Habitantes de Tolima temen por las afectaciones que pueda llegar a sufrir el Río Saldaña por proyecto minero de oro a cielo abierto. Foto: WIKIRAICES

MEDIOAMBIENTE

Procuraduría apoya tutela contra Cortolima y mina de oro Apone

El ente de control respalda los argumentos expuestos por los accionantes y le pidió al juez tutelar los derechos fundamentales al ambiente sano, al agua y al debido proceso. El proyecto afectaría un bosque y el distrito de riego del río Saldaña.

23 de julio de 2020

Un espaldarazo acaba de darle la Procuraduría General de la Nación al grupo de ciudadanos que interpuso una tutela en contra de la mina de oro a cielo abierto Apone sobre la cuenca del río Saldaña, entre las veredas Santa Rosa y Balsillas, en jurisdicción de los municipios de Ataco y Chaparral (Tolima). 

El Ministerio Público respaldó los argumentos expuestos por los accionantes y le pidió al Juez Segundo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, Carlos Daniel Cuenca Valenzuela, tutelar los derechos fundamentales al ambiente sano, al agua y al debido proceso.

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El ente de control cuestionó la licencia ambiental que otorgó el 12 de diciembre de 2019 la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) a la empresa Agregados Ingecol y Construcciones SAS tras señalar que dicho acto administrativo iba en contravía del interés público y de lo previsto en la Constitución Política, las leyes y los reglamentos ambientales. 

Para la Procuraduría se evidencia la ausencia de estudios técnicos sobre el impacto de la mina en el agua, el aire y el suelo. Adicionalmente, llamó la atención sobre la falta de conocimiento sobre si el área de desarrollo del proyecto minero se encuentra o no dentro de la ronda hídrica del río Saldaña. 

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El Ministerio Público también sostiene que se desconocen los riesgos a los que podría verse expuesto el río, al igual que los efectos que se producirían ante un aumento de los caudales y la posible ocurrencia de desbordamientos del mismo. Tampoco se sabe sobre las probables soluciones y medidas de mitigación, prevención, compensación y corrección. 

"Es fundamental determinar los impactos sobre el ecosistema de bosque seco tropical, que es prioritario para la conservación de la diversidad y exclusividad biológica y, por tanto, debe ser objeto de acciones de protección", señala la Procuraduría, entidad para la que existe clara evidencia de vulneración al principio de precaución en materia ambiental, por la ausencia de identificación de vacíos en la información importante y las alternativas relevantes excluidas en el estudio de impacto ambiental y en el plan de contingencia. 

Ilustración de las características e impactos que traería el proyecto minero Apone. Infografía: Corporación Podion.

Para el ente de control es claro que, ante la falta de certeza científica, Cortolima debió propender por la protección del medioambiente al momento de otorgar la licencia. El Ministerio Público resaltó el concepto otorgado por la Corte Constitucional en el que se señala que si se adelanta una actividad minera y luego se demuestra que ocasionaba un grave daño ambiental, sería imposible revertir sus consecuencias.

Para los accionantes, entre tanto, Cortolima no ha adelantado eficientemente el control de las obras sobre el cauce del río, debido al confinamiento por cuenta de la pandemia por el coronavirus. La autoridad ambiental tampoco se ha pronunciado oficialmente sobre la tutela y el concepto dado por la Procuraduría. 

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En manos del juez se encuentra ahora decidir si acoge o no las pretensiones de los accionantes antes de fallar de fondo. Mientras tanto, éstos continuarán en la lucha y a la espera de la respuesta a la carta que el pasado mes de junio suscribieron y le hicieron llegar al presidente Iván Duque en la que le pedían designar a una persona para que revisara el proceso de licenciamiento. 

Los accionantes, entre quienes se encuentran el exministro Carlos Gustavo Cano y el exgobernador Eduardo Aldana, destacaron en el documento que la mina afectaría el distrito de riego de Usosaldaña.

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Según la Corporación Podion, el título minero otorgado a la empresa tiene un área total de 347 hectáreas, pero la licencia ambiental solo autorizó la explotación de oro en la zona suroriental del polígono en 53 hectáreas. Además, informó que para la realización de este proyecto se deberán talar 570 árboles y 60 guaduas.

"El consumo de agua de la mina al año será de un total de 268.000 metros cúbicos, equivalentes al consumo de agua potable de 1.240 personas en todo un año", aseguraron.