Desde el 2015 las comunidades campesinas, pescadoras e indígenas de Girardot (Cundinamarca) y Coello (Tolima) luchan contra el establecimiento de un proyecto en el río Magdalena que le permite a una compañía desarrollar mediana minería en uno de los meandros o curvas formadas por el curso del afluente, entre las veredas San Lorenzo, Acapulco-Zumbambicos y el corregimiento El Buche en Girardot, y otros sectores situados en jurisdicción de Coello. 

De ese lugar, que abarcará 58 hectáreas, se pretenden explotar arenas, gravas, tierra y minerales por un lapso de 30 años (hasta el 2040). Sin embargo, en vista de que el tema del licenciamiento ambiental tardó 10 años, entre 2009 y 2019, solo restarían 20. 

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El inconformismo social comenzó cuando la firma Proacol llegó al territorio y así se lo hicieron saber también a las autoridades de la época, ante el temor por los impactos medioambientales, sociales y culturales que esta iniciativa podría acarrear. Las comunidades estiman que el proyecto podría alterar el cauce y la dinámica natural del río y desencadenar la pérdida de especies nativas de aves y peces de la región, así como de algunas zonas de bosque seco tropical, además de afectar la pesca, actividad de la que viven, por ejemplo, los indígenas Pijao asentados en el municipio de Coello, al igual que muchos pescadores de Girardot.

“Si no hay peces, no hay dinero para el sustento de la familia”, dijo Jhon Fredy Arias, pescador girardoteño a quien le preocupa el impacto de la minería en el río, al igual que a Umeimar Laguna, miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda Acapulco-Zumbambicos, quien aseguró que en ese sector del municipio, conformado por 20 casas, la mayoría de las personas viven de la pesca, la ganadería y los cultivos de productos como el limón, el anón y el maíz. 

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"Al llegar la minería se acaba eso y la pesca, así como las especies que habitan esta región, como los conejos, pájaros y venados por causa del ruido de las máquinas y del polvo que cubrirá las hojas y las ramas de árboles, lo que les impedirá respirar y los llevará a morir", dijo el líder comunal, quien explicó que el proyecto minero quedará situado a solo 500 metros de ese caserío, razón por la cual también temen por los impactos a la salud de las cerca de 150 personas que allí residen.   


En el Coliseo Martha Catalina Daniels de Girardot los habitantes de esa localidad le dieron a conocer al nuevo Gobernador de Cundinamarca sus inquietudes frente al proyecto minero que se quiere implementar. Foto: archivo particular.

A los habitantes también los amedrenta la afectación que pueden llegar a sufrir las playas que todavía tiene el río Magdalena y que son utilizadas a nivel turístico y recreativo por los pobladores de la zona los fines de semana. Adicionalmente, los asusta que se genere una ruptura en la relación que existe entre la comunidad con el río. 

Consideran que la puesta en marcha de este proyecto podría causar, además, cambios en los procesos socioeconómicos de los habitantes, tras perder la posibilidad de desarrollar la pesca, así como modificaciones en las dinámicas sociales por la llegada de nuevos actores a la región, afectando la convivencia como consecuencia de problemáticas asociadas al consumo de sustancias psicoactivas y la prostitución.

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"El método de minería a cielo abierto genera enormes impactos ambientales en el territorio donde se desarrolla, como daños a la superficie de la tierra y alteración o destrucción de la forma de la corteza terrestre, formando grandes cantidades de material de desecho, que alteran la morfología local. Esta problemática ya es evidente en un proyecto en Ricaurte, Cundinamarca, y no queremos que se repita aquí", comentó Julián Huertas Fernández, concejal de Girardot, quien afirmó que con la técnica que se utilizará para extraer el material, el río se va a explayar más y habrá menos probabilidad de que sea navegable, en contravía de los lineamientos que persigue el Gobierno nacional. 

El cabildante sostuvo que la verdadera vocación económica de esa población era el turismo, el comercio y el agro. "Las empresas han planteado que generarán empleo, pero eso no va ir más allá de la contratación de un par de operarios de las máquinas, mientras que el turismo genera mayores réditos", manifestó. 

El Movimiento Social Prodefensa del Medio Ambiente viene liderando el proceso de oposición a este proyecto desde hace cinco años y busca que Colombia disfrute de un río Magdalena limpio y sano.


Los habitantes de Girardot temen que la minería afecte las playas del río y decaíga el turismo en la zona. Foto: archivo particular. 

