Una mancha roja se observa a lo lejos. Son las seis y diez de la mañana, hace frío y una tenue brisa se siente en el ambiente. De a pocos comienzan a llegar a puerto Batá II los estudiantes de la Institución Educativa Jaime Campos de Macanal, Boyacá, vestidos con su buzo escarlata y camisa blanca. Al otro lado, en puerto Batá I, los conductores se aprestan a encender los motores de las lanchas en las que trasladarán a los jóvenes por entre las turbias aguas del embalse La Esmeralda.

Al llegar a la orilla, cerca de 40 alumnos de bachillerato que viven en las cinco veredas del margen derecho de ese cuerpo de agua suben lentamente a las embarcaciones y, tras ajustar los chalecos salvavidas, emprenden el viaje. Los rayos del sol se abren espacio entre las nubes mientras los botes atraviesan velozmente la represa, que la empresa estatal Interconexión Eléctrica S. A. (ISA) comenzó a construir en 1969, en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Dos minutos después los estudiantes llegan a su destino.

Rápidamente descienden de las lanchas y continúan su periplo hacia las instalaciones del plantel educativo. Suben al bus que los espera para transportarlos por un lapso de 15 minutos hasta Macanal. Al terminar la jornada escolar, sobre las 3:00 de la tarde, estos jóvenes son trasladados nuevamente hacia la represa para emprender su retorno a casa. 

Esta es su rutina hasta que llega el verano. Con la sequía habitual que impera entre diciembre y marzo empieza el viacrucis para los alumnos y para cerca de 1.000 personas que viven en las veredas Limón, Quebrada Negra, Media Estancia, Naranjos y Guavio. Todos ellos quedan aislados del casco urbano por el embalse.

El problema tiende a crecer con el paso del tiempo. Las personas que no pueden trasladarse, buscando algún puerto cercano, se ven obligadas a transportarse en bus por una carretera destapada, pues se debe pasar por veredas de los municipios de Garagoa, Sutatenza, Somondoco y Almeida. El viaje desde allá hasta el casco urbano puede tardar hasta dos horas.

“La situación es muy complicada porque nos toca dar la vuelta por el sector de Las Juntas. Desde la vereda Media Estancia, en donde yo vivo, hacer ese trayecto se vuelve exageradamente largo. Eso promueve aspectos como el desapego social y el estancamiento económico del municipio. La gente, por cercanía, prefiere ir a Guateque o Garagoa a hacer sus comprar y no a Macanal”, indicó Miller Salguero, concejal de esa localidad, quien informó que AES Chivor, empresa que le compró el proyecto hidroeléctrico a la productora chilena Gener S.A. en el año 2000, tiene convenio con el municipio para brindar el servicio de transporte en bus de manera gratuita. 

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Así las cosas, enfermarse está prácticamente prohibido en ese sector durante el verano. Sin transporte fluvial, trasladar a un paciente hasta el centro de salud del municipio se convierte en una odisea difícil y muy costosa. Deben pagar hasta 30.000 pesos por un expreso en carro particular.

“Lo más triste es que uno se pega el viaje y luego lo remiten para Garagoa, porque el puesto de salud de Macanal es de primer nivel”, mencionó Edith Salguero, presidenta de la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asojuntas) de Macanal. Esto redunda en que los ingresos de ese centro asistencial también se reducen en comparación a otra época del año. 

La líder comunal afirmó que, por medio de un convenio entre AES Chivor y Asojuntas, están creando un fondo de solidaridad con el fin de ayudarle a la comunidad con un incentivo económico para el transporte cuando se registren emergencias de salud, pues la empresa no ofrece el servicio de ambulancia. 


En temporada seca el nivel del agua baja tanto, que las embarcaciones no pueden navegar. Foto: archivo particular. 

Los agricultores también aseguran haber sufrido por esta presa. Aseveran que el clima cambió y que sus cultivos tradicionales se han visto afectados por cuenta de la aparición de plagas, hongos y microorganismos que dañan los frutos y el suelo. “El hielo que produce este cuerpo de agua, especialmente en las noches y las madrugadas, acabó con los cultivos de café, papaya, guayabos, lulo y tomate, que antes se daban en esta región. Ahora nos toca vivir de otras cosas como la pesca y la minería”, dijo Jairo Perilla, habitante de Chivor, quien afirmó que parte de las veredas de Camoyo y Guali de esa población también quedaron inundadas.

