Este lunes, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano, junto a su equipo de trabajo hizo la rendición de cuentas y audiencia pública sobre sus gestión en el último año, y presentó la apuesta para los años restantes del actual gobierno, plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo por la Sostenibilidad: “Producir conservando, conservar produciendo”.

Entre los resultados más destacados está la reducción de la tasa de deforestación, que disminuyó 10% en comparación con el año anterior. Es decir, según el Ideam, instituto adscrito al Ministerio de Ambiente, en 2017 se talaron cerca de 220.000 hectáreas de bosque, mientras que en 2018 el área devastada fue de 197.000 hectáreas.

Para Lozano, este es uno de los principales logros de su gestión, pues obedece, entre otras cosas, al trabajo articulado con otras instituciones del gobierno nacional entre las que están la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional. “Se redujo la tasa en departamentos como Caquetá y Guaviare, históricamente afectados por este flagelo. El reto es continuar con ese camino decreciente”, afirmó el ministro.

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Una cifra compartida entre la administración saliente, es decir, la del presidente Santos, quien alcanzó a estar 7 meses de 2018 y los meses siguientes a la cabeza del presidente Duque. Una estadística, que como el propio ministro dijo, tendrá que seguir bajando año tras año y para lo cual se necesita una labor conjunta entre diferentes sectores, que siga incluyendo a la Fuerza Pública, pero además, una apropiación del tema por parte de todos los colombianos. 

Según Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, FCDS, los resultados de deforestación indican que disminuyó ligeramente frente al año anterior. Sin embargo, “en la Amazonia, principal zona de deforestación en el país, se redujo un poco más de 5 mil hectáreas, estando aún más de 50 mil hectáreas por encima del nivel de referencia usado por el gobierno en su acuerdo de reducción de emisiones con Noruega , Alemania y Reino Unido”.

Para Botero, más allá del alto nivel de deforestación, es importante señalar que hay otros tipos de coberturas, no reconocidas como bosque por el sistema del Ideam, en el cual pueden ser incluidos los "rastrojos" o sucesión vegetal, que están siendo deforestados y no hacen parte de las cuentas nacionales. “La deforestación no solo es un problema de número de hectáreas tumbadas sino, de qué tipo de ecosistemas se están perdiendo, y dónde”, concluyó.

En la misma línea de la lucha contra la deforestación, otro número a resaltar corresponde a la reducción de casi 1.000 hectáreas de coca sembradas al interior de los Parques Nacionales Naturales. Según la directora de la entidad, Julia Miranda, esta disminución se dio en áreas como La Macarena, uno de los parques que tiene una gran presión por parte de lo ilícito. “Es una gran noticia, sin embargo, seguimos muy preocupados por cada centímetro de parque que tenga esta amenaza. Resaltamos el trabajo que se ha hecho para erradicar voluntariamente estos cultivos”, agregó Miranda. 

Cabe resaltar que los Parques Nacionales Naturales son las únicas áreas donde, de acuerdo a lo establecido por la Corte Constitucional, no se puede hacer fumigación con glifosato para combatir los cultivos de uso ilícito. Esto significa que la reducción de coca en estas áreas se dio gracias a los programas de sustitución manual y voluntaria. Esta última muy de la mano de la estrategia de acuerdos de conservación que se han adelantado entre Parques y las comunidades que los habitan. 

En la apuesta por los bosques colombianos también hay que incluir la restauración y reforestación. Según Emilio Rodríguez, director de bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos del Ministerio, ya se han sembrado 600 mil árboles y la meta a 2022 es de 180 millones. “Lo que queremos es recuperar el capital natural y los beneficios ecosistémicos, así como brindar alternativas a quienes viven allí”, afirmó.

Más allá de la deforestación

La rendición de cuentas contó con la participación de los institutos de investigación, que también están liderados por la cartera ambiental. Cada uno de estos (Humboldt, Sinchi, Invemar e IIAP) habló de los avances que han tenido, desde la vinculación de muchos más investigadores hasta las expediciones BIO que han ayudado a descubrir nuevas especies en el país. Hablaron, también, del estudio de posibles negocios verdes que le quiten presión a los bosques, es decir, que den alternativas más allá de la madera; así como también, de estudios que buscan conocer y enfrentar la erosión costera. 

Bosques territorios de vida. Foto: David Fayad

Luz Marina Mantilla, directora del Instituto Sinchi, resaltó la apertura de una sede en Inírida, lugar fundamental para realizar y apoyar estudios en la Amazonia. Así mismo, Francisco Arias Isaza, director del Invemar llamó la atención sobre los más de 34 millones de datos con que cuenta en el sistema de información ambiental marina y los 29 servicios de consulta en línea dispuestos para otras entidades y el público en general. 

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En la misma línea marina, la directora de mares y costas del ministerio, Andrea Ramírez, hizo referencia a la declaración del primer y único Distrito de Manejo Integrado en la Guajira dedicado a la protección de pastos marinos, un ecosistema poco conocido y que se encuentra en un 80% en este departamento. Esta nueva área de conservación ya cuenta con su plan de manejo integrado, construído de la mano de la comunidad Wayuú y entidades como la Agencias Nacional de Hidrocarburos. 

