan a detener el tráfico ilegal. 

_{El sector ambientalista de Risaralda teme que las aves sean las especies más afectadas con esta iniciativa avalada por la Anla. Foto: CAR Cundinamarca.} 

Pese a las  intenciones de conservación que esta empresa puede llegar a tener, el permiso entregado por la Anla ha levantado ampolla en un sector de la comunidad ambiental de esa región. Es el caso de la misma autoridad ambiental de la región, la Corporación Regional de Risaralda (Carder) que advirtió que esta práctica podría generar un daño ambiental irreparable. 

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"Los animales cuando están en cautiverio y son modificados genéticamente dejan de ser ellos mismos, es como si a un ser humano lo llevaran a vivir a Marte, lo lógico es que cambie porque no solo se modifica su atmósfera, sino todas sus condiciones de su hábitat", manifestó Julio César Gómez Salazar, director de la Carder. 

El funcionario informó que esa corporación interpuso una demanda ante la sección primera el Consejo de Estado con la que busca la nulidad de la Licencia de Cacería de Fomento (Resolución 2370 del 3 de diciembre de 2019 de la Anla), por medio de la cual se modificó la Licencia Ambiental para el zoocriadero de la sociedad Tesoros de Colombia Sustainable Farm S.A.S.

Con esta acción jurídica la autoridad ambiental tiene dos pretensiones específicas: suspender inmediatamente la licencia a la empresa y revocarla. 

“Esa resolución riñe contra los principios conservacionistas de la autoridad ambiental, sobre todo sobre esas cinco especies: las tres ranas, la tángara y el gallito de roca, que consideramos que son especies que están amenazadas; especies que si las sacamos de nuestros ecosistemas como nos lo han venido diciendo nuestros biólogos y conservacionistas, perdería interés nuestro paisaje ecoturístico ambiental, que es el que nosotros hoy estamos conservando. Además, al extraer un animal de la fauna este ya no cumplirá su función ecológica”, agregó Gómez Salazar.

Diego Trujillo, procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, afirmó, entre tanto, que dicho permiso debe ser revisado. "Ya es hora de que la Anla, como autoridad nacional ambiental, empiece a ejercer un control más conectado con los territorios; este tipo de resoluciones pueden tener la mejor de las intenciones, pero si no se coordina un control con las corporaciones autónomas se pueden convertir en algo contraproducente”, expresó. 

El procurador espera que las otras corporaciones ambientales donde tiene incidencia la resolución de la Anla también se pronuncien y tomen acciones similares. "Es preocupante que ya las leyes del mercado, de la oferta y la demanda, están entrando a nuestra biodiversidad; en un país donde no controlamos el tráfico ilegal de flora y fauna llegar a legalizarlo podría ser nefasto o una solución", mencionó el funcionario. 

A su turno, Juan Carlos Noreña, biólogo de la Fundación Vida Silvestre, ubicada en el municipio de Dosquebradas, afirmó que la caza de animales permitida a esta empresa por parte de la Anla podría generar un tráfico de fauna mayor. "Creo que es un retroceso el que estaríamos teniendo como país en este aspecto con esta medida", resaltó. 

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Teme que especies de aves como tángara multicolor (Chlorochrysa nitidissima) y el gallito de las rocas (Rupicola peruvianus), al igual que tres ranas: venenosa de Santa Cecilia (Oophaga histriónica), venenosa Andina Amarilla (Andinobates fulguritus) y venenosa del cauca (Andinobates bombetes), vayan a resultar afectadas por esta decisión. 

Así las cosas, mientras Carder aguarda por los resultados de la acción jurídica interpuesta ante el Consejo de Estado, se abre el debate sobre si deben existir o no este tipo de organizaciones que en cautiverio críen especies amenazadas y luego las dejen en libertad para repoblar los ecosistemas.