A finales de los 70, en Colombia ya existía polémica por el uso de químicos en fumigaciones desde helicópteros contra cultivos de marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta. Investigaciones de la Universidad del Magdalena dieron cuenta del uso de paraquat y round up que afectaron a indígenas y campesinos. Esta discusión regresó a comienzos de los años 90 cuando la Policía utilizó herbicidas para atacar cultivos de amapola en la región andina.

Desde 1994 se utilizaron aspersiones aéreas contra cultivos de coca con el agrotóxico glifosato, un herbicida sistémico que causó pánico entre los cultivadores y motivó marchas de protesta en Guaviare, Caquetá y Putumayo. Las administraciones de Samper, Pastrana, Uribe I y II y Santos lo emplearon. En 2015, el Consejo de Estupefacientes suspendió su uso considerando sentencias de la Corte Constitucional y advertencias de riesgo provenientes de la OMS.

La discusión estuvo presente cada año durante su aplicación. El rechazo campesino, las mediciones anuales de hectáreas y las quejas por daños causados en el marco de esta estrategia fueron el pan de cada día. A ello se sumó el empleo de esa estrategia como parte de la guerra contrainsurgente que libró el estado colombiano. El Plan Colombia fue el cúlmen de esa mezcla en la que mercenarios de EE.UU. participaron abiertamente de las fumigaciones, mientras que la instalación de radares y batallones antidrogas se expandieron.

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Quienes nos opusimos a las fumigaciones vivimos, además de amenazas y atentados, varios momentos de ese debate. En primera instancia denunciamos las afectaciones al medio ambiente, la salud humana y a los animales. Expusimos que las aspersiones motivaban una duplicación de la deforestación en tanto las familias cultivadoras no recibían apoyo del estado y se internaban más en la selva. Mostramos al país las afectaciones en la piel y los ojos de personas que se encontraban en las zonas fumigadas. También, animales muertos luego del paso de los aviones, peces en estanques domésticos, aves de corral, huertos alimenticios, entre otros. Sin embargo, las quejas recibidas en Personerías y Defensoría del Pueblo no fueron atendidas por el gobierno.

El debate técnico sobre la sustancia fue imposible de ser ganado por las comunidades afectadas dado que ellas no cuentan con los medios para recolectar pruebas o laboratorios para procesarlas y obtener rápidos resultados. El Estado por su parte adolece de una red pública hospitalaria que tenga la capacidad de recolectar información relevante en las zonas fumigadas. Tampoco, los planes de manejo ambiental del PECIG pudieron ser monitoreados por una veeduría independiente. Una descoordinación entre las entidades de control agrícola, ambiental y sanitario se hizo evidente a pesar de auditorías ambientales contratadas por la propia Policía. De nada sirvieron las alertas de la Contraloría General sobre la ineficacia y los sobrecostos de esta estrategia.

Pero el debate sobre las aspersiones no es técnico sino social y ético (como bien lo afirmó Alejandro Gaviria ante la Corte Constitucional el pasado 7 de Marzo). No es un debate sobre la sustancia química en sí misma. Por ello, no es dable la comparación entre el uso privado de un matamalezas en el jardín de una casa, con el uso masivo desde veloces aviones en contextos de guerra, sobre parajes biodiversos, sin aviso previo y sin el consentimiento comunitario donde se aplica por parte el Estado.

Las fumigaciones causaron desplazamiento forzado de familias campesinas que subsistían de la coca y sus cultivos de pancoger. El agrotóxico afectaba especialmente a los  cultivos de alimentos y al perderse la seguridad alimentaria la familia se veía obligada a marcharse de su finca. Muchos aprendieron a raspar rápidamente las hojas de sus plantas recién rociadas y a soquearlas, obteniendo luego una mejor cosecha. Pero aquellas familias que estaban endeudadas tenían que emigrar buscando las oficinas de atención a desplazados las cuales les negaban el registro en las bases de víctimas, porque según la teoría de la época, el “estado no causaba desplazamiento”.

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La reclamación social tuvo eco en el Congreso de EEUU. Patrick Leahy y Jim McGovern pusieron como condición a la ayuda que ese país daba para las fumigaciones, la creación de un sistema de quejas y reclamos. La extinta DNE se encargó de ello en primer lugar pero después fue la propia Policía Antinarcóticos la que lo gestionó. Kristina Lyons una especialista que convivió con campesinos afectados del Putumayo acaba de mostrar ante la Corte Constitucional que una cifra ridícula de casos fue atendida mientras la inmensa mayoría de quejas fueron negadas. El daño social también fue desconocido y solo hasta 2007 una sentencia de la misma Corte reconoció a los desplazados por fumigaciones de la región de la Macarena y le impuso al estado obligaciones para con ellos.

Pero más allá de pequeños esfuerzos técnicos, la acción con daño del estado se mantuvo hasta 2015, cuando la jurisprudencia sobre el principio de precaución se afianzó a través de la revisión de dos tutelas en las que comunidades indígenas y consejos comunitarios reclamaron el derecho de consulta previa y la necesidad de suspender el uso de las aspersiones con el cuestionado glifosato.

El Consejo de Estupefacientes suspendió su uso desde el segundo semestre de ese año. Posteriormente, un primer caso de campesinos afectados por las fumigaciones fue aceptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al mismo tiempo, el Estado colombiano negoció una solución amigable con Ecuador que tenía demandado al país ante la Corte Internacional de Justicia. La solución implicó el reconocimiento del daño causado al vecino país por fumigaciones en la frontera y el pago de 15 millones de dólares.

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Al debate técnico ambiental y sanitario, sin duda, se le agrega un componente socioeconómico. Y a estos temas se le debe adicionar la polémica por su eficiencia en términos de lucha contra las drogas y sus implicaciones en la seguridad interna. Las fumigaciones no sirvieron para contener el flujo de la cocaína producida durante los años en que se aplicó. Más allá de una efímera reducción del área sembrada, la productividad del país en la conversión de coca a cocaína no se vio disminuida. Por ello tienen razón quienes afirman que las fumigaciones sirvieron para mantener un precio relativamente estable en todo el país durante al menos 20 años, mejorar las ganancias de los narcotraficantes, llevar el cultivo a nuevas zonas, generar un gasto fiscal inmenso y brindarle combustible político a grupos armados que se enfrentan al estado. Paralelo a ello no sobra recordar que el mercado mundial de cocaína se mantiene casi intacto.

Luego del acuerdo de paz la política que se adoptó fue la de sustitución voluntaria, aunque el estado se haya reservado el uso de las fumigaciones en caso extremo de necesidad. Miles de campesinos se vincularon al programa PNIS y demostraron en los primeros meses que podían ellos mismos arrancar su coca esperando el cumplimiento gubernamental de una serie de compromisos. Pasados casi dos años, las comunidades han honrado su palabra pero no ha hecho lo mismo el Estado (por lo menos no con la velocidad requerida). Sin embargo, ante las cifras de área sembrada, la respuesta del nuevo gobierno es regresar a la vieja estrategia de la reducción de la oferta, a través del uso de la fuerza.