Jeringas, gasas, guantes desechables y otros elementos ya utilizados en centros hospitarios se han convertido en una amenaza para los más de 82.000 habitantes del municipio de Mosquera, Cundinamarca. 

Permanecen botados en un predio al aire libre. Ni los dos procesos judiciales que ordenan la erradicación de este depósito ilegal, ni otro procedimiento jurídico sancionatorio que está en curso, han logrado detener este foco de contaminación

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La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Alcaldía de Mosquera vienen buscando desde hace varios años alternativas jurídicas para acabar con el botadero de residuos hospitalarios ubicado en una bodega ubicada en el sector de Balsillas en esa población.  

Pese a que el sitio está alejado de centros poblados, la zozobra aumenta entre los habitantes por cuenta de que este lugar es visitado constantemente por habitantes de calle y recicladores que llegan a buscar elementos de valor o que puedan reutilizar, exponiéndose a un grave problema de salud. 


En bolsas permanecen desde hace más de seis años cientos de residuos hospitalarios en un predio en Mosquera. Foto: CAR Cundinamarca.   

La problemática se agudiza debido a que el lote está en una zona de alto impacto, según el uso del suelo determinado por la Secretaría de Planeación de Mosquera. 

"La situación se detectó en el año 2013, cuando por quejas de la comunidad, se evidenció una disposición de residuos hospitalarios que no contaba con la respectiva licencia ambiental. En ese momento se impuso una medida preventiva en flagrancia, consistente en la suspensión de esa actividad, y se dio un plazo determinado a la empresa INCETEC, responsable de esta disposición, para que realizara la recolección inmediata de esos residuos. En decisión de fondo se les multó con 20 millones de pesos", informó la CAR. 

Sin embargo, el problema persistió. En el año 2015, la Corporación adelantó una visita de seguimiento en la que se evidenció que en solo uno de los dos predios donde se almacenaban estos residuos se cumplió la medida y que en el otro continuaba el almacenamiento, lo que originó la apertura de un segundo proceso sancionatorio.

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En 2018, en otra visita de seguimiento realizada por esa autoridad ambiental, se intentó ubicar a la empresa responsable y al propietario del predio, pero hasta el momento no ha sido posible, así como tampoco se ha logrado el pago de la multa, razón por la cual comenzaron un tercer proceso sancionatorio que está en curso.

Amparados en la Ley 1333 del 2009 o régimen sancionatorio ambiental, la CAR y el municipio buscan cargar el valor de la operación a la multa o sanción que se le impuso a la empresa responsable del acopio. "No se descarta aplicar la figura de extinción de dominio al predio, medida que será evaluada con todo el rigor jurídico por parte de una mesa técnica, integrada por la Dirección Regional Sabana Occidente de la CAR, y las áreas jurídicas y de procesos de la Dirección General de la Corporación", puntualizó la autoridad ambiental de Cundinamarca. 

Los habitantes de Mosquera llevan seis años soportando este problema y solo esperan que antes de finalizar 2019 se dé una solución definitiva que evite una eventual emergencia sanitaria.