¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir al país con este anuncio? ¿Será dar a entender que el Consejo de Estado, las autoridades ambientales y las comunidades son excesivamente prudentes y temerosas con respecto a la aplicación del fracking en el territorio colombiano, puesto que sí puede hacerlo por fuera? ¿Será generar presión para lograr la aplicación de esta técnica en el país?

Para llegar a la mejor decisión posible sobre esta materia, es indispensable reducir la gran incertidumbre que existe sobre sus impactos socioambientales y sobre la gravedad de sus consecuencias. Muchos países, Colombia incluida, han decidido utilizar el Principio de Precaución para no autorizar la técnica hasta no contar con suficiente claridad sobre sus efectos y riegos y sobre la capacidad institucional para monitorearlos y controlarlos.

Para reducir la incertidumbre, Ecopetrol ha propuesto realizar ensayos piloto, pero esta posibilidad presenta muchas dudas.

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Un ensayo piloto es una prueba que se realiza bajo condiciones controladas, que busca establecer la viabilidad de algo cuya aplicación generalizada suscita dudas, evaluando con claridad sus consecuencias. Para ser válido, el experimento debe reproducir con la mayor fidelidad, las características de la región donde se pretende aplicar.

Sin embargo, la geología del país es muy variada y su hidrogeología es prácticamente desconocida, por lo cual la conveniencia de la utilización de ésta estrategia para analizar el fracking no es clara.

¿Sería posible extrapolar los resultados de un ensayo en el Magdalena Medio a los Llanos o la Costa Caribe? ¿Sería necesario realizar pruebas piloto en cada locación? La heterogeneidad del territorio de Colombia se manifiesta también en lo social. Las culturas y formas de vida de las regiones son extremadamente variadas, por lo que fracking las afectaría de diferentes maneras.

Sin embargo, en lo que concuerdan las comunidades, es en no querer que haya fracking en sus territorios, como lo indican con claridad las múltiples consultas populares municipales realizadas a lo largo y ancho del territorio nacional.

El fracking tiene efectos en diversas escalas territoriales, por lo cual no puede verse como una operación puntual que genera impactos únicamente en el sitio donde se aplique.

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En el nivel local pueden formularse preguntas como las siguientes: ¿Qué impactos tendría sobre la economía, los servicios públicos, las formas de vida y el aprovechamiento de los recursos naturales en cada lugar?

¿Cuáles son los aditivos químicos a las aguas que se utilizarían? ¿Cuáles sus impactos sobre la salud humana y la de la biodiversidad? ¿Qué efectos tendrían los grandes volúmenes de agua que requiere sobre la disponibilidad del recurso para satisfacer las diversas necesidades y su impacto sobre los usos prioritarios? ¿Cómo se garantizaría la calidad de las aguas residuales? ¿Cómo se afectarían los caudales ecológicos? ¿Cómo incidiría en los planes de ordenamiento territorial de los municipios donde se realizaría?

En el nivel regional surgen preguntas como las siguientes: ¿Cómo se garantizaría la participación informada y efectiva de la población afectada en las diversas etapas de la aplicación del fracking? ¿Cómo se tendrían en cuenta los impactos socioambientales de la construcción de infraestructura relacionada como vías, campamentos, diques, lagunas de tratamiento etc..? ¿Cuáles serían los efectos de los movimientos de población atraída y sus implicaciones? ¿Cómo se evaluarían los efectos sobre la sismicidad de la zona? ¿Cómo se transportarían los hidrocarburos producidos y su impacto sobre los costos y tiempos de viaje de los usuarios de las vías? ¿Cómo se evaluarían los riesgos de derrames y accidentes durante
el transporte?

En el nivel nacional surgen otras inquietudes: ¿Cómo se estimaron los grandes beneficios económicos del fracking, que se han difundido? ¿Qué criterios, precios y volúmenes de producción se usaron para calcularlos? ¿Cuál es su grado de
certeza? ¿Cómo se determinó el posible aumento de la autonomía petrolera y gasífera del país que se, divulgó? ¿Cuentan las autoridades ambientales con la capacidad para licenciar los proyectos de fracking y hacer el control y seguimiento de sus riesgos? ¿Si han sido insuficientes para vigilar los yacimientos convencionales, como se aseguraría esta capacidad? ¿Se exportaría la producción adicional de hidrocarburos crudo sin agregarle valor?

Por último, en el nivel global, vale la pena preguntarse: ¿Cómo afectaría la producción adicional de hidrocarburos los compromisos adquiridos por Colombia en al Acuerdo de Paris? ¿Cómo justificar la iniciativa de impulsar el fracking, frente a la tendencia global de avanzar rápidamente hacía economías decarbonizadas?

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Como si lo anterior fuera poco, se ha agregado un nuevo factor de incertidumbre al panorama. El Ministerio de Minas y Energía ha interpuesto un recurso de súplica ante el Consejo de Estado, en el cual pide el levantamiento de la medida cautelar expedida por esa Corte suspendiendo la aplicación del fracking en Colombia.

Si se levanta esta medida antes de que se dicte la sentencia de fondo que está en estudio, se podrían reiniciar los procesos de contratación de exploración que están suspendidos, lo cual constituiría un gran riesgo para el país, ante la eventualidad de que luego se anulen los actos demandados y los contratistas generen cuantiosas reclamaciones al no poder continuar con la ejecución de los contratos.

Causa sorpresa que el Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol sigan aferrados al pasado y carezcan de la visión para comprender que la salud de Colombia y del planeta requieren abandonar paulatinamente los hidrocarburos, e iniciar una urgente transición hacia las energías limpias, aprovechando nuestro alto potencial natural.

 *Miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.