El próximo viernes 7 de diciembre líderes ambientales, comités promotores de las consultas populares, académicos y movimientos sociales que vienen promoviendo la defensa de los mecanismos de participación ciudadana en Colombia, encenderán velas frente a la sede de la Corte Constitucional en Bogotá.

Con este acto simbólico buscan -según ellos- "iluminar" a este alto tribunal para que respete las consultas populares y previas, y no las deje sin piso jurídico.  

"La consulta popular es una herramienta con la que cuentan las comunidades para tener voz y sentar posición frente a intereses que pretenden imponer a los territorios, por eso es necesario defenderlos", afirmó Carlos Santiago, líder ambiental del municipio de San Martín, en el departamento de Cesar, quien junto a otros representantes de Fusagasugá, San Martín, Cajamarca, Meta, Cundinamarca, entre otros, se dieron cita este miércoles en Bogotá para hacer un diagnóstico, identificar los retos y coordinar agendas comunes en pro de defender los mecanismos que las comunidades tienen para ser partícipes dentro del ordenamiento del territorio y frente al modelo desarrollo económico que quieren que se implemente. 

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"La defensa de los territorios contra la minería es una lucha nacional, pues no solo afectan los municipios o las zonas donde se pretenden iniciar los proyectos, sino todo el entorno ambiental, pues repercute negativamente en todos los territorios", señaló un grupo de liderezas pertenecientes a la cuenca del Sumapaz.

Los asistentes al evento aprovecharon la oportunidad para elevar una alerta por las intenciones que, según ellos, tienen algunos partidos políticos de impulsar una serie de reformas, proyectos de ley y actos legislativos que pretenden imponer medidas regresivas para frenar mecanismos de participación, desvirtuar procesos de reparación y restitución de tierras, generar cambios en el enfoque de los territorios e implementar una política represiva para abordar la movilización social y el diálogo con las organizaciones sociales.

Los líderes ambientales de la región del Sumapaz también advirtieron no solo sobre las amenazas existentes, según ellos, por la posible implementación de proyectos mineros y de fracking, sino además por la construcción de centrales hidroeléctricas en su jurisdicción. 

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"Ante el desconocimiento de las voces de la comunidad, la regresión política en la protección ambiental y la descalificación de los pocos instrumentos de participación ciudadana, para el próximo 7 de diciembre las organizaciones en defensa las consultas populares, de  la consulta previa, el ambiente, la vida y el agua, nos movilizaremos. Además impulsaremos una serie de audiencias públicas, encuentros nacionales de carácter ambiental, regional y nacional, al igual que acciones de carácter jurídicas", recalcaron los líderes.  

La indignación de los movimientos ambientalistas del país se produce tras el pronunciamiento realizado hace unas semanas por la Corte Constitucional, que dejó sin piso jurídico la consulta popular de Cumaral (Meta), dejando en el limbo este proceso de participación ciudadana al considerar que este mecanismo no tiene efectos, en vista de que el subsuelo pertenece a la Nación y no a los municipios.

Adicionalmente, el alto tribunal determinó que las consultas no eran el mecanismo para vetar o frenar proyectos extractivos de minería o hidrocarburos.

Hasta el pasado 31 de julio existían un total de 59 iniciativas de consulta en el tema de hidrocarburos, según la Asociación Colombiana de Productores de Petróleo (ACP).