Con más de 6,7 millones de hectáreas de bosque arrasadas por la motosierra en los últimos 28 años, lo que representaría pelar de verde a un terreno similar al área del departamento de Antioquia, Colombia hace parte del listado de la infamia de los 10 países más afectados por la deforestación.

En 2017, con cerca de 220.000 hectáreas perdidas, el territorio registró un tope no visto desde hace siete años. La Amazonia fue la gran damnificada, al concentrar 65 por ciento de la deforestación nacional. Y como si fuera poco, la deforestación ahora es considerada como la mayor generadora de gases contaminantes emitidos hacia la atmósfera en tierras colombianas, por encima de las actividades agropecuarias, de minas y energía y transporte.

La ilegalidad es el gran motor de la matanza acelerada de árboles, con macabras aristas como el acaparamiento de tierras, responsable del 48 por ciento de la deforestación; cultivos ilícitos; ganadería extensiva; minería ilegal; incendios forestales e infraestructura vial.

Ante este panorama, SEMANA, el gobierno de Noruega y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible unieron esfuerzos para crear la Gran Alianza Contra la Deforestación, iniciativa que desde septiembre visibiliza, sensibiliza y moviliza al país sobre las consecuencias de este flagelo, y así tomar acciones para su control y disminución.

Durante la primera etapa de la Alianza, el país conoció las dos caras de la moneda: por un lado imágenes desgarradoras del estado actual de los bosques amazónicos, con talas, quemas y acaparamiento de tierras continuos e intensivos, en sitios sagrados como Parques Nacionales, resguardos indígenas y reservas forestales; y por otro lado proyectos, iniciativas, acciones comunitarias e inversiones con el único fin de proteger al bosque.

Ad portas de empezar su segunda fase, que reconocerá a las mejores iniciativas de las comunidades que defienden los bosques (entre cerca de 100 postuladas), medirá el pulso a los compromisos de los mandatarios locales y gobernadores y realizará tres foros en las regiones más impactadas, la Gran Alianza presenta un resumen de las principales acciones, buenas y malas, que vivió este recurso natural en 2018.

1. Amenaza sobre Chiribiquete

Entre septiembre y diciembre, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y la Gran Alianza realizaron cuatro sobrevuelos a ras de selva por los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá.

Foto: FCDS

Por primera vez el país conoció que la deforestación está empecinada en apropiarse de una joya de biodiversidad como el Parque Nacional Chiribiquete, recién ampliado y declarado Patrimonio de la Humanidad. Los sobrevuelos arrojaron mordiscos y arañazos de bosque en sus zonas de amortiguación, con parches de hasta 1.000 hectáreas y dirigidos hacia el hogar de los pueblos indígenas en aislamiento, propiciados por nuevos actores que quieren acaparar tierra.

A su vez, la afectación de especies fundamentales para la preservación de los bosques como las dantas, encargadas de dispersar semillas entre la Amazonia y la Orinoquia.

2. Sobre parques y reservas

En los Parques de La Macarena y Tinigüa, además de cultivos de coca, los sobrevuelos evidenciaron deforestación sostenida con procesos sostenidos durante todo el año. Entre tanto, en la reserva forestal de la Amazonia, entre el Meta y Guaviare, sobrevuelos de la FCDS y Fedepalma denunciaron la presencia de palma no agremiada.

Foto: FCDS

Rodrigo Botero, director de la Fundación, afirmó que en 2018 la deforestación fue atípica, ya que no paró. “Antes concentraba su accionar a comienzos o finales de año, en las épocas más secas”, dijo. “Pero en este periodo no interrumpió su accionar ni con la lluvia”.

El experto resumió el fenómeno actual en cuatro palabras: contínuo, intensivo, creciente y focalizado, con el agravante de nuevos actores con alta capacidad de inversión económica destinada a acaparar selva.

