Una espesa mancha de petróleo se deslizaba lentamente por uno de los exuberantes cerros que conforman el Parque Natural Regional Serranía de las Quinchas hasta desembocar en la quebrada La Cristalina. 

Transcurría la mañana del sábado 21 de julio cuando un grupo de ambientalistas, acompañados por algunos lugareños, que se desplazaban por la vereda La Cristalina, en Puerto Boyacá y se percataron del derrame de crudo. 

Para tener evidencias decidieron grabar con sus celulares y tomar fotografías que, posteriormente, fueron enviadas a autoridades como la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), entidad que ejerce control sobre esa zona, así como la Alcaldía de Puerto Boyacá. Adicionalmente, las publicaron en redes sociales con el fin de lograr un mayor impacto. 

Finalmente, el clamor de los denunciantes fue escuchado, pues tanto la empresa Ocensa S.A., operadora Oleoducto Central, como la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la Procuraduría y la corporación autónoma adelantaron inspecciones a la zona para evaluar la situación. 
Corpoboyacá señaló inicialmente que la fuga se había presentado en el tramo La Belleza–Vasconia y advirtió que hubo una incidencia directa sobre la quebrada La Cristalina, contrario a lo reportado en primera instancia por Ocensa, empresa que a través de una carta enviada al alcalde de Puerto Boyacá, Óscar Botero, el 22 de julio de 2018, informó que no se registraba afectación sobre ese cuerpo de agua y que, de manera preventiva, se iban a instalar varios puntos de control.  

"Se están realizando monitoreos con el fin de determinar la cantidad de petróleo vertido sobre este afluente, al igual que los daños que se pudieron ocasionar en el ecosistema. La información recopilada por nuestro personal de control y vigilancia nos permitirá emitir un concepto técnico que será entregado a la Anla para que esa entidad establezca si se inicia o no un proceso sancionatorio, pues esa agencia es la responsable de verificar el cumplimiento del plan de manejo ambiental de la empresa operadora, es decir, Ocensa", comentó en su momento Ricardo López Dulcey, director de Corpoboyacá en una entrevista con Semana Sostenible.   

El funcionario agregó además, que se iba a realizar un estudio pormenorizado de las afectaciones, y así fue. Después de varias inspecciones, esta autoridad ambiental logró corroborar la presencia de petróleo en el primer punto de control, muy cerca al sitio de la fuga.

Sobre el particular, Ocensa informó que primero procedió a suspender el bombeo del crudo, luego instalaron tres puntos de control con barrera mecánica en la quebrada La Cristalina, posteriomente adelantaron un recorrido de verificación junto con la comunidad para confirmar que no se presentaron afectaciones, se identificó el origen de la fuga y después se reparó la falla. 

"De acuerdo a los resultados de los monitoreos de calidad de agua y las inspecciones diarias realizadas en el cuerpo hídrico no se evidenció ninguna afectación. Actualmente se adelanta la recuperación del suelo, así como la limpieza de piedras, raíces de árboles y el retiro de hojarasca", señaló la empresa por medio de un informe del incidente en el que se indicó que tampoco se evidenció daños frente a la fauna. 

La compañía también explicó que fue implementado un plan de manejo de riesgos y que en el inventario biótico fueron identificados 61 individuos arbóreos. Así mismo, que en el marco de la emergencia hubo que talar cinco árboles, debido a las condiciones de riesgo de volcamiento que registraban. 

"Los resultados de los monitoreos recibidos de la quebrada La Cristalina muestran que no se presentó ninguna afectación y fueron enviados a las autoridades ambientales en el marco de los informes de seguimiento. Ocensa contrató a laboratorios expertos certificados para que, de modo independiente, tomaran muestras de agua en la quebrada en diferentes sitios aguas arriba y aguas abajo del lugar del evento. Además, para que se realizaran análisis de las muestras para asegurar la ausencia de trazas de crudo en el cuerpo de agua", dijo Ocensa. 

La Serranía de las Quinchas está compuesta por un área de 860 kilómetros cuadrados de bosque tropical lluviso y nublado. Foto: archivo/Semana. 
En contraste, los informes preliminares adelantados por Corpoboyacá indicaban que la fuga de crudo venía presentándose desde hacía dos meses, aproximadamente, sin que Ocensa ni la Anla se hubieran percatado del hecho. 

Según la Corporación la mancha de petróleo se extendió por un área de 250 metros cuadrados, afectado de manera considerable el suelo, la cobertura vegetal y el lecho de la quebrada.

Sin embargo, el proceso no paró allí, pues Corpoboyacá continuó desarrollando visitas, producto de las cuales logró constatar que después de dos meses de haber ocurrido el derrame seguían registrándose en el área afectada, filtraciones de petróleo en cuatro puntos de la ladera. 

