Páramo de Santurbán

Ad portas de la delimitación del páramo de Santurbán vale la pena recordar la pelea jurídica que hay a su alrededor.

Frente a las marchas realizadas en Bucaramanga y Pamplona, la empresa Minesa le salió al paso a las críticas. Asegura que la desinformación es la principal causa de la resistencia social. Entre tanto, un grupo de ciudadanos propone crear municipios mineros.

Las organizaciones que demandaron la delimitación hecha en 2014 dicen que no se han actualizado los estudios técnicos, que no se ha incluido información hidrológica e hidrogeológica y que los escenarios de participación han sido insuficientes.

Ilustradores profesionales y aficionados de todo el país se han agrupado para generar conciencia acerca del riesgo que corre este ecosistema montañoso debido a los intereses de Minesa de obtener una licencia ambiental para la explotación de oro. Hoy habrá una marcha.

Un grupo de personas busca a través de la movilización evitar a toda costa la explotación minera en ese ecosistema, mientras los habitantes de la provincia de Soto reclaman su derecho al trabajo y consideran que las protestas están politizadas y no tienen en cuenta el contexto real.

El próximo 16 de julio vence el plazo para que el Gobierno presente la nueva línea de protección de este ecosistema, que tiene injerencia en 20 municipios de Norte de Santander y 8 de Santander. ¿Qué tanto ha avanzado el Ministerio de Ambiente en esta carrera contra el reloj?

Bavaria destinará 2.500 millones de pesos para conservar 2.100 hectáreas de bosque, intervenir 200 hectáreas de cultivos sostenibles y sembrar 180.000 árboles en el Páramo de Santurbán, a través del programa Mi Páramo.

Diferentes organizaciones de la sociedad civil instaron al Relator Especial de Naciones Unidas a visitar este ecosistema y elaborar un informe que dé cuenta sobre la situación real de esta reserva natural, apetecida por las empresas por sus grandes yacimientos de oro y plata.

Cerca de 300.000 personas viven actualmente en los páramos y Parques Nacionales de Colombia. La mayoría de ellas se dedica a actividades prohibidas por la ley en estos lugares como la minería, la agricultura y la ganadería.

La empresa busca que el país le compense las pérdidas que sufrió por no haber llevado a cabo el proyecto de explotación minera en esa zona.