En 2018 fueron asesinados 24 líderes ambientales en Colombia, según el informe anual que realiza la ONG internacional Global Witness. Esta cifra convirtió al país en el segundo más peligroso para quienes se dedican a proteger el territorio y a luchar por los intereses medioambientales. 

Esta es una de las razones por la que los representantes del sector ambiental colombiano venían solicitando desde hace tiempo que el Gobierno nacional firmara y ratificara su presencia en el Acuerdo de Escazú, que fue suscrito a finales de septiembre del año pasado, por 15 países.

La firma será el próximo jueves 12 de diciembre. Luego de este paso, el Presidente deberá ratificar no solo su firma, sino presentarlo ante el Congreso para que sea aprobado por ley de la República. Posteriormente, la Cancillería deberá depositar el instrumento de ratificación. Todo esto se requiere para que sea vinculante. Sucede que los tratados se pueden suscribir y nunca ratificarse entonces no pasa nada porque un tratado solo es vinculante desde su ratificación y entrada en vigor.

Los pasos que vienen serán los siguientes: suscripción o firma por el ejecutivo, aprobación por ley del Congreso, control previo de constitucionalidad por la Corte y ratificación por el ejecutivo con depósito de instrumento.

Este Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación y Justicia en Asuntos Ambientales para América latina y el Caribe, tiene como  prppósito trabajar en la defensa de los derechos ambientales en la región, dada la vulnerabilidad y el número creciente de ambientalistas asesinados que se presentan cada año en esta parte del mundo. Solo en 2018, el número ascendió a 83, más de la mitad del total reportado por la ONG inglesa, que habla de 164 en el contexto global.

El convenio, que se originó como resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible desarrollada en en Río de Janeiro (Brasil) en 2012, es un instrumento creado para la protección del medio ambiente, la participación y la justicia ambiental. Este fue el primer acuerdo internacional que reconoció como deber de los estados la protección de defensores de derechos humanos y ambientales en Latinoamérica. 

Ante la realidad que hoy vive el país, cuando el número de defensores de los territorios asesinados va en aumento, especialmente en departamentos como el Cauca, en donde campesinos y líderes indígenas son víctimas de amenazas y hostigamientos, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, ya le había le solicitado al Presidente Duque, adherirse y firmar ese convenio. 

La noticia fue recibida con beneplácito por parte de las organizaciones ambientales y representantes de la sociedad civil, asociados en la Alianza por el Acuerdo de Escazú, al considerar que representa un compromiso con la agenda climática del país y se convierte en un nuevo acercamiento del Gobierno con la democracia ambiental y los defensores de derechos humanos y ambientales del país.

"Con fundamento en nuestra intención de diálogo constante con el Gobierno, las organizaciones que hicimos seguimiento a la negociación del Acuerdo de Escazú y que participamos activamente en su aprobación, solicitamos la inmediata puesta en marcha y fortalecimiento de la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental (MIDA). Este espacio de gobernanza fue promovido conjuntamente por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la sociedad civil y, finalmente, formalizado mediante la Resolución 1496 de 2018. Entre sus funciones, la MIDA se concibió como la plataforma idónea para promover y hacer seguimiento a la ratificación del Acuerdo de Escazú", informó la Alianza a través de una comunicación.

Clamor Latinoamericano

En un pronunciamiento realizado durante el cuarto día de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP25, que se viene realizando en Madrid (España), los jóvenes de América Latina y el Caribe llamaron a los gobiernos de todo el mundo a declarar la emergencia ambiental y ecológica y garantizar la inclusión y participación de los pueblos ancestrales, indígenas, afrodescendientes y campesinos, en las medidas que se adopten para enfrentar el cambio climático. Solo así, “lograremos el cambio que necesitamos: frenar el aumento de la temperatura del planeta”, aseguraron.

Entre las 15 peticiones que hicieron a los líderes políticos reunidos en territorio español, hicieron especial énfasis en el Acuerdo de Escazú, un tratado único en el mundo para proteger a los líderes ambientales y reconocer y fortalecer su labor. "Es una oportunidad para América Latina si tenemos en cuenta que en la región aumentan diariamente los conflictos sociales y ambientales. Colombia, por ejemplo, es el segundo país con mayor número de este tipo de conflictos según el Atlas de Justicia Ambiental. De los 33 países de la región, 21 han firmado y solo cinco han ratificado. Aún faltan países como Colombia, Chile, el Salvador, Honduras, entre otros", dice la declaración.