Perilla, quien sale a pescar una vez por semana junto a su hermano, explicó que las especies que más se encontraban en ese cuerpo de agua eran la carpa y la mojarra. “Lo hacemos más para nuestro consumo que para comercializar, porque acá no se dan grandes cantidades de pescado. Hace como tres años, alguien echó langostinos a la represa para acabar con las especies que había. Hemos encontrado bastantes animales de esos. No es un mito”, comentó.

Langostinos como se pueden encontrar en las aguas del embalse La Esmeralda. Foto: Mauricio Ochoa Suárez

Gustavo Martínez, exconcejal de Macanal, consideró, entre tanto, que en esa población ya no es posible adelantar agricultura limpia porque los campesinos deben acudir a químicos para poder sacar, al menos, los productos de su pancoger. 
 
"La fumigación con esos venenos ha generado problemas de salud en la gente, ya hay antecedentes de intoxicaciones y eso ese uno los impactos que nos trajo el embalse y que nadie se detiene a analizar", apuntó. 
Leidy Cano, concejal de Macanal, afirmó que otro problema que trajo el embalse fue la proliferación de los movimientos en masa, especialmente en las tres veredas situadas al otro costado del municipio. "Ahora se registran fallas y derrumbes que afectan a la población y hacen que aumente el nivel del sedimentación del embalse y, por tanto, su cota máxima", comentó.

Otras afectaciones

Los hermanos Perilla eran agricultores. Después de la construcción de la represa se convirtieron en pescadores y mineros. Foto: Esteban Vega/Semana. 

Según los habitantes de Macanal, la construcción del embalse también trajo consigo el desplazamiento forzado. “La gente se vio obligada a irse por cuenta del mismo Estado. La mayor parte de las personas vivía en minifundios, sin títulos de propiedad. La empresa ISA, solo negoció con los propietarios que mostraban escrituras, y si todavía existe un alto índice de falsa tradición en Boyacá, imagínense en esa época”, señaló el exconcejal de Macanal, Gustavo Martínez.

En una carta enviada el 10 de mayo de 1977 al jefe de inspección de la Presidencia de la República, los presidentes de las juntas de acción comunal de las veredas El Limón, Los Naranjos y Media Estancia se quejaban porque ISA no había pagado las parcelas que compró para construir la Central Hidroeléctrica de Chivor.

"A muchos no les pagaron lo justo y a otros simplemente les tocó irse. Hubo presiones, intimidación y algunas expropiaciones. La gente en medio de su inocencia tuvo que entregar sus tierras. Nunca se previó una reubicación como tal", expresó Martínez. 

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Como este, otros oficios dan muestra de incumplimientos. Uno de ellos consiste en un memorando del primero de marzo de 1989. En el documento, la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos le indicaba al ministro de Agricultura que “las formas utilizadas por los representantes de ISA para hacerse a los terrenos que constituyen la gran expansión que abarcó la represa fueron desacertadas, antitécnicas, inconsecuentes, injustas y aún inhumanas en un alto número de casos, lo cual causó de inmediato graves problemas, especialmente económicos, sociales y psicológicos, que posteriormente se agravaron con la inundación”.

El documento, firmado por Elías M. Jaime Molavoque, promotor departamental, señalaba además que “el pago a la mayoría de las familias afectadas (por su terreno) estuvo por debajo de los precios justos y que realmente valían, más cuando no era o fue su voluntad venderlos”.

Teinta años después, el concejal Luis Alberto Alfonso asegura que en Macanal ‘tumbaron’ a la comunidad. “A la gente le hicieron pagos irrisorios; pagaban lo que ofrecía el Estado y punto. Y si no, la expropiaban. Nunca se dio chance de negociar. A mi familia y a mí nos sacaron de allá a la fuerza. Es una gran tristeza porque se trataba de las mejores tierras del pueblo”, recalcó.

Cuando el nivel del agua desciende son adecuados pasos peatonales al interior del embalse para que los viajeros puedan acceder a las embarcaciones. Foto: Mauricio Ochoa Suárez/Semana.

