Desde hace siete años más de 2.000 campesinos e indígenas, distribuidos en 60 familias indígenas y 393 campesinas, trabajaron para sembrar 72.000 árboles nativos, aislar más de 160 hectáreas de fuentes hídricas y poner en marcha prácticas sostenibles.
Tres organizaciones vienen trabajado desde 2015 en el desarrollo de criterios de planificación y alternativas para mitigar o compensar los impactos negativos que genera la infraestructura vial, legal e ilegal, en la Amazonia colombiana.
Fondos de países de Europa, Asia y Suramérica expresaron sus temores porque el gobierno de Bolsonaro esté usando la crisis de la covid-19 para impulsar la desregularización ambiental, que podría poner en peligro la supervivencia del bosque tropical más grande del mundo.
Diecinueve congresistas de Estados Unidos solicitaron a sus pares brasileños que no aprueben la iniciativa que permitiría proyectos de minería, agricultura y energía hidroeléctrica en tierras anteriormente protegidas en la selva tropical más grande del mundo.
La futura construcción de estas vías en medio de la manigua de cinco países, ocasionaría una deforestación superior a 2,4 millones de hectáreas de bosque. En Colombia, el tramo propuesto entre La Macarena y La Leona desaparecería 68.600 hectáreas boscosas.
A los incendios forestales y la producción de transgénicos, se suma ahora el coronavirus. Advierten que el área quemada intencionalmente para habilitar campos de cultivo podría multiplicarse este año.
Así lo revela un análisis de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS), de entre abril y septiembre de 2019, meses en los que el arco noroccidental amazónico perdió 3.685 hectáreas de bosque. El informe contrasta con el panorama del mismo periodo revelado por el Gobierno, cuando celebró la ausencia de núcleos de pérdida boscosa en la zona.
A través de un temerario panfleto instan a los campesinos de la Amazonia a acabar con los bosques y adueñarse de las tierras. Amenazan con declarar objetivos militares a Parques Nacionales, Instituto Sinchi, Misión Amazonia y corporaciones autónomas, y le exigen a la comunidad abandonar sus proyectos.
Rodrigo Botero considera que el presupuesto de la Unidad de Parques es insuficiente, así como sus condiciones operativas y jurídicas. La entidad enfrenta su peor crisis con la salida de los guardaparques de la Amazonia por amenazas. Dice que se debe repensar el modelo.
Nueva investigación revela que los incendios en la Amazonia, utilizados sobre todo para despejar tierras para la agricultura y ganadería, fomentan condiciones climáticas más secas por las emisiones de gases que elevan la temperatura de la Tierra. Las conflagraciones liberan “carbono negro”.
Codicia por colmillos de jaguar, tráfico de tortugas entre fronteras o comercio de madera de árboles en vía de extinción son algunos de los delitos contra el medioambiente en la región Andes–Amazonía. Hacerles frente requiere de la cooperación entre sectores y países.
Atender las amenazas que enfrenta la Amazonía requiere de la acción conjunta de organizaciones internacionales, gobiernos nacionales y comunidades locales. Con su apoyo a 56 programas y una inversión aproximada de 170 millones de euros, la Unión Europea es parte de la solución.
Las riberas del Amazonas y sus afluentes han sido cuna de mujeres que velan por su cuidado. A lo largo de sus casi 7.000 kilómetros de extensión, y entre sus 34 millones de habitantes, se tejen historias de mujeres que conservan su biodiversidad y viven gracias a ella.
El encuentro de dos culturas, la campesina y la indígena, en Solano, Caquetá, se constituye en una respuesta ante la amenaza de la deforestación del bosque amazónico.
El inminente riesgo de que un ecosistema de bosque tropical se convierta en uno de sabana, más seco, con las consecuencias que esto implicaría, exige acciones urgentes y, ante todo, concertadas entre diferentes sectores.
Su conservación es responsabilidad de todos, así como hacer visibles las acciones que se emprenden desde diversos frentes. Semana Sostenible y sus aliados tienen una gran noticia que contarle.
Semana Sostenible presenta los resultados del último informe de Global Witness sobre defensores ambientales asesinados en el mundo. Colombia ocupó el segundo lugar. Según la organización, en 2018, murieron en el país 24 personas.
Ni el conflicto armado, ni el narcotráfico, ni la colonización o el olvido del Estado han logrado que el pueblo awá desfallezca. El territorio ancestral es su vida, y por su tierra están dispuestos a morir. Ahora le apuestan a unificar su Gran Familia Binacional. Especial multimedia.
En la última década los cinco oleductos para el transporte de petróleo con los que cuenta Ecopetrol en el país han sido volados más de 1.010 veces. Según la empresa, tan solo el oleoducto Caño Limón-Coveñas ha sufrido más de 1.500 atentados terroristas en 33 años. Esto ha generado el derrame de cerca de 3,7 millones de barriles de crudo en suelos, quebradas y ríos. Informe especial.
A un clic de distancia puede enterarse de cómo cambiando un hábito tan minúsculo como desconectar el cargador del celular, puede ayudar a conservar una especie en peligro como el cóndor andino.
La comercialización clandestina y la alta demanda para consumo y tenencia doméstica tienen a estas especies en la retina de las autoridades ambientales colombianas. Aves, reptiles y anfibios son los más apetecidos.
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