Son muchos y variados los esfuerzos silenciosos de comunidades locales que no brillan en los noticieros ni en la prensa nacional. Amerita destacar la variedad de acuerdos de conservación que se vienen construyendo con comunidades, que habitan regiones donde la pérdida de selvas exige una acción integral del Estado. Campesinos de la vereda Morro Bello en el Parque Natural Nacional Sierra de La Macarena redujeron la deforestación a cero gracias a un Acuerdo Comunitario de Preservación Ecológica. Ahora lideran el proyecto de ecoturismo comunitario en el Indio Acostado en Mesetas, Meta. #PazEcológica.

La iniciativa en el sur del Meta es una de tantas en las que las mismas comunidades están contribuyendo a frenar la deforestación. Acciones discretas ante la opinión pública nacional y que suman a la meta de cero deforestación, así suene a utopía.

La reciente reunión anual del Grupo de Trabajo de Gobernadores (GTF) que se llevó a cabo en Florencia, Caquetá puso a la Amazonia en la agenda política nacional e internacional. Demostró el interés creciente de las autoridades en aportar su grano de arena y abonar a las metas de reducción de la deforestación y el cambio del clima.

El  gobernador caqueteño, Álvaro Pacheco y la Federación Nacional de Departamentos, junto con el Ministerio de Ambiente aprovecharon el escenario para convocar al Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, Sinchi, y a las autoridades ambientales como Corpoamazonia, CDA y Cormacarena a unir esfuerzos educativos y organizativos con el resto de gobernadores y alcaldes alrededor de dos programas de cooperación internacional: Visión Amazonia y Corazón Amazonia.

Esta convocatoria regional, apoyada por el gobierno de Noruega puso en evidencia el desarrollo de herramientas para frenar la deforestación: acuerdos de conservación para ofrecer sostenibilidad y alternativas de producción.

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En paralelo al evento de gobernadores, algunas organizaciones sociales de la Amazonia colombiana, articuladas al Foro Social Panamazónico, Fospa, manifestaron  posiciones críticas frente a la llamada economía verde, postulado principal de la Cumbre de Gobernadores. Académicos y activistas hicieron un llamado al modelo imperante de ganadería extensiva y a los riesgos que generan la extracción petrolera y minera que rondan en la región. El panorama exige atención y mayor coherencia entre sectores del Estado y el mandato de sostenibilidad liderado por el Ministerio de Ambiente, solitario en su misión.

En democracia, las posturas críticas de unos y la defensa de modelos arcaicos de domesticación de la selva evidencian que la Amazonía del siglo XXI es una prioridad nacional. Observando el panorama político entre gobernadores y entidades públicas, en medio del disfrute del paisaje andino amazónico, del clima cálido y húmedo de Florencia con plazas sombreadas de palmas, mangos y bromelias la gastronomía local se vuelve protagonista.

La degustación del pirarucú, quesos, jugos, galletas, dulces, mermeladas de arazá, copuazú, chontaduro, entre otras delicias locales dignas de exportación, invitan a imaginar el futuro del territorio donde conviven varias culturas andinas y etnias de pueblos originarios del Caquetá. Un escenario multiétnico donde reinan la ganadería y el comercio, y donde existen opciones de comestibles provenientes de páramos, laderas, valles y selvas. Los distintos pisos térmicos ofrecen oportunidades para emprendimientos locales, en el marco de una variedad de acuerdos de conservación.

Desde  hace varios años, el Instituto Sinchi, dirigido por Luz Marina Mantilla ha puesto en marcha un enfoque agroambiental que busca adelantar mecanismos para la conservación y la restauración: herramientas de concertación comunitaria que transformen la cultura de la deforestación por proyectos de manejo predial y desarrollen usos sostenibles del bosque.

La Cumbre de Gobernadores abrió espacios para socializar y escalar estas experiencias. A estos espacios se sumaron iniciativas académicas que invitan a descarbonizar el territorio e insisten en el rol clave de actores no estatales y subnacionales. Este enfoque presentado por Manuel Guzmán Hennessey, director de la Red KLN, sugiere el diseño y adopción de planes climáticos territoriales que asocian la adaptación al cambio climático con las transformaciones de uso del suelo concertados en acuerdos de conservación, inspirados con la metodología del Sinchi.

