"Que se gobierne de una manera integral y se legisle para la vida". Ese fue el llamado que Francisco Vera, un niño integrante del movimiento ambiental Guardianes por la Vida, hizo al término de una rueda de prensa donde un grupo de 20 congresistas de distintas bancadas y organizaciones informaron las razones por las cuales radicaron un incidente de desacato ante el Consejo de Estado.

La medida del grupo es contra el Decreto 328, que fijó los lineamientos para adelantar los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) sobre Yacimientos No Convencionales (YNC) de hidrocarburos con la utilización de fracking. 

La acción jurídica basa su argumento en que el Gobierno nacional está incumpliendo las condiciones dadas por el propio Consejo de Estado para avanzar con los pilotos y cuyos parámetros están forjados en las recomendaciones efectuadas por el panel de expertos que fue creado en 2019. 

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Para la parte que interpuso el incidente, el decreto no incorpora los pasivos ambientales (impactos ambientales no resueltos o compensados) que ha generado la industria de los hidrocarburos en yacimientos convencionales.

"El cierre de los efectos que podrían generar los pilotos que avaló el Consejo de Estado, no quedaron contemplados en el decreto, que omite, burla e incumple la orden del Alto Tribunal y las recomendaciones del panel de expertos en el tema de los pasivos ambientales. Le van a dejar las afectaciones a los territorios luego de los pilotos", dijo la senadora Angélica Lozano. 


Los impactos ambientales que dejen los proyectos piloto no fueron contemplados en el decreto, según la parte que interpuso el incidente. Foto: archivo/Semana. 

Según los accionantes, la resolución tampoco contempla un plan de acción concreto para desarrollar las capacidades y el fortalecimiento institucional. "No observa los estándares legales para garantizar integralmente la transparencia y el derecho de acceso a la información, ni establece una disposición que regule el concepto de licencia social y la forma en que esta se otorga por parte de las comunidades locales". 

De igual forma, advierten que no contiene una estrategia de gestión del riesgo en los términos de las recomendaciones del comité de expertos, pero sí disposiciones que no garantizan el carácter científico de los Proyecto Piloto de Investigación Integral.

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El senador Gustavo Bolívar sostuvo que frente al rigor científico hay un conflicto de intereses, ya que las investigaciones y evaluaciones sobre los resultados de los pilotos las deberían hacer personas externas. "Acá las mismas instituciones gubernamentales serán los que evaluarán los datos arrojados en las diferentes etapas. Estamos hablando de los ministerios de Minas, Ambiente y Salud", comentó. 

El congresista consideró que los pilotos tienen una fachada científica, pero en realidad serían una autoevaluación.   


Quienes intervienen en el incidente de desacato aseguran que el país no cuenta con las instituciones lo suficicntemente robustas para regular la técnica del fracking. Foto: archivo/Semana. 

El también senador Jorge Eduardo Londoño afirmó que el decreto tampoco expresa claramente la manera como las universidades, los especialistas y las comunidades podrán apoyar la investigación. "Además, las bases en materia de salud se las deja al Ministerio del Interior en coordinación con el de Minas, lo que representa claramente un conflicto de intereses", expresó. 

Para Londoño no existe la suficiente información científica, por ejemplo, en el tema de agua subterránea ni un inventario completo de flora y fauna, y mucho menos estudios sobre impactos en la salud en los territorios sonde se pretenden efectuar estos pilotos

"El facking no se va a hacer en Bogotá, Cali o Medellín, se va hacer en los pequeños municipios donde sus gentes son las que van a sufrir los riesgos", dijo Londoño para quien el Gobierno nacional está utilizando la pandemia como escudo para sacar normas que van en contra del medioambiente y los territorios. 