3. Sobrevuelos a ras de copas

La FCDS, en cabeza de Botero recorrió en aeronaves más de 10.000 kilómetros de selva a bajas alturas durante todo 2018 para evidenciar lo que pasa en medio de las selvas amazónicas.

La FCDS, que hace parte de la Gran Alianza, constató que el proceso deforestador rompió su comportamiento estacional para volverse permanente. “Encontré bosques en el suelo, muchos quemados, cuando aún faltaban cinco meses para el verano. Y peor aún, nuevas casas, de mayores tamaños, con corrales y hasta postes de cemento que llegan al borde de la selva en el Yarí. El panorama fue de lotes vacíos, sin gente, pasto, casas o ganado, esperando a que alguien los compre”, dijo Botero.

4. Quemas en diciembre

Foto: Ruby Marcela Pérez

En los sobrevuelos de este mes de diciembre, el Director de la FCDS y la Gran Alianza evidenciaron la quema adelantada e intensificada en La Macarena, Chiribiquete, Tinigüa, las sabanas del Yarí y el Camuya, además de lotes gigantes de bosques en el suelo. “Los resguardos de Nukak y Yaguará caen depredados a una velocidad increíble. Carreteras, fincas, tractores, cocales, plataneras y casas aumentan cada vez más su número. Los parches en Chiribiquete y Macarena son planificados, por alguien que conoce el territorio”, comentó Botero.

5. Incremento anunciado

Aunque la cifra oficial de hectáreas deforestadas este año aún es una incógnita, el Ministro de Ambiente Ricardo Lozano estima que superarán las 270.000 hectáreas, 50.000 más que el año pasado. En pocas palabras, la deforestación continúa su senda macabra por bosques centenarios.

Foto: FCDS

Los informes de alertas tempranas por deforestación del Ideam permiten deducir cuáles serán las sitios más afectados. Entre enero y marzo, el Parque Tingüa en el Meta fue el principal núcleo. Perdió más de 5.000 hectáreas por las quemas para pastizales o el acaparamiento de tierras. La Macarena, San Vicente del Caguán (Caquetá) y Tibú (Norte de Santander) concentraron 46 por ciento de las alertas nacionales.

En el segundo trimestre (de abril a junio), la deforestación cambió de rumbo. El Parque Paramillo en Córdoba fue el más afectado, mientras que 15 de los 25 municipios con mayor cantidad de alertas fueron de la región Pacífico. Riosucio en Chocó fue el más crítico.

Los bosques de Guaviare y Meta fueron las víctimas entre agosto y septiembre. El ideam identificó más de 3.800 hectáreas deforestadas en Guaviare y 2.100 hectáreas en Meta, con parches superiores a las 50 hectáreas.

Muy seguramente, el cuarto informe mantendrá en el top a Guaviare y Meta pero con Caquetá, donde la deforestación incrementa su accionar por cuenta de los incendios forestales de fin de año.

6. Garrote I

Este año que termina, según informó el Teniente Coronel Alexánder Obando, jefe de la Seccional de Investigación Criminal de la Dirección de Carabineros, la Policía Nacional capturó cerca de 3.600 personas por delitos relacionados con la deforestación, he incautó más de 65.000 metros cúbicos de madera de procedencia ilegal; todo a través de un trabajo conjunto entre la Fiscalía, las Fuerzas Militares y Aéreas y el Ministerio de Ambiente.

Foto: Seccional de investigación criminal de la Dirección de Carabineros.

En Parques como Tinigüa, Los Picachos, La Macarena, Chiribiquete y La Paya, el trabajo interinstitucional arrojó 17 capturas y la incautación de 17 motosierras, 340 metros cúbicos de madera y dos dragas utilizadas para la minería de oro.

El operativo en Los Picachos fue el más polémico. 900 funcionarios ingresaron en 50 camiones a una zona rural de San Vicente del Caguán y capturaron a cinco personas. Sin embargo, lo que levantó la voz de los campesinos, por medio de protestas y marchas, fue el decomiso de 600 reses de ganado bajo extinción de dominio, avaluadas en $1.200 millones.