"Estas filtraciones se presentan sobre roca tipo laja, verificando que en uno de estos puntos se registra la mayor cantidad de crudo almacenado en un apique de 1m x 1m aproximadamente, y con una profundidad entre 30 y 50 cm, que varía de acuerdo al proceso de recolección del mismo que realiza diariamente Ocensa”, explicó la Corporación en un informe publicado el primero de octubre de este año. 

En el documento, la autoridad ambiental expresó que en los puntos de filtración de crudo, Ocensa ha venido realizando remoción de suelo y de roca con el fin de encontrar el origen de la misma. También recalca que dicha compañía ha instalado barreras oleofílicas para absorver el crudo filtrado como medida preventiva.

Esta anomalía ha venido siendo denunciada por algunas autoridades de Puerto Boyacá y varios grupos ambientalistas que, como estrategia para llamar la atención del Gobierno nacional plantearon, por ejemplo, el desarrollo de una ‘Tuiteratón‘ con los hashtag #JusticiaParaLasQuinchas y #JusticiaParaPalagua, con el objetivo de que las petroleras respondan por la contaminación generada. 

"El pasado 27 de septiembre acompañé al Comité Municipal de la Gestión del Riesgo a la zona donde se registró el derrame ocurrido en julio en el Parque Natural Serranía de Las Quinchas y se evidenciaron las filtraciones de crudo que hay todavía en la zona. Estando allí empezó a llover y las aguas de escorrentía bajaron por la ladera, contaminándose con el crudo; luego cayeron a la quebrada La Cristalina. Por lo tanto, se sigue contaminando ese afluente", manifestó Robinson Montoya Pérez, concejal de Puerto Boyacá, a través de un video. 

La Procuraduría también intervino

Paralelamente a las visitas adelantadas por Corpoboyacá, Ocensa y la Anla, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios de Boyacá adelantó otra inspección 10 días después de conocerse el derrame de crudo (31 de julio). 

Para la tal fin este órgano de control creó un equipo que se encargó de emitir un concepto técnico-jurídico que logró constatar la ubicación de tres puntos de control: "uno sobre el área crítica de la emergencia, otro sobre el sitio ecoturístico conocido como Marroco y el tercero cerca al puente de la vía entre Puerto Romero y Otanche", señaló el portal entreojos.co, que logró acceder al informe a través de un derecho de petición.  

Según el documento presentado por Alicia López Alfonso, procuradora 32 Judicial Agraria y Ambiental de Boyacá, fue Ocensa S.A. la encargada de tomar las muestras en la quebrada La Cristalina y no la Anla, para adelantar el análisis físico–químico en un laboratorio contratado por esa empresa. 

Esta actuación fue catalogada por el Ministerio Público como irregular, pues desde su criterio la Anla debió haber efectuado sus propios análisis que le permitieran contar con información objetiva sobre los daños reales generados por la emergencia al ecosistema de la Serranía de las Quinchas. 

"Eso explicaría la celeridad con la que, tanto Ocensa S.A. como la Anla, reportaron que no había flujo de combustible sobre la quebrada", afirmó el ente de control, que aseveró que las consecuencias por un derrame de hidrocarburo son nefastas para la biodiversidad y los ecosistemas y más en un área protegida cuyo fin último es el de proteger a perpetuidad las biocenosis, los recursos genéticos y las especies silvestres amenazadas.

Para la Delegada para Asuntos Ambientales la Agencia Nacional de Licencias Ambientales no estuvo a la altura de su responsabilidad para "constatar, exigir el cumplimiento de los términos, condiciones que se derivan de la Licencia Ambiental y del Plan de Manejo Ambiental (PMA) en corroborar el comportamiento de los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos, y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto, de imponer, de ser el caso, medidas ambientales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto”, explicó en el informe.  

Este ecosistema se ubica en el valle medio del río Magdalena, en las estribaciones de la Cordillera Oriental de los Andes. Foto: archivo/Semana.  
Finalmente la Procuraduría realizó una serie de recomendaciones a la Anla y a Corpoboyacá, entre las que se destacan la realización de una evaluación integral a nivel biológico y ecológico que determine la dimensión real del impacto ocasionado por el derrame de petróleo sobre el bosque húmedo tropical.

Asimismo, adelantar un estudio técnico-morfodinámico detallado del comportamiento del suelo en el área impactada a fin de descartar fenómenos de movimientos en masa y realizar un seguimiento exhaustivo a los resultados arrojados por los piezómetros (medidores enterrados en el suelo) para determinar la magnitud en profundidad y extensión del hidrocarburo permeado en el suelo y en las formaciones sedimentarias.