El ministerio también dio cuenta de la creación de tres radares meteorológicos que ayudan a la toma de decisiones frente a eventos climáticos y a planificar el territorio. Todo esto de la mano de su estrategia de gestión del riesgo y desastres. Para todo esto han contado con la inversión de 8 millones de euros provenientes de la Cooperación Internacional.

Para Lozano, todo lo que tenga que ver con acciones climáticas hace parte del ADN de la política ambiental nacional, de cara cumplir con las sentencias nacionales y lo acuerdos pactados en el ámbito internacional. Por esto, también se destaca que el Ministerio y el Departamento Nacional de Planeación formularon el Conpes 3947 con el objetivo de implementar estrategias de actuación y coordinación sectorial ante la ocurrencia del fenómeno de El Niño 2018-2019. 

Gestión cooperante

Según datos entregados por el propio ministro, más de 130 millones de dólares han sido gestionados por parte de la Cooperación Internacional para proyectos medioambientales. Países como Noruega, Reino Unido, Suecia, Suiza, Alemania y Estados Unidos, entre otros, son los principales inversores en temas relacionados con cambio climático y, por ende, otros colaterales como deforestación, erosión costera, biodiversidad terrestre y marina, etc.

De acuerdo con esta información, la cifra de cooperación supera los 446 mil millones de pesos, es decir, es mucho más que el presupuesto de la Nación asignado a la cartera ambiental en 2019 y 2020, sobre todo si se tiene en cuenta que el proyecto de ley radicado por el presidente Duque en el Congreso propone una disminución a las finanzas ambientales de más de 30.000 millones de pesos, al pasar de 375.000 millones en 2019 a 345.000 millones para 2020. 

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Para Juan Pablo Ruiz, economista y experto en gestión ambiental, aunque los institutos de investigación y algunas Corporaciones Autónomas Regionales, a través de la voluntad de sus funcionarios, pretenden cumplir con su misión institucional de hacer gestión ambiental y preservar la biodiversidad, así como evitar la deforestación,  “es evidente que la asignación presupuestal es muy baja y que el nivel de prioridad de lo ambiental frente a otras actividades que apoyan de alguna manera la gestión gubernamental, sigue siendo supremamente baja”, dijo.

Sin embargo, pareciera que el Ministerio lo tuviera bajo control y viera en el apoyo de otros países la solución. Según lo manifestó Roberto Esmeral, viceministro de ordenamiento ambiental del territorio, “la cooperación es vital para el logro no solo de las metas del Acuerdo de París, sino de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La comunidad económica, la banca multilateral, están acompañando no solo políticas, sino la puesta en marcha de proyectos”, afirmó.

Participación y gobernanza, claves para seguir avanzando

Estos son otros retos y logros presentados por la cartera ambiental luego de un año de gestión:

Lanzaron la primera Estrategia Nacional de Economía Circular en América Latina, para trabajar entre empresas, gremios, Corporaciones Autónomas y academia para la generación de grandes beneficios ambientales, económicos y sociales. Dicha apuesta cuenta con unos pactos regionales que han dejado hasta la fecha 40 iniciativas ambientales para el manejo eficiente y sostenible de los recursos. Ya se han suscrito 10 Pactos Regionales de Economía Circular, con 3.500 personas y 90 entidades comprometidas con el ambiente.

Por otro lado, también lograron que mediante la Ley 1955 de 2019 se empiecen a desarrollar prácticas mineras formales libres de mercurio buscando que el país no use más este químico para el año 2023.

La Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, por su parte, desarrolló una herramienta tecnológica para el monitoreo de procesos judiciales y avanza en el saneamiento de expedientes sancionatorios. Según su director Rodrigo Suárez, a la fecha, se han impuesto 18 multas que superan los $25.000 millones de pesos. Así mismo, se resolvieron el 77% de licencias ambientales pendientes de trámites de aprobación por parte de la Anla. La meta es que en el 2022 este indicador de eficiencia ascienda al 95%.

Por su parte, tanto el ministro como el viceministro y otros funcionarios como Jorge Iván Hurtado, subdirector de educación y participación, hicieron gran énfasis en la necesidad de incentivar la participación de las comunidades como un motor para la sostenibilidad y para el desarrollo de la gestión ambiental del país. 

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En este sentido destacaron los procesos que han hecho en temas como la delimitación de los páramos y el cumplimiento de las sentencias como la del río Atrato y la Amazonia. Con las comunidades para el crecimiento sostenible de las regiones aledañas a los páramos en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Boyacá y Casanare, por ejemplo, se han adelantado 60 espacios participativos, indicó el ministro Lozano.

Todo esto muestra como la gestión avanza, pero los retos no se detienen. La deforestación y el cambio climático serán los desafíos más grandes, pues si bien pareciera que la tendencia creciente que traía la deforestación cambia de rumbo, también es importante que los procesos de recuperación de tierras baldías donde se ha deforestado, vayan de la mano no solo con lo forestal, sino también con la tenencia legal de esos territorios.