Directa, aguda y sin pelos en la lengua. Así son las palabras de Elsa Matilde Escobar, directora de la Fundación Natura, al referirse al actual panorama de la deforestación en el país, las recientes medidas del gobierno para controlarla y el equilibrio que necesita el territorio para que la balanza no favorezca solo a un grupo en particular.

Según la líder de la organización, que lleva 35 años dedicada a la conservación, uso y manejo de la biodiversidad en pro de las comunidades de la Amazonia colombiana, frenar la deforestación no tiene que recaer solo en los hombros del gremio ambiental. Para ella, el espectro debe ampliarse y movilizar a una gran masa crítica con todos los sectores del gobierno y otras organizaciones que vienen trabajando sobre el tema. También dijo que los colombianos necesitan replantearse cómo eligen a sus gobernantes.

“El país debería ser demócrata con los recursos naturales, es decir tener en cuenta a la hora de elegir a los futuros gobernantes aspectos como la deforestación, la polución en las ciudades, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de los ríos. Acá no tenemos una democracia que piense en la vida, y por eso hoy contamos con un Congreso apático que no toma medidas correctas que generen un beneficio social, económico y ambiental en el marco del desarrollo humano sostenible”, enfatizó Escobar.

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El pasado operativo de control a la deforestación en el Parque Nacional Natural Los Picachos, que arrojó como resultado cinco personas capturadas y 600 reses bajo dominio de extensión, la preocupa. “Todos ya sabemos que entre las grandes causas de la deforestación la más más alarmante es la especulación o acaparamiento de tierras. Este operativo no atacó ese motor, solo a los campesinos. Esta acción es como si tuvieras un cáncer y le pones pañitos de agua fría”.

Para la Directora de la Fundación Natura, Colombia debe hacer una gran reflexión sobre las medidas que serían efectivas para realmente controlar la deforestación. “El gobierno tiene conocimiento sobre dónde y quiénes hacen el negocio, cuánto pagan por una hectárea tumbada y los que están comprando terrenos, pero no ataca ese accionar. ¿Cuál es la política de Estado? Lo de Los Picachos es una presión para que la gente desaloje”.

Aseguró que el accionar en Los Picachos destapó una situación preocupante en el país: utilizar la conservación como un medio de exclusión. “Ese modelo está mandado a recoger. Al país le urge hacer una conservación con y para la gente, no solo con los indígenas, sino con los campesinos o colonos, a los que muchos catalogan como los malos”.

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Escobar fue más allá y afirmó que la conservación no puede convertirse en un nuevo factor de desplazamiento. “Ya estamos viviendo un desplazamiento gigante por las consecuencias del cambio climático, que se suman a las más de ocho millones de personas desplazadas por el conflicto armado. La conservación no puede desencadenar un nuevo conflicto más y aumentar el número de víctimas”.

Precisó que hay que tener claro que los campesinos no son los verdaderos protagonistas de la tumba de la selva. “Expertos lo han denunciado reiterativamente: lo que pasa, en especial en la Amazonia, es una gran especulación por la tierra de las grandes mafias y terratenientes, quienes quieren acceder a mucho más territorio de una manera muy barata. Su negocio es adquirir una hectárea que vale cero pesos y luego incrementar su valor a más de $60 millones”.

Debido a las recientes medidas de control, tanto campesinos como indígenas de la Amazonia sienten pánico. “La Fundación trabaja tanto con las comunidades indígenas como campesinas, estas últimas en su mayoría expulsadas de la sociedad y con falta de oportunidades. Ambos están aterrados porque piensan que les van a hacer lo mismo que a los habitantes de Los Picachos, un detonante que solo hace presión para la gente desaloje”, anotó Escobar.

Falta diálogo gobierno-comunidades

La líder de la Fundación Natura denuncia que hay una falta de diálogo entre el gobierno y las comunidades. “Los Picachos vuelve a servir de ejemplo. Es increíble que ni siquiera las autoridades locales supieran de los operativos y que el gobierno no haya dialogado previamente con los campesinos. No me parece que ese sea un accionar correcto. Hay que buscar cómo trabajar con la gente a través del diálogo. Indagar primero qué buscan en la vida, desde cuándo habitan en los parques”.

Escobar dijo que prevenir la deforestación y acabar con el desorden en el país requiere de un diálogo y una participación activa, y no solo entre los sabios y expertos, sino de la gente con el gobierno. “Ambos frentes deben llegar mancomunadamente a acuerdos para construir propuestas que beneficien, por ejemplo, a los habitantes de los bordes de los parques. A su vez proyectos de ganadería o agricultura sostenible o de una gobernanza forestal. Ya hay varias iniciativas por parte de organizaciones, pero son poco escuchadas. Arreglar un problema a punta de garrote complica aún más las cosas”.

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La gente debe contar con oportunidades para que disfrute de una manera sostenible de los recursos naturales. Para la Directora de Natura, para esto hay que buscar alternativas para que las personas que habitan en los nidos de biodiversidad puedan beneficiarse de ella sin ocasionar daños. “Pero eso no le toca solo al campesino. Tiene que haber una política de Estado que dé línea sobre cómo trabajar con las comunidades”.

En cuanto a la ganadería, Escobar está en contravía de su satanización. “Es absurdo decir que la ganadería debe acabarse. La mayoría de colonos en la región vive de eso. Hay que llevar a cabo una ganadería sostenible, que va mucho más allá de los usos silvopastoriles, una actividad que sea resiliente a todos los cambios climáticos y extremos”.

“El Gobierno dice estar comprometido contra la deforestación, pero no ataca las verdaderas causas, que en sí son las mismas que generan la pérdida de biodiversidad. El actual modelo económico, cargado de corrupción, es el mayor obstáculo a vencer”, concluyó la directora.

Indígenas y colonos de la mano

Amazonas 2.0 es uno de los proyectos que lidera la Fundación Natura de la mano con las comunidades. Con el apoyo de la UICN y la Unión Europea, Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, Guyana y Surinam aúnan esfuerzos para contener la deforestación de los bosques amazónicos y la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos, y empoderar a las organizaciones indígenas y campesinas.

El ideal es capacitar a las comunidades sobre monitoreo forestal, climático y de fauna, y crear una plataforma regional amazónica de intercambio de información y respuesta rápida con registros, análisis y reportes en tiempo real que contribuyan a la medición de la deforestación.

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En Colombia, la Fundación trabaja en el municipio de Solano (Caquetá), que ya cuenta con 15 promotores comunitarios de 11 veredas: Miravalle, El Porvenir, La Carolina, El Rubí, Montegrande, Las Brisas, Las Palmas, Villa Leidy, Campobonito, La Alternativa y Mononguete, y el resguardo indígena inga Niñeras.

“Trabajamos con indígenas y colonos para identificar sus problemáticas y establecer un diálogo para el manejo de su territorio. Estas dos comunidades poco hablan entre sí y tienen una disputa. Funcionarios de la Unión Europea resaltaron el trabajo con los campesinos e indígenas del resguardo inga Niñeras, ya que ambos han discutido juntos los impactos de su territorio y han planteado acciones para mitigarlos”, dijo Escobar.

*Este es un producto periodístico de la Gran Alianza contra la Deforestación. Una iniciativa de Semana, el MADS y el Gobierno de Noruega que promueve el interés y seguimiento de la opinión pública nacional y local sobre la problemática de la deforestación y las acciones para controlarla y disminuirla.