Las reacciones de ciudadanos, defensores del agua y del medio ambiente en torno a la protección de los páramos no paran. Este jueves, en el marco de la audiencia pública dirigida a analizar la situación de estos ecosistemas, dejaron claro que no se dejarán sacar de los que han sido sus hábitats naturales.

Al evento, convocado por el representante a la Cámara, Fabián Díaz, asistieron campesinos y colectivos, que no solo defienden el agua sino en general estos ecosistemas, para fijar sus posiciones en torno a los procesos de delimitación que adelanta el gobierno y que en este momento están centrados en el Páramo de Santurbán. 

Representantes de comunidades de Santurbán, Pisba y Las Hermosas, hicieron presencia en el encuentro y rechazaron de forma vehemente la posibilidad de que en estos lugares se desarrollen proyectos mineros o hidroeléctricos con la bendición del Estado. Esto haciendo alusión a la posibilidad de que se le otorgue la licencia ambiental a la multinacional Minesa, interesada en explotar una zona aledaña al Páramo de Santurbán.

Los defensores ambientales y voceros de las comunidades indicaron que si es necesario llevar sus quejas a cortes internacionales lo harán, pero que no permitirán que se les vulneren sus derechos, pues para ellos todo esto se centra en el apetito que muchos tienen por las tierras, poniendo en riesgo lo que han sido sus costumbres y ancestralidad. 

Adicionalmente, argumentan que lo que han hecho sus familias durante años ha sido precisamente preservar estos lugares, pues de no haber sido así; las condiciones de los mismos hoy serían diferentes y seguramente estarían en manos de quienes quieren sacar provecho de las tierras de forma irresponsable. Por estas razones piden ser escuchados.

La Defensoría del Pueblo respalda esta posición. Considera importante que las comunidades hagan parte de todos estos procesos y de las decisiones que las puedan afectar, pues en el desarrollo de estas iniciativas debe haber justicia ambiental, que debe empezar por mantener informados a los habitantes de las zonas y para ello es importante generar espacios de participación en los que ellas puedan exponer sus planteamientos e inquietudes.

Viene la fase de concertación

Frente a estas posiciones, el director de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente, Édgar Emilio Rodríguez, dijo que la Ley de Páramos garantiza la permanencia de las comunidades en el páramo. “Nadie está hablando de sacar a la gente de ese lugar. El habitante ancestral es parte esencial del mismo”. 

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Dijo que está previsto que a partir del primero de noviembre retomarán la fase de concertación con las comunidades para poder llevar a cabo la delimitación. Este proceso, que se espera que finalice antes del 31 de diciembre, fue pospuesto temporalmente con el fin de evitar que intereses políticos intervinieran en el mismo. 

Precisó que trabajan en la creación de una estancia de coordinación en la que todas las entidades de forma alineada hagan una fiscalización de los acuerdos que se logren entre comunidades y gobierno. 

Manifestó que recibieron más de 10.000 propuestas que están incorporadas en el proceso, pues el objetivo más allá de la delimitación en temas que tienen relación directa con el futuro y el manejo puntual de estas áreas.

“El cumplimiento de las decisiones que a futuro se tomen no solo en delimitación sino en las actividades que se podrán desarrollar, implica la necesaria participación de otras entidades estatales distintas al Ministerio de Ambiente”, dijo.

La necesidad de estudiar a las comunidades de los páramos

Al respecto, el procurador delegado para Asuntos Ambientales, Diego Trujillo, consideró de vital importancia que las autoridades se vuelquen a controlar el uso del suelo rural, algo que en los últimos 50 años ha sido difícil dadas las condiciones de violencia que había en algunas regiones y que impedían el control físico del suelo, tanto por parte de las comunidades como de las autoridades. Esto, sin pasar por encima de los intereses de sus habitantes. 

Por esta razón consideró de gran importancia que se puedan adelantar los estudios correspondientes que permitan definir y tener claridad sobre cuáles son las condiciones de estos ecosistemas y las comunidades que los habitan.  

De ahí la importancia de la determinación del procurador General, Fernando Carrillo, de fusionar la delegatura ambiental con la de asuntos agrarios, para que sea una sola política de protección de ese principal recurso hídrico y de los ecosistemas naturales que se deben administrar correctamente en la ruralidad. 

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“Debe haber una sola política de protección que tiene que salir del Ministerio Público en representación de toda la sociedad rural que se acerca a los 14 millones de colombianos, aseveró. 

En su concepto, hay muchas normas, pero nada se está poniendo en práctica, ni materializando en las zonas rurales. “En momentos de posconflicto el botín de guerra es la tierra y los recursos naturales, lo que se traduce en desigualdad y más conflictos. Los POT han sido mal diseñados y no muestran la realidad de los territorios. Se requiere una justicia agraria ambiental que se ajuste a las necesidades que tienen los territorios”, concluyó. 

La audiencia se llevó a cabo de forma previa a la realización de un plantón en la Plaza de Bolívar, en donde representantes de las comunidades y defensores ambientales, así como ciudadanos del común, le pidieron al presidente Duque, que no apruebe la licencia ambiental pedida por Minesa con la cual se le daría vía libre al desarrollo de un proyecto minero en las inmediaciones del Páramo de Santurbán. También le reclamaron por el nombramiento de Alberto Carrasquilla, como ministro ad hoc, para el mismo caso.