Por considerar que los derechos al agua potable y al saneamiento básico están en grave riesgo ante el interés de varias empresas mineras de establecer sus proyectos al interior o cerca del páramo de Santurbán, un grupo de organizaciones sociales decidió enviarle una carta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que intervenga. 

En la comunicación dirigida a Léo Heller, relator especial de Naciones Unidas, le solicitan visitar el sitio, elaborar un informe sobre el caso y mediar para que el Estado colombiano proteja ese ecosistema, que surte de agua a más de 10 municipios y tres ciudades principales.

En el documento se detalla, por ejemplo, cómo se ha venido llevando a cabo el proceso de delimitación de ese páramo, luego de que en noviembre de 2017 la Corte Constitucional reversara la demarcación de Santurbán porque no se consultó con las comunidades involucradas y le ordenara al Ministerio de Ambiente adelantar, hasta julio de 2019, una nueva definición de los límites de esta reserva natural, conformada por 142,610 hectáreas, aproximadamente. 

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La carta, además, da cuenta sobre la importancia de ese entorno para el disfrute del derecho al agua en Colombia, al igual que el marco legal existente para la protección de los páramos en el país, el desarrollo de proyectos mineros cerca del sitio y los impactos o amenazas ambientales que vienen asociados a esta actividad como, por ejemplo, la disminución de la calidad y cantidad del agua, la contaminación por el uso de explosivos, la disminución de la calidad del aire, el aumento del nivel de ruido y pérdida permanente de hábitats.

"Acciones y omisiones del Estado han permitido el avance de proyectos mineros que amenazan la disponibilidad y calidad del agua que provee el páramo. La delimitación del sitio no incluyó todo el ecosistema, dejando desprotegida una parte del mismo, y no contó con participación ciudadana, por lo que la Corte Constitucional dispuso que se realice de nuevo", explica el documento enviado a la ONU. 


El páramo de Santurbán tiene una extensión aproximada de 142,610 hectáreas, distribuidas entre los departamentos de Norte de Santander y Santander. Foto: archivo/Semana. 

El escrito informa que varias empresas mineras han intentado desde hace más de 15 años, extraer oro de Santurbán, como es el caso de Minesa y Eco Oro, esta última a través del proyecto Angostura.

Esa firma canadiense se vio obligada a salir del territorio tras el fallo de la Corte Constitucional que prohibió cualquier actividad extractiva o minera en los páramos, no sin antes solicitar un arbitraje internacional, que actualmente hace trámite en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, con sede en Washington.

Eco Oro reclama una compensación por 764 millones de dólares por los daños que habría sufrido como consecuencia de la "expropiación indirecta e ilegal, y el trato injusto y no equitativo" de parte del Estado colombiano -según sus palabras- en el contrato de concesión del proyecto llamado Angostura, un yacimiento de oro y plata ubicado en inmediaciones del páramo. La compañía inició gestiones y operación hace más de 20 años, pero tan solo hasta 2011 solicitó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la explotación de una mina a cielo abierto.

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La compañía, antes llamada Greystar, aseguró que el Gobierno colombiano consideró en su momento que el proyecto era de importancia nacional, razón por la cual la Agencia Nacional de Minería le otorgó licencia ambiental para extraer oro de la zona y en un año después decidió extender la licencia de explotación.

Eco Oro argumenta que tenía un derecho adquirido, avalado además por un tratado de libre comercio con Canadá que había sido firmado en 2008. Con base en la licencia otorgada, la empresa construyó un campamento en el municipio de California (Santander) en el que empleó a unas 200 personas. El lío jurídico comenzó entonces. Los inversionistas que integran la firma tomaron la decisión de demandar internacionalmente al Estado colombiano.

Los habitantes de los dos santanderes han adelantado varias marchas en rechazo a la minería en el páramo de Santurbán. Foto: archivo/Semana. 

El Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán y otras organizaciones internacionales aliadas le solicitaron al Ciadi aceptar un Amicus Curiae dentro del proceso del arbitraje internacional de Eco Oro contra Colombia, pero este centro rechazó escuchar a los posibles afectados por la minería en el páramo.  

Ante esta decisión, dicho comité, junto a Indepaz, Mining Watch Canadá, CIEL (Center for International Environmental Law) y AIDA, optaron por enviarle la carta a la ONU en la que destacaron el impacto del arbitraje internacional en las decisiones de los estados para proteger sus fuentes de agua. 

Y es que en el Ciadi, Gas Natural SDG S.A, Red Eagle Exploration Limited, Astrida Benita Carrizosa, Glencore International A.G., y América Móvil S.A.B., también tienen procesos de arbitraje contra Colombia pendientes por resolver.