Por otro lado, AES Chivor presta el servicio de transporte fluvial solo entre las cinco de la mañana y las seis de la tarde. Eso se ha convertido, para muchos de los habitantes de esta población, en un elemento desintegrador que contribuye a la pérdida del tejido social y las costumbres.

“Los habitantes de las cinco veredas ubicadas al margen derecho del embalse no pueden quedarse hasta tarde a disfrutar de las fiestas tradicionales o de eventos como el Festival del Agua, con el que se ha intentado sacarle provecho a nivel turístico a esta represa, pues de hacerlo se ven obligados a pagar hotel o un expreso en un carro particular. Esto representa altos costos para los campesinos y su economía no da para tanto”, dijo Leidy Cano, concejal de Macanal. 

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Por su parte, Nelson Gagliardi, jefe de operaciones de la Compañía Naviera, afirmó que esa entidad, contratada por AES Chivor desde 1998 para brindar de manera gratuita el servicio de transporte fluvial de pasajeros, estableció esos horarios con base en la Ley 1242 de 2008 que, entre otras cosas, regula las rutas que deben cumplir las embarcaciones en las represas.

“Acá prestamos el servicio en tres rutas: una permanente que cubre cinco puertos; otra denominada ‘la ruta de hora’, que va parando en los puertos aguas abajo, y una llamada ‘ruta Camoyo’, que va hasta el rebosadero. Además brindamos un servicio para emergencias nocturnas en caso de que haya que pasar una ambulancia, un herido o un enfermo. Funciona a cualquier hora”, explicó.

El funcionario aseguró que para brindar una buena atención cuentan con un parque fluvial compuesto por siete embarcaciones, entre las que se encuentran: tres lanchas de pasajeros para cada una de las rutas, otra de repuesto ante posibles contingencias, un planchón para carga y semovientes, y dos ferris, uno para vehículos y otro mixto. 

Hugo Alberto Cortés, inspector fluvial del Ministerio de Transporte, corroboró esa información y señaló que la Compañía Naviera cumple con la normatividad. “No hemos tenido ningún problema, cumplen con los horarios y rutas, al igual que con los estándares técnicos y los protocolos de seguridad. A veces se presentan quejas, pero lo que pasa es que la gente no entiende que este no es un servicio personalizado. Quieren que apenas lleguen, la lancha los conduzca de inmediato a su destino y en ocasiones eso no se puede”, comentó.  

La Naviera, en promedio, transporta mensualmente entre 14 y 15 mil pasajeros, los cuales son atendidos por las 16 personas que laboran en esa compañía, la mayor parte oriundos de esa región ubicada en la provincia de Neira.  

Esa entidad agregó, además, que en los 21 años que vienen haciendo presencia en esa zona, solo se han cerrado cinco puertos como máximo. 

Las compensaciones siguen en veremos

El 70% del embalse La Esmeralda se encuentra en territorio del municipio de Macanal, en Boyacá. Foto: Mauricio Ochoa Suárez/Semana. 

Antes de que el gobierno nacional tomara la decisión de inundar las 1.260 hectáreas que conforman el embalse, entre lo que hoy son los puertos de Batá I y Batá II, existía un puente sobre el río Batá que permitía a las comunidades pasar a cualquier hora con sus mercancías y sus animales.

Tras el llenado de la represa, en 1975, retiraron el puente. Las comunidades pidieron construirlo de nuevo. Conformaron una comisión negociadora que se encargaría de hacer valer lo estipulado en el plan de obra y en el presupuesto general que contemplaba esa estructura. El Estado, por medio de Interconexión Eléctrica (ISA), empresa que ejecutó el proyecto, se comprometió a estudiar la respuesta.

44 años han pasado desde entonces y no hay asomo del puente. ISA descartó por completo construirlo en el acta de un convenio celebrado con la comisión negociadora el 17 de junio de 1974, aduciendo razones técnicas. A cambio la compañía se comprometió a suministrar y mantener el servicio de un planchón durante 12 horas del día.

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Para compensar la negativa, la empresa planteó adelantar una serie de obras e inversiones, entre las que se encontraba construir una carretera perimetral, electrificar las veredas aledañas al embalse, invertir un millón de pesos para construir el palacio municipal de Macanal y un plan para reforestar los alrededores de los 22,9 kilómetros de longitud que tiene la represa.