Todas estas y otras inquietudes fueron dadas a conocer a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) el 3 de diciembre de 2015, fecha en que esa autoridad ambiental realizó una audiencia pública. Durante ese encuentro se presentaron 37 ponencias en contra del proyecto, la mayoría de las cuales fueron determidadas por la CAR como no aplicables. Adicionalmente, fue radicada una carta con 6.729 firmas en la que se le solicitaba a las autoridades no autorizar la licencia ambiental.

Sin embargo, en octubre de 2019, la CAR le otorgó la licencia a la empresa solicitante, dando vía líbre a la ejecución de la inicitiva minera

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Los 15 concejales electos de Girardot decidieron entonces, firmar una proposición para pedirle al nuevo director de CAR Cundinamarca, Fernando Sanabria, que revocara la decisión tomada por su antecesor. La propuesta fue radicada el 7 de febrero de 2020, con copias al Ministerio de Ambiente, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.  

Según los cabildantes con esta medida se vulneraron derechos fundamentales a un ambiente sano, al agua, a la vida y a la salud de los girardoteños, y se puso en riesgo la integridad ecosistémica.  

Denunciaron, además, que con la autorización de la licencia se configuró una vulneración al debido proceso, pues el proyecto, al parecer, cambió sustancialmente entre la propuesta inicial y la que finalmente fue aprobada. "Algunos de los cambios por los que era necesario reiniciar el proceso de adjudicación de la licencia tienen que ver con las coordenadas del punto de extracción, los costos de la actividad, las ventas proyectadas y la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA)", señaló el Concejo en la solicitud. 


Los integrantes del movimiento aprovecharon este jueves la visita del director de la CAR para darle a conocer sus inquietudes frente al proyecto y la licencia ambiental otorgada. Foto: archivo particular.  


Los concejales igualmente afirmaron que el estudio de impacto ambiental tenía múltiples falencias frente a los manuales de estudios ambientales. Aseguraron que se realizó sin la participación real y efectiva de las poblaciones locales, desconociendo, por ejemplo, a la comunidad indígena Pijao. 

Adicionalmente, la ciudadana Catalina Gutiérrez interpuso un recurso de reposición a la licencia ambiental ante la CAR para que esta autoridad ambiental la confirme, revoque o modifique. 

Sobre el particular, Nicolás García, gobernador de Cundinamarca, se comprometió a revisar el proceso de adjudicación de la licencia para verificar el cumplimiento de los requisitos e indicó que le solicitó a la CAR que le suministre en detalle dichos permisos. Expresó que una vez verificado el proceso, se abrirán las investigaciones a las que haya lugar.

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Fernando Sanabria, director de la CAR Cundinamarca, apuntó, a su turno, que van a revisar en detalle este caso. "Haremos lo que haya que hacer y hasta donde la norma no lo permita. Además, daremos una respuesta jurídica y técnica a las inquietudes manifestadas por los concejales y las comunidades", comentó. 

Proacol responde a las críticas 

Frente a los cuestionamientos de la comunidad y los concejales de Girardot, el gerente de la empresa Productores de Agregados de Colombia (Proacol), Mauricio Jaramillo, sostuvo que se trata de una persecución personal y de un tema de "volteo de tierras". Además, explicó que este era un proyecto de mediana minería. "Si fuéramos un megaproyecto los trámites nos hubiera tocado hacerlos ante la Anla", recalcó.  

El directivo informó que el título minero lo obtuvieron en 2009, mientras que en el trámite de la licencia ambiental tardaron más de 6 años. Indicó, entre tanto, que la identificación de los puntos que les habían sido otorgados la comenzaron a adelantar solo hasta el 2013. "Al llegar al lugar nos encontramos con que un reconocido e influyente constructor de proyectos urbanísticos de la región estaba explotando arena y gravas dentro de nuestro título minero sin ningún tipo de permisos. Denuncié la anomalía ante la Alcaldía de Girardot y ahí empezó todo problema. Se solicitó el apoyo a la CAR Cundinamarca, pero un funcionario retrasó los trámites y solo tres años después de haber hecho la denuncia se realizó la visita técnica al lugar. Se le dio el tiempo suficiente para que sembrara plátano, yuca y arbustos en el sitio y camuflara el daño hecho", apuntó.   

Jaramillo aseguró que en vista de que no quiso entregar la mitad de sus títulos mineros, tal y como se lo había propuesto el constructor y su familia, éstos comenzaron a sabotear la implementación del proyecto. 