Stella Sánchez, directora especializada contra las violaciones a los derechos humanos de la Fiscalía, le manifestó a la Gran Alianza, después de la operación de Picachos, que la entidad adelanta investigaciones en La Macarena, Tinigüa y Chiribiquete, y que en 2018 ha judicializado a más de 60 personas en la Amazonia colombiana por deforestación.

7. Garrote II

Foto: Fuerza Aérea Colombiana

Otros hitos fueron las tres primeras capturas en Chiribiquete por la tala de 95 hectáreas de bosque; incautación de dragas, embarcaciones, motores y galones con aceite quemado y mercurio en el río Caquetá por el Parque La Paya; y la judicialización de 10 personas de una organización delincuencial dedicada al tráfico ilegal de madera en el Tolima, incluidos tres policías y un funcionario de la Alcaldía de Melgar.

La Burbuja Internacional del Medio Ambiente, que controla las fronteras con Perú y Brasil, destruyó 20 dragas y 12 balsas que operaban en ríos tributarios del Amazonas y desmanteló una banda que hacía minería ilegal en Perú y Colombia.

8. Garrote III

Y el garrote no parará en 2019. María Claudia García, Viceministra de Políticas y Normalización Ambiental, en entrevista con la Gran Alianza, aseguró que el gobierno nacional enfrentará la deforestación con una lucha directa contra las economías y mafias ilegales, enfocada en un control territorial y cumplimiento de las normas.

Foto: Ministerio de Ambiente

“Conformaremos tres instancias: el Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación liderado por los ministerios de Defensa y Ambiente, el Comando General de las Fuerzas Armadas, la Dirección de la Policía Nacional y la Fiscalía General, que tomará las decisiones. Una comisión de coordinación entre Ideam, Fiscalía, CTI e inteligencia militar, que cruzará los monitoreos, mapas e imágenes de satélite con los informes fiscales y de inteligencia. Y una comisión operativa que irá a terreno”, dijo García a mediados de octubre.

9. Manos amigas

La lucha contra la deforestación cuenta con apoyo internacional. El Fondo Colombia Sostenible le desembolsó al país 7 millones de dólares, monto aportado por Noruega, Suecia y Suiza, para cumplir con los compromisos internacionales y las metas de sostenibilidad, entre estas frenar la deforestación.

Los principales beneficiarios serán la restauración comunitaria de los ecosistemas transformados en 150 hectáreas del Parque La Macarena, la consolidación del Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación para generar datos de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero relacionadas con los bosques y la disminución de la presión sobre los bosques del Pacífico.

Sumado a esto, Noruega le entregaría hasta 210 millones de dólares a Colombia como pago por resultados de hitos políticos y reducción de emisiones generadas por la deforestación.

10. Cuatro salvavidas en el Congreso

Foto: John Barros

En el Congreso de la República transitan cuatro proyectos de ley en pro de los bosques, con propuestas como cárcel de hasta 16 años para los grandes deforestadores, cambios en el manejo forestal, tareas concretas para 26 entidades, alcaldías y gobernaciones, restauración en más de 3.000.000 de hectáreas deforestadas en los 20 últimos años y reforestación por parte de los alcaldes municipales en las zonas hídricas.

Los senadores Rodrigo Lara y Jorge Londoño y los representantes a la Cámara José Caicedo y Juan Carlos Lozada, son los artífices de estos salvavidas.

11. De la mano de Dios

La protección de los bosques ahora cuenta con bendiciones de fe. Con la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales, liderada por Naciones Unidas, líderes católicos, evangélicos, musulmanes, hindúes, budistas y judíos del país convencerán por medio de sus credos, que la deforestación es un tema serio.