En su momento las comunidades aceptaron la oferta, luego intentaron reaccionar, pero ya era demasiado tarde.

Nabor Felipe Londoño, alcalde de Macanal, aseguró que el desconocimiento, la inocencia y la falta de visión de los negociadores de la época no les permitió exigir lo realmente justo, pues más del 70 por ciento del área inundada por el embalse se encuentra en jurisdicción de esa población boyacense.  

“Antes, sobre varios pasos del río había puentes peatonales. La empresa entonces tenía que haber restablecido esos puentes al aumentar el nivel del agua, pero nunca lo hizo, al igual que la vía perimetral. Las carreteras que existen fueron hechas por los municipios y no por la empresa o el Estado”, manifestó el funcionario.

Sin embargo, Semana Sostenible tuvo acceso a unos documentos del 1 de noviembre de 1990 que darían cuenta de que ISA sí construyó la vía perimetral. Se trata de la denominada vía Los Militares, entregada al departamento por medio de la ordenanza 058 de 1987. De ser así, esta empresa estatal habría cumplido con esa compensación, al igual que con un gran porcentaje de la electrificación y la reforestación de la ronda.

De mano en mano

Las peticiones de las comunidades se fueron diluyendo luego de la transferencia de ISA a Isagen en 1995, la posterior venta del proyecto hidroeléctrico a la empresa chilena Gener S. A., en 1996, y finalmente tras el negocio con la multinacional norteamericana AES Corporation en 2000. Sin embargo, con incremento de las necesidades, los reclamos volvieron a revivir.   

Ahora le solicitan al Estado y a la empresa de turno construir un puente vehicular entre los puertos Batá I y II. Obra que, según el alcalde de Macanal, costaría alrededor de 26 millones de pesos. Adicionalmente, le piden al gobierno nacional generar una tarifa diferencial en el servicio, pues consideran injusto que en una región que produce el 6% de la energía del país se pague uno de los servicios de luz más costosos.

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El Alcalde también busca que el municipio de Macanal sea incluido entre las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC), ya que considera que los 3.500 millones de pesos que, en promedio, esa población recibe por transferencias vía compensación no se compadecen con el impacto y aporte en territorio y agua que ofrece el municipio. 

"Esos recursos que llegan tienen una destinación específica y solo se puede usar un 10% en programas o proyectos de libre inversión. Nosotros los utilizamos, entre otras cosas, para el pago del transporte escolar de todo el año", apuntó el mandatario. 

El municipio de Macanal recibe anualmente 3.500 millones de pesos, en promedio, por transferencias vía compensación. Estos rubros son destinados para financiar diferentes obras. Foto: Mauricio Ochoa Suárez/Semana. 

Londoño recordó que Macanal fue víctima de una toma guerrillera en 1998 y sobre esa población también ejercieron presión grupos paramilitares. 

"Si pudiéramos entrar a ese listado cualquier empresa podría invertir hasta el 50% de lo que declara de renta en el municipio a través del programa ‘obras por impuestos‘. La declaración anual de AES Chivor está por el orden de los 85.000 millones pesos, osea que ellos podrían destinar hasta $40.000 al año acá y con esos recursos no estaríamos padeciendo por plata para construir el puente", comentó.

Demandaron al Estado 

En 1996 la empresa Isagen, que para ese entonces era propiedad del Estado, vendió la Hidroeléctrica de Chivor por un monto de 644.000 millones de pesos. De esos recursos, el gobierno nacional debía invertir el 10% en la ejecución de proyectos de desarrollo regional en el lugar donde estaba ubicada la actividad principal de la empresa. 

Sin embargo, eso no fue así. De los 495.000 millones de pesos que le correspondieron a la Nación por poseer el 76.88% de las acciones, 49.000 millones de pesos debían correspondonderle a Boyacá, pero solo le dieron 18.000 millones de pesos. Esto significa que aún le deberían 31.000 millones al departamento.   

