El Tribunal Administrativo del Cesar falló en favor de la comunidad Yukpa, habitante de la Serranía del Perijá, por considerar que tanto entidades del Estado como compañías mineras, han vulnerado los derechos fundamentales de este pueblo indígena, por lo que ordenó suspender el desarrollo del proyecto minero La Jagua.

Al resolver una tutela interpuesta por el ciudadano Jaime Luís Olivella y otros demandantes, la Corporación resolvió tutelar los derechos fundamentales a la consulta previa, al debido proceso y a la diversidad étnica, en favor de la comunidad Yukpa que habita en esta zona y cuyos representantes consideran que la iniciativa minera se adelanta en parte de su territorio ancestral.

De esta forma, el Tribunal le ordena a las empresas Carbones de la Jagua, Consorcio Minero Unido y Carbones El Tesoro, del Grupo Prodeco, así como a los ministerios del Interior y de Ambiente, suspender el desarrollo de la actividad minera denominada “disposición de material estéril (conformación de un botadero estéril) y manejo de aguas de escorrentía (construcción de canales y piscinas de sedimentación)”, que darán vía al desarrollo del proyecto minero La Jagua, hasta tanto no se delimite el territorio ancestral Yukpa por parte de la Agencia Nacional de Tierras.

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 El botadero estéril, no es otra cosa, que un basurero en donde se vertirán residuos propios de la actividad minera que realizan las mencionadas empresas en la zona. 

De la misma forma, el Alto Tribunal precisa que una vez delimitado el territorio ancestral Yukpa y en el momento en que se constate que este traslapa con las áreas en las que se pretende desarrollar el mencionado proyecto, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del interior debe convocar a esta comunidad indígena y a las mencionadas compañías a un proceso de consulta previa. 

El fallo deja claro que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no puede sustraer hectáreas de Reserva Forestal que hagan parte de la expectativa del territorio ancestral para el desarrollo de actividades mineras. 

Indica también que ni la Agencia Nacional de Minería puede otorgar títulos mineros, ni la Agencia Nacional de Hidrocarburos suscribir contratos de exploración o explotación, como tampoco la Agencia Nacional de Licencias Ambientales otorgar licencias para el desarrollo de actividades mineras en Zona de Reserva Forestal hasta tanto no se hayan definido los límites del territorio ancestral Yukpa. 

Sin embargo, el Tribunal aclara que la suspensión recae únicamente sobre el mencionado proyecto y no sobre las otras actividades que las empresas mineras han venido desarrollando como parte de los contratos de concesión firmados con la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

Tuetela de justicia ambiental

Edward Álvarez, asesor en temas territoriales, ancestrales e indígenas, considera que esta es una tutela de justicia ambiental con los pueblos indígenas, sin embargo, no solo los beneficia a ellos sino a una masa poblacional de más de 300.000 habitantes que se dedican a la agricultura.

“La decisión de la Corporación hace respetar la zona de Reserva Forestal de la que se han sustraído más de 300.000 hectáreas de Los Motilones. La gran mayoría de sustracciones de los últimos años han sido para otorgar títulos mineros y proyectos de hidrocarburos”, manifiesta Álvarez.

A su juicio, en el país se lucha mucho por la protección de los páramos, pero se han descuidado las Zonas de Reserva Forestal creadas con el fin de proteger los bosques, el agua, la fauna y la flora y por ello es inadmisible que se cambie el uso del suelo para construir allí proyectos mineros y de hidrocarburos. 

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Paralelo a la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar, la Corte Constitucional abrió un expediente debido a que allí se les cambió el curso a 4 ríos, razón por la cual los indígenas no tienen donde cazar, pescar y recolectar. 

Álvarez no tiene duda de que este fallo irá a segunda instancia, pero el pueblo Yukpa cree que el mismo debe ir a revisión de la Corte Constitucional pues consideran como un genocidio desde el punto de vista cultural, que el Estado y grande empresas multinacionales estén atentando contra sus derechos fundamentales. 

El interés con estas acciones jurídicas, es que las Zonas de Reserva Forestal no se vuelvan a tocar y que se les de un trato similar al de los páramos, pues no pueden usarse para generar proyectos mineros. "Es importante que estas áreas se dediquen para la creación de los resguardos, porque ellos se encargan de cuidar y preservar", dice Álvarez. 

En agosto de este año la Agencia Nacional de Tierras les presentó a los Yukpas una propuesta en la que le informó que se demoraba 26 meses para realizar la delimitación y es claro que mientras esto no suceda, las empresas no podrán seguir adelante con su iniciativa. 

Es importante aclarar, que por lo menos el 60% de la minería que se explota en el país está en el corredor minero de la Serranía de Perijá, pero  estas problemáticas se presentan porque el Estado no tiene reglas claras ni para los empresarios ni para los pueblos indígenas.