El ente de control también ordenó a la Anla y a Corpoboyacá realizar la revisión del plan de mantenimiento y control de los oleoductos y gasoductos que se encuentren al interior de  las áreas protegidas del departamento con el objeto de prevenir futuros accidentes que atenten contra el suelo, subsuelo, fauna, flora, agua, aire y demás recursos naturales presentes en el territorio.
También la Procuraduría le ordena a la Anla dar inicio a los procesos sancionatorios ambientales que se deriven de la emergencia y que están relacionados directamente con los evidentes daños sobre el Parque Nacional Natural Serranía de las Quinchas.

Semana Sostenible se comunicó con la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Anla para obtener una versión sobre los hechos, pero no fue posible tener una respuesta por parte de su director, Rodrigo Suárez Castaño. 

Sin embargo,a través de un comunicado de prensa, el funcionario informó que esa entidad realizará un nuevo seguimiento a la quebrada La Cristalina y explicó que apenas se supo sobre la contingencia registrada en la Serranía de las Quinchas ordenó una visita técnica a la zona. Adicionalmente, dio a conocer que está pendiente una adicional que se produciría en los próximos días.
"Hay que diferenciar dos procesos que son diferentes: una que es la atención de la contingencia y otra el proceso sancionatorio, que tiene alrededor de siete etapas”, precisó Suárez Castaño.
El Director de la Anla indicó que en Boyacá esa la entidad tiene bajo su competencia 32 proyectos, 16 de los cuales son de hidrocarburos (exploración, explotación y transporte).
Llegó hasta el Congreso

La presión realizada por los colectivos ambientales y varias autoridades llamó la atención de algunos congresistas boyacenses que propiciaron la realización de un debate de control político a las empresas petroleras que tienen asiento en la zona, así como a las autoridades ambientales, tras los problemas de contaminación registrados en la Serranía de Las Quinchas.

En la Comisión Quinta del Senado se llevó a cabo la audiencia a la que asistieron el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, así como representantes de la Anla, Ocensa, Ecopetrol, el Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y las comunidades, entre otras entidades. 

Previo a la actividad, el senador Jorge Eduardo Londoño, ponente del debate, había señalado que la idea era escuchar a los que le han causado daños al parque con el derrame de petróleo, frente a qué van a hacer y cómo van a restablecer lo que se ha perdido en ese ecosistema. 

Este parque natural está catalogado como un área estratégica para las aves. Allí viven poblaciones de especies de rango restringido y amenazadas a nivel mundial. Foto: archivo/Semana. 
"Fue un debate inconcluso, porque se le estaba solicitando a la Anla que ejerciera realmente sus potestades sancionatorias en contra de Ocensa por los impactos ambientales que han generado en la Serranía de las Quinchas; sin embargo, esa entidad se excusó en que estaban, en este momento, en un trámite probatorio. Entre tanto, la intervención del Ministro de Ambiente y el Viceministro de Minas también fue un poco parca porque simplemente se limitaron a emitir un pronunciamiento desarrollista en favor de las actividades minero-energéticas  y no en promover una transición energética más amigable con el medio ambiente", manifestó Camilo Altamar, representante de la comunidad de Puerto Boyacá. 

El líder ambiental afirmó que lo único que quedó establecido fue la realización de una investigación contra las empresas multinacionales que tienen asiento en la zona. 

"Por mi parte toqué el tema de la importancia de los parques naturales y el impedimento jurídico existente para ejercer actividades extrativistas de hidrocarburos. Además le solicitamos a las multinacionales que se aprovechan de los recursos naturales que hay en la región, que nos acompañen en la implementación de una transición energética basada en el ecoturismo, la economía agroecológica, los estudios de bienes y servicios ambientales, y los observatorios de fauna y flora que puedan ser modelos sostenibles", apuntó. 

Por su parte, la senadora Sandra Ortiz, comentó que no quedó satisfecha con el debate y las explicaciones dadas por las partes. 

"Yo no quedé tan contenta porque los ministros, la Anla y las empresas hablaron, pero no nos dieron un informe real de los pasivos ambientales  que generó este desastre ambiental. Además, no hay sanciones drásticas, ni siquiera económicas, todavía sobre este tema. Hay buena intención, pero cuando pasan este tipo de catástrofes lo que nosotros queremos son sanciones fuertes para las empresas o para los contratistas que los ocasionan. Sin embargo, hoy no pasa nada en este país. No salí satisfecha con esa respuesta del Gobierno. Esperamos que actúen", puntualizó ortiz.