El estado de contaminación extrema que presenta el río Otún motivó a los ciudadanos Jhon Edison Parra Sánchez y Jesús Alberto Cardona López a interponer una acción de tutela contra el Ministerio de Ambiente, el departamento de Risaralda, los municipios de Pereira y Dosquebradas, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) y la empresa de Aguas de Pereira. 

Su objetivo: amparar los derechos colectivos a un medio ambiente sano, al equilibrio ecológico y el acceso al agua potable. La Procuraduría General de la Nación fue vinculada al proceso y tras el análisis del caso advirtió que el río Otún, que abastece al 80% del departamento de Risaralda, en su cuenca alta presenta deterioro y en la cuenca media proliferación de desarrollo urbanístico residencial, industrial, comercial y agropecuario que contrarían el Acuerdo Carder 036 de 1987, que prohibió nuevas construcciones, el otorgamiento de concesiones y permisos de vertimientos. Además, le impuso a esa corporación la implementación de acciones interinstitucionales dirigidas a su cumplimiento.

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El órgano de control señaló también, que la Carder no ha ejercido las competencias que le han sido atribuidas por la ley y su propia reglamentación, permitiendo la amenaza y vulneración de los derechos colectivos y del ambiente, "tal como se pudo probar en las mediciones hechas a la calidad del agua del río entre febrero de 2016 y julio de 2018 donde se evidenciaron diversos incumplimientos", dijo la Procuraduría. 

Estas razones también llevaron a la Procuraduría a presentar una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Risaralda que aún se encuentra en trámite. 

Finalmente el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas de Pereira acogió los argumentos presentados por la Procuraduría en la acción de tutela y decidió declararlo sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración, amparando los derechos al medio ambiente sano en conexidad con la vida, la salud, la salubridad pública de los habitantes presentes y las generaciones futuras de los municipios de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa y Marsella.

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“Las afirmaciones hechas por los actores en su solicitud de amparo y en posterior declaración, llevarían a este juez Constitucional a declarar en principio la improcedencia de la acción, situación a la que se opone la respuesta otorgada por la Procuraduría General de la Nación (…) que dio cuenta de la grave situación que se vive en el departamento de Risaralda frente al estado lamentable de contaminación padecida por el río Otún”, señala la sentencia.   

El juez ordenó a las entidades demandadas a destinar el presupuesto necesario para ejecutar las labores de limpieza de la cuenca y la construcción de un plan de acueducto y alcantarillado para los corregimientos de La Florida, La Bananera, La Bella y demás zonas que se encuentren aguas arriba de la bocatoma y no cuenten con este servicio. 

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Adicionalmente, exigió a las autoridades de la región, realizar jornadas educativas en los barrios y corregimientos colindantes con la ribera del río Otún, con el fin de generar conciencia en el manejo de los residuos y respeto del medio ambiente por parte de la comunidad.

De esta forma, el Otún se suma a la ya larga lista de ríos que han sido amparados como sujetos de derechos: Cauca, Combeima Cocora, Coello, Pance y Atrato. Ambientalistas esperan que estas sentencias no queden en el papel y realmente sirvan para salvaguardar estos afluentes.