En 1997 el resguardo indígena Guacamayas Mamiyare, perteneciente a la comunidad indígena sikuani, solicitó la ampliación de su territorio ancestral bajo el argumento de que sus predios habían sido invadidos ilegalmente por colonos

Sostenían que esa situación los había obligado a desplazarse y confinarse reduciendo su capacidad para cazar, pescar, movilizarse y acceder al agua y, por ende, al alimento. 

Le puede interesar: Un pueblo invisible para los colombianos

En vista de que ni el Incora, el Incoder y la Agencia Nacional de Tierras respondieron definitivamente a la solicitud, la Procuraduría General de la Nación  decidió instaurar una acción de tutela contra la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Alcaldía de Cumaribo (Vichada), los ministerios del Interior y Hacienda, la Superintendencia de Notariado, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el Departamento Nacional de Planeación y el Congreso de la República, por la presunta vulneración de los derechos a la territorialidad indígena de esta comunidad, así como a la vida digna, la igualdad, la diversidad ética, al debido proceso administrativo, a la dignidad humana, al mínimo vital y al gobierno propio

Finalmente, el Juzgado 53 del Circuito Administrativo de Bogotá falló a favor de la Procuraduría y resolvió tutelar los derechos fundamentales a la propiedad colectiva, a la territorialidad indígena, a la diversidad étnica, a la igualdad y al debido proceso administrativo en un plazo razonable del pueblo Sukuani. 

Le sugerimos: La deforestación amenaza a los últimos indígenas aislados de Colombia

En consecuencia ordenó a la Directora de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras concluir, en un término improrrogable de cuatro meses, el proceso de titulación, constitución, ampliación y/o saneamiento de tierras que había solicitado por el resguardo Guacamayas Mamiyare en Cumaribo, Vichada, y notificar a la Procuraduría las decisiones de fondo. 

Así mismo, determinó que si dentro de dichos procedimientos se advierte la existencia de conflictos con terceros interesados, la ANT deberá resolverlos, teniendo en cuenta que debe asegurar a la comunidad indígena un territorio adecuado y suficiente para su supervivencia física y cultural.

El tribunal dispuso, además, que la Directora de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo del Ministerio de Agricultura ejerza sus funciones de control administrativo orientadas a constatar y asegurar que la actividad y función de la entidad integrante de este sector se cumpla. 

Le recomendamos: Amenazas a líderes indígenas y sociales no cesan en Colombia

El fallo, que puede ser impugnado, ordenó también a la Alcaldía de Cumaribo (Vichada) y a la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior que colaboren armónicamente en el proceso de restablecimientos de derechos de esa comunidad indígena con enfoque integral  y en coordinación con las demás entidades competentes. 

Esta medida se da, teniendo en cuenta que en febrero de 2019, el alcalde de Cumaribo ordenó el desalojo policivo de ese pueblo indígena por solicitud de un ciudadano quien se presentó como propietario de un predio que se encuentra al interior del territorio ancestral. La medida se ejecutó en marzo.  

El Juzgado precisó que en este caso se registró una dilación “para resolver, más allá de un plazo razonable”.