El año pasado fueron asesinados 24 líderes ambientales en Colombia, según el informe anual de Global Witness. Esta cifra convirtió al país en el segundo más peligroso para quienes se dedican a proteger el territorio y a luchar por los intereses medioambientales, una razón de peso para que se evalúe la importancia de hacer parte del Acuerdo de Escazú, firmado a finales de septiembre del año pasado por 15 países.

Este es un Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación y Justicia en Asuntos Ambientales para América latina y el Caribe y su porpósito es trabajar en la defensa de los derechos ambientales en la región, dada la vulnerabilidad y el número creciente de ambientalistas asesinados que se presentan cada año en esta parte del mundo. Solo en 2018, el número ascendió a 83, más de la mitad del total reportado por la ONG inglesa, que habla de 164 en el contexto global.

El convenio es un instrumento creado para la protección del medio ambiente, la participación y la justicia ambiental. Este es el primer acuerdo internacional que reconoce como deber de los Estados la protección de defensores de derechos humanos y ambientales en Latinoamérica. 

Ante la realidad que hoy vive el país, cuando el número de defensores de los territorios asesinados va en aumento, especialmente en departamentos como el Cauca, en donde campesinos y líderes indígenas son víctimas de amenazas y hostigamientos, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, le solicitó al Presidente Duque, adherirse y firmar dicho convenio. 

En una carta enviada al primer mandatario, el jefe del Ministerio Público ratificó la necesidad de que se garantice un entorno seguro y propicio a las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. 

El jefe del órgano de control indica que este acuerdo fue suscrito por la mayoría de los países de la región y es resultado del esfuerzo regional hacia la creación de un mecanismo de cooperación multilateral, que permitirá avanzar en la efectiva participación de la sociedad civil en la toma de decisiones ambientales y el acceso de información en esta materia, de conformidad con los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”

Carrillo ratifica que la defensa del territorio y el medio ambiente ha puesto a los líderes ambientales en grave riesgo en sus derechos fundamentales a la vida, libertad, integridad y seguridad, y por esta razón pidió tomar las medidas necesarias en favor de esta población.

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 “Sin duda, que con la firma y adhesión a este acuerdo, Colombia no solo avanzará en el acceso a la información ambiental, a la justicia y democracia ambiental efectiva, sino que, además, brindará mayores garantías a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales”, precisa el funcionario.

Protección al ambiente

Al respecto, Camilo Prieto, vocero de la Fundación Movimiento Ambientalista Colombiano, manifiesta que este es el primer tratado que busca proteger de forma conjunta el ambiente y los derechos humanos, lo cual se sustenta en el concepto de justicia ambiental. De ahí la importancia de que Colombia lo firme y entre a formar parte del mismo.

Considera que en medio de esta crisis ambiental global, es importante tener acceso a los datos ambientales que manejan los gobiernos con la idea de generar aportes académicos, sociales y culturales, pero también generar oposición cuando sea necesario. "Ahora más que nunca se presentan dificultades por el acceso al agua y a la tierra y a esto se suma el aniquilamiento sistemático de líderes que están en las zonas de mayor conflictividad sociambientales y és importante acceder a esa información", manifiesta.

Prieto considera que la firma del Acuerdo se constituye en una herramienta potente para que las instituciones se vean obligadas a generar esa protección de los líderes ambientales, pues, a su juicio, el gobierno no está tomando en serio las amenazas latentes que hay en contra de estas personas. "Con la firma del acuerdo, el país adquriría un compromiso incluso mayor que el Acuerdo de París, pues el de Escazú es vinculante".  Para Prieto, preocupa el hecho que dentro del mismo Gobierno se han estigmatizado a los líderes, incrementando su nivel de riesgo.

Vanessa Torres, subdirectora de la Organización Ambiente y Sociedad, considera que Colombia tiene la posibilidad de materializar su compromiso real y efectivo para combatir el fenómeno que se registra con los líderes ambientales. 

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En su opinión, la ratificación de este instrumento fortalecería el marco normativo nacional en materia de participación ciudadana y protección del medio ambiente, estableciendo la obligación de protección directa por parte del Estado a quienes defienden estos derechos en el marco de tres pilares fundamentales en una democracia: la participación ciudadana, el acceso a la información y el acceso a la justicia, todos ampliamente vulnerados con los ataques directos a líderes y lideresas en el país.

En su columna “Marchemos por los líderes sociales y ratifiquemos el Acuerdo de Escazú”, Torres manifiesta que los líderes y comunidades afectadas por grandes hidroeléctricas o explotaciones petroleras continúan levantando su voz a favor del medio ambiente, del territorio y a una vida digna pese a las amenazas constantes en contra de sus vidas y su cultura como población campesina, afro e indígena en Colombia. 

“Es por esto que, al igual que es importante mantener la consigna nacional e internacional para su protección, es urgente concretar garantías legales y judiciales que les permitan seguir adelante en su lucha, la cual es en sí su misma vida”, concluye.

Las razones para no acogerse

La determinación del país de no acogerse al Acuerdo de Escazú obedeció a que no estuvo de acuerdo con algunas decisiones que se fueron adoptando en el proceso de la negociación. En esa etapa, los representantes de Colombia no estuvieron de acuerdo en un par de temas específicos. El primero, se refería al comité de seguimiento que proponía que cualquier ciudadano puede vigilar y comunicar a este comité sobre el cumplimiento del tratado en su país.

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Por otro lado, la representación de Colombia pidió que se incluyera un artículo que permitiera a los gobiernos tener reservas. Es decir, que cada gobierno tuviera la posibilidad de elegir qué artículos del tratado aceptaba y en cuáles se mantiene al margen; en lo que no hubo avances.

Lo cierto es que si bien el país hizo parte de las negociaciones, que iniciaron el 4 de marzo de 2018, cuando se adoptó el Acuerdo en la provincia costarricense de Escazú, finalmente no lo firmó y en este momento es clave que se de este paso si se quiere proteger no solo los derechos, sino la vida de los líderes ambientalistas.