El pronunciamiento de la Corte Constitucional, que se conoció el 11 de octubre pasado, tiene preocupados a los municipios que dijeron “No” a la minería o proyectos petroleros en sus territorios.

Aunque se supone que la medida no es retroactiva, hay consultas como la de Tauramena, Casanare, que tienen acciones legales propias por parte de las empresas y que esperan el pronunciamiento del Consejo de Estado.

Aunque los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) de estos municipios no reflejan en sus mapas el uso o no del suelo para actividades extractivas, pues fueron hechos cuando aún regía el artículo 37 del Código de Minas -que les prohibía hacerlo-, sí hacen explícito que la vocación de sus tierras en casi todos los casos es agropecuaria y que quieren que esta sea la línea de desarrollo.

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Una vez se haga pública la sentencia, ambientalistas discutirán su contenido. De acuerdo con Julián Viña, miembro del Comité Ambiental del Tolima y miembro del Movimiento Nacional Ambiental (que agremia a más de 88 organizaciones ambientalistas), están preparados para demandar.

“Haremos todo lo que sea necesario para tumbar esta sentencia, incluso si tenemos que ir a los estrados internacionales”, expresó.

Para el abogado Rodrigo Negrete, lo que se conoce del fallo no procede en contra de las nueve consultas que ya se realizaron. “Están a salvo”, afirma. Pero cree que las otras que estaban en curso quedan sepultadas.

Sin embargo, también manifiesta que personas naturales y diferentes organizaciones presentarán incidentes de nulidad contra del fallo de la corte que bloqueó las consultas populares, y habló de la alternativa de los acuerdos municipales en defensa del patrimonio ecológico y cultural como otra medida para salvaguardar algunos territorios de proyectos extractivistas.

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“La Corte Constitucional bloqueó las consultas populares, pero el Consejo de Estado mantiene vivos los acuerdos municipales en defensa del patrimonio ecológico y cultural, que están en la Constitución Política.

Nada tienen que ver estos con las consultas populares, son mecanismos diferentes”, explicó.
El panorama, sin embargo, no es claro y la confusión prima en los territorios. Estas son algunas de sus apreciaciones:

Tauramena, Casanare

Bloque Ecopetrol Odisea 3D
Ubicación: zona protegida por el municipio en su EOT (ver mapa)

“El proyecto, que es de Ecopetrol, está suspendido por nuestra consulta popular, pero también está demandada, entonces estamos a la espera de ese fallo. Aunque con lo que ya  hizo la corte no se nos haría raro que fallen a favor de Ecopetrol. Estamos preocupados porque la zona de recarga hídrica tiene carbón y petróleo, entonces es muy probable que este lugar sea explotado a pesar de que el municipio se opuso en la consulta.

Nos estamos preparando para eso, ya agotada la herramienta legal, tendremos que acudir a la movilización”, afirmó July Katherine Méndez Clavijo, miembro del Comité por la Defensa del Agua de Tauramena, Casanare.

“El área que se protegió en la consulta, que entre otras cosas, además de ser una zona de recarga hídrica, también contiene unos escenarios ambientales muy importantes. El esquema de ordenamiento, casi desde 1993, ha protegido esa área como objeto de conservación y de protección, razón por la cual la biodiversidad que alberga la zona es representativa para el departamento de Casanare. Además de esto, también representa una alternativa hacia el ecoturismo.

Por esto, hemos trabajado en un plan de vida como política pública en la que no solo podamos seguir teniendo la interacción con el petróleo, porque queramos o no, estas compañías interactúan con los habitantes que dependen de esta economía, pero hemos querido plantear otras opciones de desarrollo económico”, continuó.


- Piedras, Tolima
Daño colateral por residuos de la explotación de oro en la mina La Colosa,
en Cajamarca por AngloGold Ashanti.

“Consideramos que es la consulta popular la que nos blinda de este tipo de extractivismo. Para nosotros sigue siendo válida. Sabemos cómo es el proceder del gobierno y de las instituciones que manejan la extracción.

La Corte Constitucional está acabando con la participación ciudadana en el país lo que nos lleva a tomarnos las vías de hecho. Y aunque hay otras herramientas, el gobierno quiere ir quitándolas poco a poco.

Piedras le ha prohibido la entrada a multinacionales de hidrocarburos y empresas mineras por las vías de hecho”, Julián Viña, miembro del Comité Ambiental del Tolima y miembro del Movimiento Nacional Ambiental (más de 88 organizaciones ambientalistas).

- Cajamarca, Tolima
Proyecto minero La Colosa de la empresa Anglo Gold Ashanti.

“La decisión de la corte es un campanazo. Han tomado una decisión política frente a un tema que ya se había definido en el pasado. Hemos identificado que de aquí en adelante la corte le dará la razón a las compañías, cosa que nos preocupa, porque deja de lado la participación de la ciudadanía y aumenta los conflictos socioambientales de los territorios.

No hay ninguna orden judicial o legislativa que diga que Anglo Gold Ashanti pueda entrar a Cajamarca. Ellos entutelaron la consulta y el Consejo de Estado nos dio la razón el año pasado.

Es que hay alrededor de 30 sentencias que nos apoyan y solo una que está controvirtiendo esto”, afirmó Robinson Mejía, integrante del Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca.


- Jesús María, Santander
Explotación minera de piedra caliza y carbón.

“El fallo de la Corte Constitucional pasa por encima de la voluntad popular, la cual está reglamentada por la Ley 1757 de 2015. Hoy en día, el municipio se encuentra en proceso de actualizar su EOT, en el que pretende blindar el territorio para que no se puedan hacer actividades mineras y petrolíferas.

Esperamos que el Congreso tome acciones para defender la voluntad popular frente a la extracción de minerales e hidrocarburos”, dijo
Carlos Quiroga, concejal del municipio.


- Sucre, Santander
Extracción minera de piedra caliza y minerales concesibles por la empresa
Llanominas.

“Estamos angustiados con lo que va a pasar porque de algún modo es devolver la historia. Basamos la consulta en las sentencias de 2016. Por otro lado, después de conocer los resultados de este mecanismo de participación democrática, solicitamos un pronunciamiento oficial a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) y Anla sobre lo que iba a pasar con los títulos y licencias, pero nunca hubo respuesta.

La consulta dejó claro que la vocación de nuestros pueblos no es minera, es agrícola”, afirmó el sacerdote Édgar Sánchez, quien fue uno de los líderes de la consulta popular del municipio.

El EOT del municipio se encuentra en actualización, no obstante, Semana Sostenible contactó a la Secretaría de Planeación y aseguraron que este va a incluir lo que se determinó en la consulta.