Tres acciones de tutela se han interpuesto hasta ahora por parte de diferentes organizaciones en el país para suspender la audiencia pública que solicitó la Policía Nacional para modificar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG), la cual había sido programada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) de manera no presencial (por radio e internet) para el próximo 27 de mayo.

Uno de los tres jueces que conoció estos procesos jurídicos ordenó suspender la realización de la audiencia, hasta tanto no haya una decisión de fondo (sentencia). Se trata de la juez que labora en el Juzgado Primero de Familia de Pasto, quien ante la inminencia de la audiencia emitió un auto de medidas cautelares que permitieran garantizar la participación de la ciudadanía, en especial de quienes se podrían ver afectados con el retorno de la aspersión aérea con glifosato.

En contexto: Con tutelas buscan frenar audiencia pública virtual sobre aspersión aérea con glifosato

En esta tutela, que fue presentada el pasado 13 de mayo en el municipio de Policarpa, Nariño, por la Asociación de Cacaoteros, se indicaba que en las actuales condiciones generadas por la emergencia, y con los decretos de aislamiento preventivo, que de momento se han prolongado hasta el 25 de mayo, era imposible que las comunidades afectadas por la retoma del proyecto de fumigación aérea pudieran reunirse para deliberar y manifestar su punto de vista y hacer exigencias y aportes en la audiencia.

Así las cosas, "lo único que harán es decirnos lo que van a hacer, sin que se tengan en cuenta nuestras condiciones reales, y sin que podamos manifestar, como conocedores del territorio, la situación personal, comunitaria, social y geográfica”, señaló la comunidad. 


Retomar la aspersión aérea con glifosato es la estrategia del gobierno para atacar los cultivos de uso ilícito. Foto: archivo/ Semana.


En el auto la juez sostuvo que ante la inminencia de un perjuicio irremediable se optó por suspender la audiencia que, si se efectuara, podría ser considerada como inconstitucional, al vulnerar los derechos fundamentales invocados.  

A esta tutela se suman dos más, una interpuesta también en el municipio de Policarpa por la Asociación de Limoneros y otra por 88 organizaciones de diferentes regiones del país. 

"Se espera que el juez de reparto las conozca y quizá ordene también suspender la audiencia", indicó David Filomena, investigador de la línea política de drogas de Dejusticia, quien agregó que ahora la Anla deberá publicar en su página web el auto y suspender la audiencia formalmente para que las personas que alcanzaron a inscribirse sepan a cabalidad sobre esta decisión. 

Le sugerimos: Crece polémica por audiencia pública virtual sobre aspersión aérea con glifosato

"Muy probablemente estas sentencias que emitan los jueces, vayan a revisión a la Corte Constitucional, lo que complejiza el panorama jurídico de la modificación del plan de manejo ambiental hecho por la Policía, lo que le brindará más tiempo a las organizaciones para analizar a fondo los estudios ambientales, de 3.200 páginas, que fueron presentados a finales de abril y están escritos en un lenguaje altamente técnico", puntualizó Filomena.

La Anla en este proceso, ya había desarrollado tres reuniones previas informativas no presenciales el pasado 7, 9 y 11 de mayo, en las que se atendieron 574 inquietudes de la ciudadanía a través de una línea gratuita nacional. Adicionalmente, se informó que durante las tres jornadas se invirtieron más de 27 horas de transmisión, por medio de 76 emisoras de radio en los municipios de las zonas de influencia del PECIG.