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El senador Antonio Sanguino afirmó que el decreto 328 expedido en febrero de este año iba en contravía de los compromisos y convenios internacionales firmados por Colombia en materia de acceso a la información y participación ciudadana

"Las comunidades rurales en donde se pretenden realizar los pilotos como en el valle del Magdalena Medio, no tienen acceso a internet y, por tanto, no cuentan la posibilidad de evaluar y participar activamente en decisiones que van a ser trascendentales para su desarrollo y la vida misma. No se les están garantizando sus derechos en esta materia", apuntó. 

Agregó que esa participación se ha visto aún más violentada y vulnerada en tiempos de coronavirus, donde las autoridades obligan a las personas a estar confinadas para evitar el contagio. 


El decreto, al parecer, no ofrece plenas garantías de participación y acceso a la información por parte de la comunidad. Foto: archivo/Semana. 

Cesar Pachón, representante a la Cámara, sostuvo que el decreto suscrito no garantizaba la debida gestión del riesgo ni una oportuna evaluación del mismo. Enfatizó que faltaba capacidad institucional para aplicar la normatividad ambiental en el país.

"Con los pilotos se pretende generar el daño para después mirar cómo lo tapamos, pero no nos enfocamos en prevenir", señaló Pachón, para quien lo mismo pasa con las instituciones a las que les dirán qué deben hacer por el camino y no previamente, lo que indica una falta de planeación. 

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El también representante a la Cámara Wilmer Leal, afirmó que técnicamente el decreto está en vigencia y se estaba aplicando en la fase previa, pese a que no se cumplían con muchos de los criterios que ordenó el Consejo de Estado. "Esperamos que se revisen y cumplan a cabalidad los lineamientos que exigió la comisión de expertos y el mismo Alto Tribunal", expresó. 


En el Consejo de Estado cursa el proceso que mantiene suspendido el marco regulatorio para realizar exploración y explotación de fracking en el país. Foto: archivo/Semana.  

Carlos Andrés Santiago, integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking, afirmó que decidieron firmar el incidente de desacato porque varias medidas, que no fueron incluidas en el decreto, han seguido avanzando en convocatorias y acuerdos que ha hecho el Gobierno en el marco de la pandemia, sin brindar las garantías de participación ni intervención jurídica requeridas

"Esperamos que el Gobierno no siga pasando por encima de las decisiones de los territorios y de las comunidades", dijo. 

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Estefany Grajales, lideresa del Magdalena Medio, aseguró que la aprobación de este decreto fue recibida con mucha tristeza en el territorio. "Las comunidades que habitamos allí nos encontramos demasiado indignadas y preocupadas porque esta ha sido una región muy sacrificada por muchos años. El sector de hidrocarburos lleva más de 100 años realizando explotación de manera convencional y las consecuencias ya las estamos viviendo. Somos comunidades que ya no creemos en las promesas de desarrollo que dicen traer estas actividades extractivas, porque llevamos tantos años de explotación y no contamos con agua potable ni diagnósticos claros de que está pasando en materia de salud pública y contaminación", mencionó. 

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Expresó que las comunidades no están siendo informadas ni partícipes activamente en la toma de decisiones. "En el decreto no aparece por ningún lado el tema de la licencia social y eso va a generar muchos más conflictos porque donde no hay participación, se agrandan los problemas socioambientales", apuntó. 


Los habitantes del Valle del Magdalena Medio están divididos. Algunos apoyan el fracking y otros están en desacuerdo con su implementación. Foto: Pilar Mejía/Semana. 

Juana Hofman, abogada de AIDA, espera que antes de tres meses ya se tenga una decisión frente al incidente de desacato interpuesto, antes de se realice la audiencia de alegatos de conclusión en el proceso que tiene hasta ahora suspendido el marco regulatorio para la exploración y explotación a través de la técnica de fracking en el país. 

En caso dado de que la decisión salga en contra, las diferentes organizaciones y congresistas estudiarían otras instancias jurídicas e internacionales para impedir la realización de los pilotos de fracking sin el debido cumplimiento de los requisitos establecidos. También acudirían a la movilización social en los territorios.