Es oportuno que Minambiente irradie con estas iniciativas las agendas agropecuarias, energéticas, de educación, cultura y transporte que inciden en el desarrollo, conservación y restauración de la Amazonia. Es hora que las entidades de manejo de tierras y desarrollo rural de MinAgricultura, asuman un lenguaje común para la sostenibilidad de la Amazonia, compartiendo el enfoque agroambiental.

La ganadería, economía dominante en Caquetá, todavía mantiene el hacha como símbolo de colonización y de “progreso”. De ahí las dificultades de erradicar el culto a los monumentos destructivos  de la selva, entronados en las plaza de cada pueblo del piedemonte amazónico.

Este monumento se encuentra en la plaza de San Vicente del Caguán, Caqueta. Foto: Margarita Pacheco

El mercado del suelo evidencia todavía la gran contradicción: si el costo de una hectárea praderizada vale tres millones de pesos, el costo de una hectárea de  “monte” cuesta 300 mil pesos. Así, para el campesino pobre es más rentable tumbar monte que dejar la selva virgen. La cuestión radica en quién paga por la tumbada y quien tiene el capital para invertir en más ganadería extensiva, que tampoco es un negocio rentable en suelos selváticos no aptos para ese uso.

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Hay que reconocer que en el gremio crecen los “ganaderos conversos”, que de motu proprio están reservando áreas de bosques a sabiendas que sin estos no hay agua, y que con los cambios climáticos, conservar se volvió una necesidad para el negocio.

En medio de este cruce de caminos, de enfoques contradictorios de desarrollo rural y manejo de la biodiversidad existen intereses políticos y económicos, y heridas del conflicto armado en la región. Con la desmovilización de las Farc, la región requiere frenar la deforestación con herramientas que comprometen a campesinos, colonos y comunidades indígenas: los acuerdos de conservación para la reconversión productiva son un mecanismo poderoso para el manejo del paisaje y de la paz en Caquetá.

La eficiencia de estos acuerdos está permitiendo concertar la puesta en marcha de sistemas agroforestales con especies maderables, promover enriquecimiento forestal, manejo y aprovechamiento del bosque, fomentar sistemas silvopastoriles y cuidado de árboles dispersos en praderas.

En los sistemas de producción sostenible se avanza en acuerdos de financiación con asociaciones campesinas condicionados a reducir la deforestación. Esto incluye especies promisorias de la biodiversidad amazónica que estén relacionada con cadenas como las del caucho, cacao o maderables, y a actividades de intensificación ganadera. Los acuerdos también promueven productos no maderables derivados del uso sostenible del bosque y el fortalecimiento organizativo de las comunidades locales.

Se trata de una herramienta de negociación entre dos o más actores alrededor del ordenamiento de actividades de conservación, preservación, uso y manejo de determinados recursos. Estos acuerdos se firman de manera voluntaria entre propietarios de predios y/o con una organización comunitaria de base y/o con  entidades externas.

Vale la pena resaltar que en dichos acuerdos se concretan derechos y obligaciones, se condiciona la entrega de beneficios y se constituye un proceso de concientización y educación ambiental. Está demostrado que esta herramienta ofrece garantías en un rango que va desde lo blando a lo vinculante y se puede acordar con tenedores y poseedores.

Campesinos que hacen parte de los acuerdos de conservación. Foto: Margarita Pacheco.

El instrumento negocia el sostenimiento de las áreas destinadas a conservación, pone a disposición del proyecto, sin que se afecte la propiedad del mismo, un mínimo de hectáreas de montaña del predio para realizar actividades que conduzcan a lograr los objetivos. Este proceso conlleva el respectivo monitoreo.

El acuerdo de conservación sugiere una vinculación organizativa, inscribirse de inmediato a la asociación, en caso de no ser miembro, cumplir oportunamente con los pagos y aportes de la misma e informar al proyecto y los otros asociados el cambio de propiedad del predio y al nuevo propietario los compromisos adquiridos en el acta.

Este ejercicio de planificación participativa invita a observar la reglamentación de los usos del suelo previstos en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) o Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio. A aplicar las normas legales establecidas para el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos del bosque. Conlleva no incurrir con recursos del proyecto en las siguientes actividades: producción de leña y carbón o uso de pesticidas de clase I y II catalogados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras prohibidas por la legislación nacional. Tampoco podrán hacer desmonte de bosque nativo y transformación de pastizales naturales, canalización de humedales o represas con altura mayor a 10 metros, ni construcción de nuevos caminos o actividades dentro de áreas protegidas.