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En abril de 2018 el Tribunal Administrativo de Boyacá falló a favor una demanda y ordenó indemnizar a siete municipios boyacenses y a uno de Cundinamarca. Se trata de Garagoa, Santa María, Macanal, Sutatenza, Somondoco, Almeida, Chivor y Ubalá (Cundinamarca).

La sentencia ordenaba girar dichos recursos en un plazo de dos meses, pero el Ministerio de Hacienda apeló la decisión. Para el tribunal, esa cartera e Isagen vulneraron los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público al no invertir el 10%. Hasta el momento no se registra ningún pronunciamiento. 

Un generador de desarrollo

El nivel del embalse se reduce al punto que los ribereños aprovechan la tierra que hace parte de la presa para sembrar tomate, arveja, maíz, entre otros productos, previo permiso de la empresa. Foto: Esteban Vega/Semana.

La historia de Macanal tiene dos partes: antes y después de la construcción del embalse La Esmeralda. La ejecución de este proyecto también trajo consigo crecimiento económico y desarrollo social. Se estima, por ejemplo, que la primera y la segunda etapa de edificación generaron más de 5.000 empleos.

Actualmente, en la central hidroeléctrica trabajan cerca de 130 personas, la mayor parte oriunda de esa región conocida como el Valle de Tenza, o de otras provincias de Boyacá. “Un proyecto de esta edad (50 años) ya no tiene grandes actividades por desarrollar, salvo aquellas periódicas de inspección y mantenimiento, que se adelantan cada cinco u ocho años”, señaló Óscar Pérez, coordinador de Gestión Social de AES Chivor, quien agregó que con frecuencia esa compañía utiliza los servicios de más de 15 empresas de la región en temas de servicios.

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El funcionario destacó, además, que esa compañía invierte cerca de 4.000 millones de pesos al año en su política de responsabilidad social. “1.000 millones de pesos anuales destina la empresa en comprar predios para la restauración natural. Hasta el momento ya hemos adquirido más de 450 hectáreas”, dijo.

Pérez resaltó que esta clase de embalses también ayudan a regular la cuenca, ya que las grandes crecientes provienen de los ríos Batá, Tunjita y Rucio (Negro), principales afluentes de La Esmeralda. “El caudal promedio que le llega al año al embalse está entre los 60 y 70 metros cúbicos por segundo, pero en invierno han llegado crecientes de hasta 1.400 metros cúbicos por segundo, de tal suerte que, si no existiera la represa, estas aguas bajarían por el río Batá, generando fuertes inundaciones”, resaltó.

Frente a los temas del puente vehicular sobre el embalse y la carretera perimetral, el coordinador afirmó que si esos compromisos existieran realmente, la compañía los habría respetado. Así, lo hace con la obligación heredada de garantizar gratuitamente el transporte fluvial los 365 días del año y el transporte terrestre, ida y regreso, todos los días, desde la vereda Media Estancia hasta el casco urbano del municipio.

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Pérez deja claro que una compañía privada no tiene por qué sustituir al Estado. “Lo que hacemos es unir esfuerzos con el gobierno para poder mejorar las condiciones de vida de la gente en las zonas”, apuntó.

La empresa, de igual manera, transfirió recursos vía compensación de energía, en 2018, por el orden de 27.409 millones de pesos, a los 35 municipios que conforman la cuenca o aportan tierra al embalse, así como a las cuatro corporaciones autónomas regionales que tienen injerencia directa sobre ese territorio (CAR, Corpochivor, Corpoboyacá y Corpoguavio).

“Del 6% de la venta bruta que por norma se debe transferir, 3% se destina a los municipios y otro 3% se le entrega a las corporaciones. Macanal, por ser el municipio que más territorio y fuentes hídricas aporta, recibe un porcentaje mayor”, explicó.

Este es solo un ejemplo de lo que sucede con los proyectos hidroeléctricos en el país, en los que la debilidad de la institucionalidad estatal queda en evidencia. Bien sea por exceso de permisividad con las empresas a la hora de otorgar licencias, hacer estudios y exigir compensaciones, o porque descargan toda la responsabilidad en estas compañías. Es decir, buscan que estas garanticen derechos como salud y educación, por mencionar algunos, que corresponden a los gobiernos. Al final del día, las comunidades y el medioambiente terminan ‘sin el pan y sin el queso‘.