El gerente de Proacol sostuvo, además, que su licencia ambiental era la única del Alto Magdalena que cumplía con todos los parámetros. "Nosotros no queremos hacer minería en una zona donde no se pueda realizar, la queremos adelantar en un área donde el municipio lo permitió mediante su ordenamiento territorial", manifestó.  

"Estamos reconocidos por el Plan de Manejo y Ordenamiento de una Cuenca (Pomca) del río Magdalena, así como el Plan de Ordenamiento Territorial de Girardot de 2011, que estableció una zona minera en el municipio, dentro de la cual se ubica nuestro título minero", expresó. 


Zonificación del proyecto minero que pretende implementar la empresa Proacol en jurisdicción de Girardot y Coello. Foto: archivo particular.

El directivo explicó que no realizaron consulta previa teniendo en cuenta que el Ministerio del Interior conceptuó, mediante una resolución, que no había comunidades en la zona de influencia del proyecto y, por tanto, no era necesario utilizar ese mecanismo de participación ciudadana. Sin embargo, esa decisión fue entutelada por una gobernadora indígena, pero finalmente la Corte Constitucional determinó que no era necesaria en este caso. 

"En un área de 60 metros hacia afuera de la cota máxima del río no puede haber casas, ya que se trata de la ronda protegida, y si las hay son ilegales y es una obligación del municipio reubicarlas", comentó Trujillo, quien resaltó que cuentan con los estudios de calidad del aire, ruido, vibración y geotecnia que les permite asegurar que su proyecto cumple con todos los requisitos legales. "La obtención de una licencia ambiental no es un salvoconducto para hacer lo que uno quiera. Se deben cumplir con unos parámetros y unas compensaciones o de lo contrario podríamos ser sancionados", expresó. 

Trujillo aseveró que la zona en donde quedará ubicada la mina no es un área de expansión urbana. "Allí tampoco hay una gran variedad ecológica y es falso que sea un territorio apto para el turismo, pues se encuentra aguas abajo de Girardot. En ese lugar también desembocan varios ríos como el Ortega y Saldaña, cuya carga contaminante es muy alta", dijo. 

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Sostuvo que por la técnica que se usará, consistente en la construcción de dársenas y piscinas, el impacto ambiental sobre el afluente será menor. "Este tipo de explotación solo permite bajar un metro y medio por debajo del espejo de agua", apuntó.

El gerente de Proacol desestimó las más de 6.000 firmas de la comunidad que respaldaron la carta entregada en la audiencia pública, tras señalar que ni una sola había sido avalada por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Añadió que la gente que se encontraba protestando no pertenecía a la vereda Acapulco, donde quedará ubicado el proyecto. "Es movilizada desde la vereda San Lorenzo, donde el constructor ayudó a construir un acueducto. Lo hacen por gratitud", manifestó.

De los concejales indicó que algunos habían sido puestos en su contra con base en engaños y otros porque estaban obedeciendo a intereses particulares. 

"La inseguridad jurídica que puede crear a nivel nacional el hecho de que inversionistas lleguen a un sector y luego traten de cambiarles las reglas de juego sobre la marcha, es grande. Nosotros escogimos esa zona porque el POT nos lo permitía. Desgraciadamente encontramos que nuestro título minero estaba en las tierras de alguien que venía hacendo durante muchos años lo que se le daba la gana en la zona, sin reglas y violentando las normas urbanísticas, de construcción y protección sobre los recursos naturales. Nosotros nos opusimos a eso y ahora terminamos crucificados, nos quieren hacer ver como los malos del paseo, pese a que no hemos movido una sola piedra en la región ni sacado un solo grano de arena o un metro cúbico de piedra del río; lo único que hemos hecho es ser cumplidores de la ley y respetuosos del medioambiente", subrayó. 

Para él, está visto que en este país es más fácil que los mineros ilegales continúen haciendo su labor, sin ningún tipo de oposición del Gobierno. "Encuentran aliados en algunos alcaldes corruptos que se vuelven sus amigos a cambio de unos dineros", dijo el directivo, a quien lo sorprende que muchos terminan haciéndose las víctimas, cuando en la realidad han sido los victimarios durante años. 

Trujillo sostuvo que, por ahora, solo aguarda la decisión de la CAR Cundinamarca frente al recurso de reposición a la licencia ambiental.