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Enseña sobre el uso de especies de plantas y animales consideradas en vías de extinción a nivel nacional e internacional (SEAM y UICN) o aquellas acciones que puedan causar introducción y aumento de presencia de especies exóticas de fauna y flora.

Al acuerdo se asocia a la planificación predial, implementación de modelos de producción sostenible, capacitación y transferencia tecnológica.

El acuerdo de conservación baja de escala y materializa las políticas socio-ambientales y económicas para la región, de manera práctica y comprensible a nivel del predio. Es el equivalente a un plan de negocio para cada finca, cuyo cumplimiento y verificación puede ser la base para la asignación de incentivos o beneficios. Este proceso otorga mayor resiliencia a las comunidades, a partir de la diversificación de ingresos y privilegia el componente forestal a mediano y largo plazo.

El balance a 2018 del Sinchi y las asociaciones en Caquetá y Guaviare son alentadoras: 1.460 acuerdos de conservación con Visión Amazonia, 207.796 hectáreas con planificación predial, 12 asociaciones de productores, 54.516 hectáreas de bosque en conservación.

Con el programa Corazón de Amazonia se están adelantando acuerdos de conservación en Cartagena del Chairá. Hasta el momento, hay 141 vigentes con campesinos, 5.974  hectáreas de bosque en conservación, 13.402 hectáreas en bosque con análisis de conectividad y 423 hectáreas con implementación forestal.

Se adelantan también acuerdos de conservación con pueblos indígenas. Visión Amazonia reporta que los cabildos indígenas Tandachiridu Inganokuna y el Consejo Regional Indígena del Orteguaza Medio Caquetá (Criomc) han desarrollado dos proyectos enfocados en seguridad alimentaria, establecimiento de chagras y recuperación de semillas ancestrales. Se benefician 712 familias de los pueblos Inga y Coreguaje, que están en 28.518 hectáreas.

En Guaviare, por su parte, un proyecto desarrollado por un resguardo ubicado en la cuenca media del río Inírida y el río Papunaua Morichal Viejo, también trabaja enfocado en el fortalecimiento del gobierno propio y manejo tradicional del territorio ancestral de las comunidades Puinave y Curripaco. Allí se benefician 183 familias de estos pueblos, que cubren un área de 670.000 hectáreas.

En Amazonas, dos proyectos desarrollados  por las asociaciones Acitam, Azcaita, Aticoya, Cimtar, Asoaintam, Aciya, Aciyava, Acima y la Fundación Gaia Amazonas están enfocados en el ordenamiento territorial ambiental indígena, y el fortalecimiento de la gobernanza socioambiental, con los cuales se benefician 5.673 familias de los pueblos: ticuna, cocama, yagua, murui-muina, ocaina, inga, matapi, yukuna, tanimuka, letuama, cubeo, cabiyari, miraña, huitoto, yahuna, careijona, makuna, yuju, majiña, barasano, tuyuka e itano, que cubren un área de 2.994.349 hectáreas.

En Guainía, un proyecto desarrollado por la asociación Acilapp, enfocado en el fortalecimiento institucional e integral de las 23 comunidades indígenas como estrategia de conservación territorial, salvaguarda física y cultural, con el cual se benefician 1.050 familias de los pueblos murui muinane, coreguaje  y nasa, que cubren un área de 387.596 hectáreas.

Margarita Pacheco en territorio del Guainía. Foto: Margarita Pacheco.

Dos proyectos desarrollados por las asociaciones Wayur, Jajlami y la Comunidad Playa Blanca, resguardo río Atabapo e Inírida,  enfocados en la formulación de planes de vida indígena del departamento del Guainía, y el mantenimiento de bancos vivos de semillas. Con estos proyectos se benefician 1.449 familias de los pueblos: puinave, curripaco, sikuani, piapoco, cubeo, y tukanoque,  que cubren un área de 1.236.400 hectáreas.

Con estas y otras herramientas para el cambio de tendencias en la deforestación de la Amazonia sigue una gran cruzada para  fortalecer y escalar más acuerdos de conservación, incorporando un contingente de facilitadores que incluya ex-combatientes bien formados, que se sumen a esta ambiciosa tarea para frenar la deforestación.