Es la primera vez que Colombia incluye a los grupos religiosos para intervenir activamente en la lucha contra la pérdida de los bosques, una iniciativa que también será replicada en Perú, Brasil, República Democrática del Congo e Indonesia, quienes junto al territorio colombiano contienen 70 por ciento de los bosques tropicales que aún quedan en pie en el planeta.

12. Visión del bosque

Visión Amazonia, programa del Ministerio de Ambiente, cuenta con recursos de cooperación internacional de Noruega, Reino Unido, Irlanda del Norte y Alemania para proteger los bosques de la Amazonia, pero beneficiando a las comunidades.

Actualmente, el programa destina $37.000 millones de pesos para impulsar la economía y desarrollo sostenible en la Amazonia, por medio de 27 proyectos agroambientales e indígenas.

Foto: Leonardo Numpaque

17 proyectos benefician a 2.744 familias campesinas en ocho municipios del Guaviare y Caquetá, quienes además de conservar 96.200 hectáreas de bosque, desarrollan sistemas agroambientales de caucho y cacao, productos no maderables, ecoturismo y reconversión ganadera de carne y leche.

Entre tanto, 10 proyectos son para 5.100 familias de 19 organizaciones y comunidades indígenas que habitan en 50 resguardos del Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés.

José Yunis, Director de Visión Amazonia, afirmó que este año el programa lanzó una segunda convocatoria para que más comunidades étnicas fortalezcan su gobernanza y planes de vida, con una inversión de 20.000 millones.

“Además, acaban de aprobar el tercer plan de inversión para Visión Amazonia por $90.000 millones, que tendrán como fin apoyar incentivos verdes prediales y veredales con acuerdos de conservación; promoción de municipios verdes que quieran reducir la pérdida de bosque; extensión rural a los 12 municipios del arco de la deforestación; y proyectos forestales y de turismo ecológico comunitario”.

13. Natura al rescate

Por su parte, la Fundación Natura lidera en Colombia el proyecto Amazonas 2.0, que con el apoyo de UICN y la Unión Europea pretende contener la deforestación de los bosques amazónicos y empoderar a las organizaciones indígenas y campesinas.

Foto: Archivo Semana

“El ideal es capacitar a las comunidades sobre monitoreo forestal, climático y de fauna, y crear una plataforma regional amazónica de intercambio de información y respuesta rápida con registros, análisis y reportes en tiempo real que contribuyan a la medición de la deforestación”, dijo Elsa Matilde Escobar, Directora de la Fundación.

Este proyecto marcha en Solano (Caquetá), donde ya hay 15 promotores comunitarios de 11 veredas. “Trabajamos con indígenas y colonos para identificar sus problemáticas y establecer un diálogo. Estas dos comunidades poco hablan entre sí y tienen una disputa, pero con este proyecto han planteado acciones para mitigar la pérdida del bosque”, dijo Escobar.

14. Vivir del verde I

El Ministerio de Ambiente, con apoyo de más de 30 entidades nacionales e internacionales, dio inicio al Programa de Forestería Comunitaria, que le permitirá a las comunidades hacer un uso planificado de los bienes y servicios ambientales de los bosques.

Foto: Jhon Barros

La estrategia busca darles mejores opciones a los habitantes de los bosques, para que así puedan generar recursos a partir de un aprovechamiento sostenible, además de convertir a la biodiversidad y al capital natural en un activo estratégico para las comunidades y la Nación.

Cerca de 20 iniciativas ya trabajan en forestería comunitaria en Antioquia, Cauca, Chocó, Guaviare, Nariño, Santander, Tolima y Valle del Cauca, entre ellos la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Capricho (Asocapricho), liderada por Olmes Rodríguez, quien por más de 15 años sembró coca y tumbó árboles en el Guaviare y ahora protege con su vida el verde de su corregimiento.

En Asocapricho participan 168 familias campesinas del corregimiento El Capricho de San José del Guaviare, quienes han manifestado su compromiso de apostarle a esta forestería.

