La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales entró al debate, en medio de la polémica que desató la denuncia hecha por la Corporación Podion y la Alianza Colombia Libre de Fracking, sobre la posible implementación de esta técnica por parte de la compañía Drummond.
A través de un acto simbólico, la Alianza Colombia Libre de Fracking dio a conocer a los congresistas la petición de un grupo de ciudadanos para que esa técnica de extracción no sea implementada en el país.
El alto tribunal admitió una demanda interpuesta desde 2016 por un grupo de abogados de la Universidad del Norte en contra de esta técnica.
A pesar de que en campaña, el hoy presidente dijo que el país no estaba preparado para esta técnica, María Fernanda Suárez, jefe de la cartera de minas, asegura que lo va a “convencer”. Expertos advierten lo que esto significaría para el medio ambiente.
En vez de pedir milagros para causas comunes, quizá lo más fácil sería pedir una rendición de cuentas a los gobiernos pasados y actuales sobre problemas como la calidad del aire, la minería desaforada, el uso de buses diésel, la creciente cantidad de motos y cientos de problemas más.
Información de la Agencia Nacional de Hidrocarburos muestra varios bloques petroleros alrededor del Sumapaz y en el Parque Natural Chingaza, el ecosistema que suple de agua a Bogotá.
En Estados Unidos, Trump ya anunció que quiere intensificar la polémica práctica de la fracturación hidráulica. Mientras, en Alemania, queda prohibida la variante no convencional del fracking.
No se pueden obviar los riesgos que sobre el agua y los territorios que tiene la explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos.
A raíz del anuncio del gobierno de que en pocas semanas se empezará a extraer petróleo con esta riesgosa tecnología, se convocó una protesta virtual este miércoles a las 6 de la tarde.
El estudio más completo realizado hasta la fecha en Estados Unidos concluyó que está técnica, de seguirse usando, tendrá a futuro nefastas consecuencias para el agua potable.
Semana Sostenible presenta los resultados del último informe de Global Witness sobre defensores ambientales asesinados en el mundo. Colombia ocupó el segundo lugar. Según la organización, en 2018, murieron en el país 24 personas.
Ni el conflicto armado, ni el narcotráfico, ni la colonización o el olvido del Estado han logrado que el pueblo awá desfallezca. El territorio ancestral es su vida, y por su tierra están dispuestos a morir. Ahora le apuestan a unificar su Gran Familia Binacional. Especial multimedia.
En la última década los cinco oleductos para el transporte de petróleo con los que cuenta Ecopetrol en el país han sido volados más de 1.010 veces. Según la empresa, tan solo el oleoducto Caño Limón-Coveñas ha sufrido más de 1.500 atentados terroristas en 33 años. Esto ha generado el derrame de cerca de 3,7 millones de barriles de crudo en suelos, quebradas y ríos. Informe especial.
A un clic de distancia puede enterarse de cómo cambiando un hábito tan minúsculo como desconectar el cargador del celular, puede ayudar a conservar una especie en peligro como el cóndor andino.
La comercialización clandestina y la alta demanda para consumo y tenencia doméstica tienen a estas especies en la retina de las autoridades ambientales colombianas. Aves, reptiles y anfibios son los más apetecidos.
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