Rodrigo Negrete.

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“La actividad extractiva de minerales como se desarrolla actualmente es inconstitucional”

La normatividad y reglamentación de la minería en Colombia son, tal vez, los aspectos más cuestionados. Rodrigo Negrete Montes, abogado y miembro del grupo investigador de la Contraloría, habló con Semana Sostenible acerca del tema.

1 de diciembre de 2013

Semana Sostenible: ¿La forma en que se otorgan los títulos mineros en Colombia aumenta los impactos que genera esta actividad?

Rodrigo Negrete: Debería existir un mecanismo de selección objetiva que permita otorgar títulos al mejor postor, como sucede en otros sectores, como infraestructura o hidrocarburos, a través de licitaciones públicas, porque finalmente se está concesionando nada menos que los recursos de la Nación. Pero en minería lo que se tiene es el principio malsano de ‘primero en el tiempo, primero en el derecho’. No hay una evaluación de las cualidades de a quién se le otorgan los títulos y mucho menos la cantidad. Una persona puede tener cien, doscientos o mil.

Semana Sostenible: El presidente Santos habla de las áreas estratégicas mineras como una forma de proteger el medioambiente, ¿qué está pasando con estas zonas?

R.N.: La norma prevé una selección objetiva de áreas estratégicas, pero esto no se ha desarrollado todavía. Además tiene problemas de legalidad por la falta de consulta previa. Ya hay tutelas que han suspendido esas áreas estratégicas mineras. Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente detuvo el tema hasta que se zonifiquen las reservas forestales. Lo curioso es que la figura de las áreas estratégicas no rige para las solicitudes que ya estaban en curso cuando se expidió la norma, lo que deja por fuera proyectos como el de Santurbán o La Colasa. 

Semana Sostenible: ¿Qué está pasando con la consulta previa y la participación ciudadana? 

R.N.: Son derechos fundamentales. Con la primera se pretende garantizar los derechos de las comunidades étnicas, pero en todos los procesos se está excluyendo a quienes habitan los territorios. La minería se impone sobre lo que quieren las comunidades, lo que hace que la actividad extractiva en este país abiertamente inconstitucional, pues desconoce los derechos fundamentales de los colombianos y privilegia a unos pocos.

Semana Sostenible: ¿Es ilógico que la licencias ambientales solo se otorguen para procesos de explotación? 

R.N.: Cuando se expidió la Ley 99 de 1993 toda actividad minera requería licencia ambiental, es decir, tanto en la exploración y la explotación. En 1995, el decreto 501, que tenía que ver con el registro y catastro minero, deslicenció la exploración y el Código de Minas de 2001, la terminó de abolir. No se dan cuenta de que la minería es una sola así tenga dos fases, los proyectos deben concebirse como uno solo y estar licenciado todo. 

Semana Sostenible: ¿Esto quiere decir, que vamos como los cangrejos en lo que tiene que ver con normatividad y reglamentación?

R.N.: Sí, vamos para atrás. Somos más facilistas y tenemos menos rigor a la hora de otorgar las licencias. Tampoco hay normas que regulen los pasivos que quedan después de una explotación minera porque esta actividad, sin duda, destruye los recursos naturales. No hay forma de recuperarlos completamente.

Semana Sostenible: Los entes territoriales se quejan de que el Gobierno Nacional es quien toma las decisiones sobre la explotación de sus recursos, ¿cómo ve esto?

R. N.: El Estado en su afán de privilegiar la actividad minera desconoce su núcleo central que son los municipios, y eso también es inconstitucional. Con el Decreto 934 de 2013 el Gobierno Nacional desconoce la facultad de los municipios para ordenar su suelo, razón por la cual esta norma ya tiene tres demandas: la del Distrito Capital, la de la Federación de Municipios y la de la Contraloría. El tema es complicado, ya que un Estado que desconoce a sus habitantes, no es viable. Y no es que estemos satanizando la minería, es que todo tiene un punto de equilibrio, pero en este caso, ese punto se rompió hace rato a favor de las empresas y la minería, y en contra de los intereses locales y ambientales. 

El investigador 

Rodrigo Negrete Montes 
Abogado de la Universidad del Norte de Barranquilla. Desde que llegó a Bogotá ha trabajado en el sector público desde el lado ambiental. Estuvo vinculado con el Ministerio de Ambiente durante 15 años, lo que le dio la experticia y el conocimiento para que ahora sea consultor independiente en este tipo de temas. |