Por ese entonces el día a día promedio de Corzo se iba en intentar controlar desde pesca ilícita e invasión de manglares hasta evitar el paso de cargamentos del narcotráfico por el Santuario rumbo a los ríos y de ahí al mar. Incluso recuerda combates de las fuerzas armadas con los traficantes y una masacre del paramilitarismo dentro del Santuario, lo que obligó al desplazamiento de las poblaciones palafíticas de la época.

Hasta 1995 los funcionarios encargados de proteger los parques nacionales naturales en Colombia recibían un arma de dotación para defender la biodiversidad patrimonio de los colombianos. Hasta ese entonces fueron autoridad ambiental con funciones de Policía. A partir de ese año el naciente Minambiente los ‘desarmó’.  Corzo, hoy investigador científico del Humboldt, nunca en su vida volvió a ver un arma. Pero eso no significa que otros con trabajos como el suyo, no hubieran podido necesitarla en algún momento de su vida como guardaparques.

“Los defensores de la tierra y del medio ambiente constituyen el segundo grupo de defensores de derechos humanos más afectados por situaciones como estigmatización, homicidios y desapariciones forzadas, entre otros”, explica la abogada ambiental Eugenia Ponce de León.

Ponce, desde la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y en alianza con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), trabaja para que se haga visible en la memoria del conflicto armado a los funcionarios de parques nacionales que han sufrido hechos victimizantes,  y aportar a posibles estrategias de reparación y no repetición en el marco de la construcción de paz, para las áreas protegidas y sus servidores, teniéndolos como víctimas del conflicto armado.

Como estudio de caso para la recuperación de la memoria del conflicto se tomó el Área de Manejo Especial de la Macarena que cobija cuatro Parques Nacionales Naturales, tres Distritos de Manejo Integrado con sus respectivas zonificaciones, una serie de Reservas Forestales Protectoras, Resguardos Indígenas y Zonas de Reserva Campesina, entre otras.

La abogada argumenta que, pese a la firma del Acuerdo de paz y del tránsito que la sociedad colombiana está haciendo en el marco del posacuerdo, las áreas protegidas y los servidores públicos continúan en riesgo.

Explica que en estos  territorios hay actores ilegales (ELN, disidencia de la FARC  y grupos criminales en general), que se han apropiado de las economías ilícitas basadas en la explotación de recursos naturales y destrucción ambiental, socavando los esfuerzos por consolidar la paz en estos territorios y que, además, persisten minas antipersonas, municiones abandonadas sin explotar,  y conflictos de apropiación y uso ilícito de la tierra.

Las armas actuales con las que cuentan los defensores de los Parques Nacionales Naturales son el reglamento de las áreas protegidas y la investidura que les da portar su uniforme, con el logo de un oso de anteojos. Así se enfrentan a traficantes, disidencias, carteles de la droga y mineros ilegales, entre otros.

El trabajo forma parte de la iniciativa de la UICN ´Defendiendo a los defensores del Medioambiente’ y parte de la base de que “cuando los defensores del medio ambiente pueden realizar su trabajo de forma segura, contribuyen enormemente a crear las condiciones necesarias para la paz, el bienestar social y medioambiental, por lo que se deben crear condiciones para protegerlos, fortalecerlos y empoderarlos”.

Como estudio de caso para la recuperación de la memoria del conflicto Ponce y la FCDS trabajaron el Área de Manejo Especial de la Macarena que cobija cuatro Parques Nacionales Naturales, tres Distritos de Manejo Integrado con sus respectivas zonificaciones, una serie de Reservas Forestales Protectoras, Resguardos Indígenas y Zonas de Reserva Campesina, entre otras figuras.

Esta zona es considerada como el área protegida más impactada por el conflicto armado.

El análisis se concentra en un periodo comprendido entre el 1 de enero de 1985 y diciembre de 2018. Para Ponce, este estudio representa una oportunidad para colaborar con los informes de Comisión de la Verdad que inició el pasado noviembre y que sesionará los próximos  3 años. “Con este estudio también queremos acceder a la Justicia Especial de Paz para lograr procesos de sanción, reparación y no repetición tanto para los funcionarios como para los parques nacionales amazónicos y que esta metodología se replique para relatos de funcionarios y parques de otras áreas del país”.

Se calcula que en las últimas 5 décadas por lo menos 50 funcionarios de Parques Nacionales de Colombia que resultaron heridos o muertos por cuenta del conflicto.

Este es un producto periodístico de la Gran Alianza contra la Deforestación. Una iniciativa de Semana, el MADS y el Gobierno de Noruega que promueve el interés y seguimiento de la opinión pública nacional y local sobre la problemática de la deforestación y las acciones para controlarla y disminuirla.