Más de 36.000 hectáreas de frondosos y tupidos bosques desaparecieron del Meta en 2017. Áreas que por cientos de años sirvieron de refugio de especies como ranas arborícolas y venenosas, catalogadas en riesgo de extinción.

Este departamento concentró 16,7 por ciento de toda la deforestación del país y solo fue superado por Caquetá y Guaviare, principales centros de operación ilegal de la motosierra.

La Macarena, Mapiripán, Uribe, Vistahermosa y Puerto Rico, municipios ubicados en el sur del Meta, son de los más apetecidos por el acaparamiento de tierras, incendios, ganadería extensiva, cultivos ilícitos y minería ilegal.

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El año pasado, restaron 33.000 hectáreas de bosque, lo que representa 90 por ciento de la deforestación departamental y 15 por ciento de la nacional.

Y 2018 no pinta diferente. Durante el primer trimestre, Meta concentró el mayor número de alertas tempranas por deforestación del Ideam (31,3%), mientras que el Parque Nacional Tinigüa, ubicado entre La Macarena y Uribe, fue el sitio más crítico en el país al calcinar 5.000 hectáreas boscosas para cultivos y pastizales.

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Ante este crimen de lesa naturaleza, el pasado 5 de abril la Corte Suprema de Justicia emitió la resolución de protección inmediata para toda la Amazonia, que le ordena a los municipios de la región, incluidos los cinco más afectados del Meta, actualizar e implementar sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT) con un plan de acción que reduzca la deforestación por medio de estrategias preventivas, correctivas y pedagógicas.

Durante el primer trimestre de 2018, el departamento del Meta concentró el mayor número de alertas tempranas por deforestación del Ideam (31,3%). Foto: archivo/Semana. 

Vencido el plazo estipulado por la Corte, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena), informó que ninguno de estos territorios tiene completa la actualización o implementación, pero algunos presentan diferentes niveles de avance para dar cumplimiento a la sentencia.

“Vistahermosa ha trabajado de la mano con el Instituto Sinchi para actualizar su POT, con recursos de la Unión Europea. Puerto Rico lo hace a través del programa del gobierno de Alemania AmPaZ, que brinda cooperación técnica para fortalecer el ordenamiento ambiental territorial. De La Macarena, Uribe y Mapiripán no conocemos ninguna propuesta”, dijo William Herrera, coordinador del grupo de ordenamiento territorial de Cormacarena.

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El funcionario recalcó que el tiempo estipulado por la Corte de Justicia es muy corto para que los municipios adelanten completamente todo el proceso de actualización de sus instrumentos de planificación con el plan de acción para combatir la deforestación.

“Cuando finalicen la actualización, que debe incluir medidas de mitigación al cambio climático y la deforestación, deberán presentarle la propuesta de ajuste a la Corporación para su aprobación”, indicó el experto.

De los 29 municipios del Meta, solo tres tienen actualizados sus POT: Villavicencio, San Carlos de Guroa y Castilla la Nueva, una hoja de ruta para la planeación territorial de los próximos 12 años.

Determinantes obligatorias

Cormacarena definió las determinantes ambientales que los cinco municipios más deforestados del Meta deben realizar para la formulación, actualización, revisión y ajustes de sus planes de ordenamiento territorial.

Estas medidas, de carácter obligatorio y que tienden a garantizar la sostenibilidad ambiental de los modelos de ocupación territorial, abarcan cuatro ejes: medios natural y transformado, gestión de riesgo y adaptación al cambio climático y densidades del suelo rural.

Beltsy Barrera Murillo, directora de la Corporación, aseguró que estas obligaciones les fueron entregadas a los entes territoriales y municipales para que cumplan con la sentencia de la Corte sobre la protección inmediata de la Amazonía.

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“Cormacarena es la primera autoridad ambiental en entregar este tipo de insumos a los municipios de la Amazonía. Una de las determinantes es plantear objetivos y estrategias de corto, mediano y largo plazo para contrarrestar la deforestación”, complementó.

Por su parte, el coordinador de ordenamiento territorial afirmó que estos territorios deben cumplir con lo dispuesto en el Plan Regional Integral de Cambio Climático en la Orinoquia y formular acciones administrativas, judiciales y de control en los principales puntos de deforestación identificados por la Corporación.

Parques, una prioridad

7.925 hectáreas de bosque perdieron La Sierra de La Macarena, Tinigüa y Cordillera de Los Picachos en 2017, tres de los cuatro Parques Nacionales Naturales (PNN) presentes en el Meta.

Estas “áreas protegidas” concentraron 63,8 por ciento de la deforestación en los parques del país el año pasado, la cual llegó a más de 12 mil hectáreas.

Una de las determinantes ambientales de Cormacarena para los POT es darle prioridad a la conservación de los PNN.

Grandes extensiones de bosque han sido taladas para construir vías. Por estos corredores es transpotada la madera extraída de manera ilícita. Foto:archivo/Semana. 

Por ejemplo, las autoridades municipales incluirán medidas para conservar el bosque tropical de Tinigüa, al igual que los ecosistemas húmedos aislados y bosques andinos del piedemonte y húmedos tropicales en Los Picachos.

En La Macarena, parque más deforestado (3.576 hectáreas) y con mayor cantidad de cultivos de coca (2.832 hectáreas) en 2017, el POT tiene que salvaguardar la biodiversidad, las terrazas antiguas del escudo guayanés, el espacio natural del asentamiento indígena Guayabero-Caño Ceiba y las muestras arqueológicas de Raudal Angostura y Alto Cafre.

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En Sumapaz, que en Meta hace parte de Uribe, la Corporación estableció que el plan de ordenamiento proteja los ecosistemas de subpáramo, páramo húmedo y bosque andino, y los sistemas hídricos de las cuencas altas de los ríos Tunjuelo, Cabrera, Sumapaz, Ariari, Guape, Duda y Blanco.

Otras determinantes incluyen la identificación y categorización de los nacimientos de agua, humedales, zonas de recarga de acuíferos y páramos como suelos de protección; y la toma de acciones concretas para los planes de residuos sólidos, saneamiento y vertimientos, calidad del aire y ruido.

“Es obligatorio que los POT de La Macarena, Mapiripán, Puerto Rico, Uribe y Vistahermosa cuenten con estudios de gestión del riesgo y medidas de adaptación y mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los Planes de Manejo y Ordenamiento de Cuenca (POMCA) tiene prioridad”, puntualizó la Directora de Cormacarena.

Este es un producto periodístico de la Gran Alianza contra la Deforestación. Una iniciativa de Semana, el MADS y el Gobierno de Noruega que promueve el interés y seguimiento de la opinión pública nacional y local sobre la problemática de la deforestación y las acciones para controlarla y disminuirla.