15. Vivir del verde II

En la capital del Guaviare, el turismo cala cada vez más entre sus pobladores. Muchos ya dejaron de talar o sembrar coca para organizarse y ofrecer recorridos o suculentos platos típicos a los turistas nacionales y extranjeros.

Foto: Secretaría de Cultura y Turismo del Guaviare

Tal es el caso de la asociación Fantasías de Cerro Azul, puerta de Chiribiquete, una de las 30 organizaciones campesinas involucradas en el turismo local sostenible que le prestan servicios a los grandes operadores para hacer guianzas por los tesoros ambientales como la Serranía de la Lindosa.

Esta asociación lleva solo seis meses y cuenta con el apoyo de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). Sus 20 miembros dedican sus días a preparar sancocho de gallina, pescado muqueado, carnes y pollo para los turistas y hacer algunos recorridos por Cerro Azul, sitio a donde llegan en promedio 100 turistas cada mes.

16. Con el corazón en el bosque

Hace un mes, la Alianza Contra la Deforestación lanzó una convocatoria para conocer las personas o asociaciones comunitarias que ponen su alma para la protección de los bosques. La primera iniciativa vino del Vichada, en el municipio de Cumaribo y en inmediaciones del Parque Nacional El Tuparro.

Foto: Jhon Barros

Con palmas de moriche, 20 indígenas piratapuya salvaron el único caño que les daba agua y que casi muere con las quemas de comienzo de año. Con asesoría de Parques Naturales, la comunidad sembró los moriches por toda la ronda, trabajo que ya dio frutos: ya están volviendo las aves, roedores y mamíferos, y el agua brota con mayor fuerza.

Cerca de 100 iniciativas como las de los piratapuya fueron recibidas en la convocatoria. Y las hay como en botica: árboles que captan mercurio, defensa de una montaña ancestral en Putumayo, ecoturismo en el Macizo, recuperación de zonas mineras en Antioquia, comunidades negras que conservan un corredor en Chocó, familias que blindan los bosques del Catatumbo, protección del bosque seco tropical en Codazzi (Cesar), trabajos comunitarios en la Serranía de San Lucas en Bolívar y hasta un museo de biodiversidad.

17. A contar la palma

Con imágenes satelitales de la NASA, el Ideam elabora un mapa con la cantidad de plantaciones legales e ilegales del cultivo de palma de aceite, el cual estará listo en el primer trimestre de 2019.

Foto: FCDS

Este mapa evidenciará tanto las áreas ya agremiadas a Fedepalma como las que no lo están. Además, tendrá una capa de la deforestación presentada en el país desde 2011, año elegido por el Acuerdo Cero Deforestación, para conocer qué tanto ha incidido este cultivo en la pérdida de bosque.

516.961 hectáreas sembradas, 430.884 hectáreas de producción y 86.077 hectáreas de desarrollo hacen parte de las plantaciones de Fedepalma, cifras que convierten a Colombia en el cuarto productor de palma de aceite a nivel mundial y el primero en América Latina.

18. Espacios de diálogo

Colombia contará por primera vez con espacios únicos para prevenir y dirimir los conflictos socioambientales como explotaciones mineras, extracciones de recursos naturales, inadecuada gestión del agua y residuos y falta de conservación de la biodiversidad.

Foto: Archivo Semana

El Ministro de Ambiente anunció que creará 10 Centros Regionales de Diálogo Ambiental en Neiva, Bucaramanga, Villa de Leyva, Bogotá, Barranquilla, Santa Marta, San Andrés, Quibdó, Leticia y Villavicencio.

“Esta iniciativa busca identificar los conflictos potenciales, poner en contacto a las instituciones e integrantes de la sociedad civil involucrados, implementar estrategias de comunicación para abordar el diálogo y transformar las tensiones que ya marchan”, dijo Lozano.

