En 1960 se declaró el primer Parque Nacional Natural en Colombia. Fue en el Huila: Cueva de los Guácharos. Desde ese entonces hasta los 90 los guardaparques colombianos tenían en su dotación un arma de fuego.

Con la creación del Ministerio de Ambiente y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas sus únicos escudos son un uniforme con un oso de anteojos y el código de recursos naturales. El mismo que durante tes años portó Wilton Orrego León, el funcionario del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, asesinado el lunes 14 de enero dentro del área de conservación.

Lo sucedido con Wilton prendió una alarma que en 2018, Julia Miranda, directora de Parques Nacionales Naturales (PNN), ya había alertado. La entidad interpuso 17 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por intimidaciones a jefes o equipos completos de guardaparques en 11 reservas ambientales del país. “Nosotros tenemos amenazados, por ejemplo, a todos los funcionarios del parque Los Picachos y por eso nos tocó sacarlos del área. Además, hay amenazas contra quienes trabajan en Tinigua, La Macarena, La Paya, Nukak, Paramillo, Sanquianga, Las Orquídeas, Farallones y Catatumbo Barí”, afirmó Miranda. En el caso de Sierra Nevada de Santa Marta, su jefe también está amenazado.

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La violencia alrededor de los PNN y sus funcionarios no es nueva. Desde siempre han sido territorios en disputa. Áreas de gran interés para los diferentes grupos al margen de la ley, que han sido usadas para el desarrollo de economías ilegales como cultivos ilícitos, minería; creación de vías para el tráfico de armas, droga y hasta personas. Fortines de la guerra, que en muchos casos fueron sembradas, no solo con coca sino con minas antipersonales que cobraron la vida de humanos y animales. No es gratuito que a diciembre de 2018, 25 parques tuvieran artefactos explosivos en algunas de sus áreas. Aproximadamente, 1.200 hectáreas, según Descontamina. Y alrededor de estas zonas, sus funcionarios.

“Héroes” como los llama la abogada ambiental, Eugenia Ponce de León. Hombres y mujeres conscientes de la importancia de estos ecosistemas para la preservación de la vida en el Planeta. En las últimas décadas, aproximadamente 17 guardaparques han sido asesinados en el cumplimiento de su misión. Sin contar los amenazados, secuestrados y retenidos.

Frente a este panorama, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) en conjunto con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, capítulo Holanda adelantan una iniciativa que, además de resaltar lo que hacen los defensores del medioambiente, busca que la Justicia Especial para la Paz (JEP) reconozca a los PNN y a sus funcionarios como sujetos de derecho y víctimas del conflicto armado, y que tengan una restauración y sobre todo garantía de no repetición.

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Si bien la firma del acuerdo de paz ha permitido que institutos de investigación descubran nuevas especies, también es cierto que las cifras de delitos ambientales como deforestación y siembra de cultivos ilícitos en Parques han aumentado vertiginosamente. En 2017 se destruyeron 12.000 hectáreas de bosques dentro de estos. Y mientras en 2011 había 3.207 hectáreas de coca en 20 parques, en 2017 se sembraron 8.301 en 16 de estas reservas. Según informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), entre 2016 y 2017 se incrementó en 4 por ciento la coca en áreas protegidas.

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Para Rodrigo Botero, director de la FCDS, este es un momento crucial, pues no se puede esperar a que ocurra otro asesinato para tomar acciones, cambiar el esquema e impedir que tanto los parques como sus funcionarios sean revictimizados en esta etapa de posconflicto. Auque el panorama no sea tan alentador: casi 12% del territorio continental del país son parques, pero, según los cálculos de Botero, para su gestión apenas se cuenta con el 0,03% del presupuesto nacional.