El tratamiento de los residuos es uno de los procesos que más emisiones de gases efecto de invernadero produce en el mundo, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

En Colombia el panorama es preocupante. Según la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el país existen 101 botaderos a cielo abierto y 15 celdas transitorias, sitios en los que no está autorizado disponer basuras, pero que siguen operando ante la falta de control y políticas públicas de manejo de las alcaldías, entidades que, de conformidad con la ley, son las responsables de asegurar que se preste de manera eficiente el servicio de aseo.

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Por esta razón, cada tanto los rellenos sanitarios como los botaderos son noticia, bien por deslizamientos o porque las comunidades que viven en sus inmediaciones protestan, cansadas de los malos olores, la proliferación de insectos y roedores, o la contaminación del suelo y el agua. También acaparan la atención, de cuando en cuando, porque sus operadores son objeto de sanciones por incumplir las normas.


Dieciocho rellenos sanitarios, en los que se deposita el 36 por ciento de todos los residuos del país, están en estado crítico, según el Ministerio de Vivienda. Foto: archivo / Semana. 

Anomalías como estas se estaban presentando en el relleno sanitario del municipio de San Roque, en Antioquia. En vista de esta situación un grupo de 11 estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, sede Amalfi, interpuso una acción popular ante el Consejo de Estado contra la Alcaldía de San Roque, Empresas Públicas de Roque y la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), la cual fue admitida y ganada. 

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La sentencia, que ratificó, en gran medida, el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia del 31 de octubre de 2019, protege los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico, y el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y la conservación de las especies animales y vegetales, así como el derecho a la salubridad pública, dado el funcionamiento inadecuado del Relleno Sanitario Las Violetas del municipio de San Roque.

Entre las pretensiones que perseguían los jóvenes con esta acción judicial se encontraban el cierre del relleno sanitario Las Violetas para recuperar el entorno, la adopción de medidas para el control de emisiones de material particulado, olores y plagas, así como la reubicación y construcción del relleno que cumpla con las exigencias establecidas en la normatividad vigente.   


Varios rellenos del país no cumplen con las normas técnicas ni de planeación para operar. Foto: archivo /Semana.

Sobre el particular, el Consejo de Estado señaló que como consecuencia de la finalización de la vida útil del relleno era necesario que las entidades demandadas emprendieran un plan de cierre, clausura y post-clausura, y procedieran a adelantar las diligencias necesarias para la construcción de uno nuevo

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En el primer semestre de 2018, la primera cohorte de derecho de mencionada sede de la universidad, de acuerdo a los criterios de la práctica Clínica Jurídica en Derecho Público, en el marco de las prácticas del Consultorio Jurídico, seleccionó esta problemática para desarrollar su estudio en razón al impacto ambiental y las afectaciones con relación a la salud pública de la comunidad aledaña al relleno.

Los estudiantes que presentaron la acción fueron Jessica Carvajal Aguirre, Edgar Bedoya Román, Melissa Durango Vélez, Dania Valderrama Mosquera, Jorge Ruiz Castañeda, Cristina Arango Hernández, Sonia Escalante Henao, Xiomara Cortés Preciado, Alexis Parra Jiménez, Doris Jaramillo Velásquez y Gricélida Álvarez Sierra, orientados por la profesora Juliana Pérez Restrepo.

El municipio de San Roque tiene una población cercana a las 17.000 personas que producen en promedio 1.068 toneladas de residuos al año, de las cuales sólo el 4 por ciento se reciclan y se reincorporan a procesos productivos, según Cornare. 

El 55% por ciento de estos desechos provienen de residuos orgánicos. De total de desechos generados, el 96%, es decir, 1.025 toneladas son dispuestas en el relleno sanitario, cuya vida oficial útil que terminó en 2020.