Este año, la entidad lanzó un “Pacto por los bosques”, que busca acciones concretas de control y monitoreo y apoyar a las comunidades con proyectos productivos para hacer un uso sostenible de sus bosques.

Este pacto, que irá de la mano con Parques Nacionales, Instituto Sinchi, Visión Amazonia y las Corporaciones Autónomas, pretende lograr acuerdos comunitarios y campesinos que frenen las actividades ilícitas y hagan un tránsito hacia la legalidad por medio de la restauración, proyectos productivos y educación ambiental.

19. Minería a granel

Uno de los motores que desencadena la deforestación es la minería ilegal, actividad que mata todo lo que toca y deja profundas cicatrices en el suelo, agua, bosque y la salud de la población. La Amazonia no es la excepción a este accionar, pero a la fecha no habían muchos insumos sobre el estado de sus selvas por la presencia de dragas o uso de mercurio.

Foto:Brigada Contra la Minería Ilegal del Ejército Nacional

La Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) publicó el primer mapa de minería ilegal en seis países amazónicos: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Los resultados fueron alarmantes: 2312 puntos y 245 áreas de extracción ilegal de oro, diamantes y coltán, además de 30 ríos con actividad minera.

En Colombia, el estudio evidenció que los ríos Caquetá, Apaporis, Putumayo, Guaviare e Inírida padecen de serias dolencias por la extracción ilegal aurífera y de coltán. Además, fue el país con mayor incidencia en cuanto al uso de dragas o balsas en los ríos, con 30 de los 65 casos investigados.

De las 649 áreas naturales protegidas en estos seis países, 55 albergan puntos de minería ilegal y 41 sufren por daños indirectos; mientras que de los 6.207 territorios indígenas, 78 padecen por actividades mineras en su entorno, más que todo en Perú.

El mercurio, utilizado para separar la roca de la pepa de oro, es una de 10 sustancias químicas más perjudiciales para la salud. Colombia, según la WWF, es el país que más libera mercurio per cápita en el mundo. Sumado a esto, en 2016 un informe de las Naciones Unidas reveló que 83.620 hectáreas fueron afectadas por la explotación de oro de aluvión en 14 departamentos.

20. Un manifiesto poco escuchado

30 organizaciones de campesinos, indígenas y afrodescendientes de La Macarena elaboraron un manifiesto ecológico y por la paz, en el cual dieron su visto buenos para cambiar sus tradiciones productivas, como la quema y la ganadería extensiva, por apuestas intensivas, agroecológicas y más sostenibles.

Foto: Asojuntas La Macarena

Una de sus propuestas fue un trabajo mancomunado entre el Estado, las fuerzas regionales y los habitantes para definir las responsabilidades sobre el control a la ganadería extensiva y la protección efectiva del bosque. En pocas palabras que el gobierno plantee mecanismos de producción controlada amigable con el medio ambiente y rentable para que las comunidades mitiguen el impacto ambiental de la deforestación

El manifiesto fue presentado en el segundo Foro Ambiental y Agrario en La Macarena a mediados de octubre, por lo cual citaron a la mayoría de autoridades del gobierno. Sin embargo, solo asistieron representantes de Cormacarena, Parques Nacionales, Visión Amazonia y el Instituto Humboldt, lo que desmotivó a la comunidad.

Delio Franco, Presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asojuntas), dijo que buscaban la presencia de tomadores de decisión y una gran representación de entidades como el Ministerio de Agricultura y las agencias de tierras, para sentarse a conversar y llegar a acuerdos basados en el manifiesto que permitan un balance entre la producción y la sostenibilidad. “Queremos hacer el cambio. Pero el Estado sigue sordo”.

*Este es un producto periodístico de la Gran Alianza contra la Deforestación. Una iniciativa de Semana, el MADS y el Gobierno de Noruega que promueve el interés y seguimiento de la opinión pública nacional y local sobre la problemática de la deforestación y las acciones para controlarla y disminuirla.