Por segunda vez, el Ministerio de Ambiente incumple el plazo dado por la Corte Constitucional para presentar la nueva delimitación de este páramo. La solicitud de prórroga va hasta el 18 de diciembre. Seis meses más para terminar la tarea.
Ad portas de la delimitación del páramo de Santurbán vale la pena recordar la pelea jurídica que hay a su alrededor.
Frente a las marchas realizadas en Bucaramanga y Pamplona, la empresa Minesa le salió al paso a las críticas. Asegura que la desinformación es la principal causa de la resistencia social. Entre tanto, un grupo de ciudadanos propone crear municipios mineros.
Las organizaciones que demandaron la delimitación hecha en 2014 dicen que no se han actualizado los estudios técnicos, que no se ha incluido información hidrológica e hidrogeológica y que los escenarios de participación han sido insuficientes.
Ilustradores profesionales y aficionados de todo el país se han agrupado para generar conciencia acerca del riesgo que corre este ecosistema montañoso debido a los intereses de Minesa de obtener una licencia ambiental para la explotación de oro. Hoy habrá una marcha.
Un grupo de personas busca a través de la movilización evitar a toda costa la explotación minera en ese ecosistema, mientras los habitantes de la provincia de Soto reclaman su derecho al trabajo y consideran que las protestas están politizadas y no tienen en cuenta el contexto real.
El próximo 16 de julio vence el plazo para que el Gobierno presente la nueva línea de protección de este ecosistema, que tiene injerencia en 20 municipios de Norte de Santander y 8 de Santander. ¿Qué tanto ha avanzado el Ministerio de Ambiente en esta carrera contra el reloj?
Bavaria destinará 2.500 millones de pesos para conservar 2.100 hectáreas de bosque, intervenir 200 hectáreas de cultivos sostenibles y sembrar 180.000 árboles en el Páramo de Santurbán, a través del programa Mi Páramo.
Diferentes organizaciones de la sociedad civil instaron al Relator Especial de Naciones Unidas a visitar este ecosistema y elaborar un informe que dé cuenta sobre la situación real de esta reserva natural, apetecida por las empresas por sus grandes yacimientos de oro y plata.
Cerca de 300.000 personas viven actualmente en los páramos y Parques Nacionales de Colombia. La mayoría de ellas se dedica a actividades prohibidas por la ley en estos lugares como la minería, la agricultura y la ganadería.
En la última década los cinco oleductos para el transporte de petróleo con los que cuenta Ecopetrol en el país han sido volados más de 1.010 veces. Según la empresa, tan solo el oleoducto Caño Limón-Coveñas ha sufrido más de 1.500 atentados terroristas en 33 años. Esto ha generado el derrame de cerca de 3,7 millones de barriles de crudo en suelos, quebradas y ríos. Informe especial.
A un clic de distancia puede enterarse de cómo cambiando un hábito tan minúsculo como desconectar el cargador del celular, puede ayudar a conservar una especie en peligro como el cóndor andino.
La comercialización clandestina y la alta demanda para consumo y tenencia doméstica tienen a estas especies en la retina de las autoridades ambientales colombianas. Aves, reptiles y anfibios son los más apetecidos.
La minería ilegal arroja toneladas de mercurio a los ríos cada año. El daño que produce el metal en los cuerpos de las personas ya es evidente.
Tras la llegada del magnate al puesto de mayor poder en el mundo, el temor respecto al medioambiente durante su mandato ha crecido de manera exponencial.
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