La minería se tomó Cundinamarca

La insistencia de algunos habitantes sobre cómo se hace minería en la región finalmente tuvo eco. La Defensoría del Pueblo requirió información oficial y recorrió zonas rurales de estos tres municipios cercanos a Bogotá. En las visitas se encontraron afectaciones al recurso hídrico; incumplimiento en la aplicación de los planes de manejo ambiental; cambios en la vocación de los suelos, los cuales eran originalmente agrícolas; daños en la infraestructura habitacional y ruptura del tejido social en ciertos sectores de la población.

Por ejemplo, en la vereda San Jorge de Soacha se realiza minería a 3.250 metros sobre el nivel del mar, en zonas de páramo que se encuentran protegidas. Por su parte, en las veredas El Peñón y San Miguel de Sibaté, a un poco más de 2.800 metros sobre el nivel del mar, existen indicios de problemas ambientales, sociales y económicos. Además, preocupa la actividad minera en zona rural de Choachí, cerca del páramo Cruz Verde y del Parque Nacional Natural del Sumapaz.

A todo esto se suma una gran preocupación. Cundinamarca cuenta con 1.013 títulos mineros vigentes, 1.062 solicitudes de contrato de concesión y casi 270 solicitudes de legalización. Es decir, el departamento tiene 2.344 títulos con una extensión de casi 1 millón de hectáreas para uso minero, algunos de ellos con vigencia hasta por 30 años.  Lo anterior ha generado una alerta en la Defensoría debido a la ausencia institucional para realizar controles estrictos que permitan  la compensación en las áreas intervenidas y a la posible incapacidad de reducir los efectos devastadores de la minería.

Las solicitudes para exploración y explotación de minerales en el departamento están disparadas, los municipios con más solicitudes son Yacopí con 50, Guaduas con 45 y Ubalá con 40. Por esa razón la Defensoría también hizo un llamado a otros organismos de control para que hagan presencia en los temas de minería y pidió una participación activa del gobierno sobre todo en temas de prevención.