Mientras en Bogotá y otros centros urbanos crecen expectativas de movilización pacífica sin vándalos prepago, uno se pregunta cómo será la "armonización" entre políticas del gobierno anunciadas por el presidente Duque en Davos: la siembra masiva de 180 millones de árboles al 2022 (5 millones de árboles mensuales) y en simultánea, la fumigación con glifosato, en los mismos territorios selváticos.

Entre tanto, siguen colonos con la quema y tala y el acaparamiento de tierras baldías. En esos parajes no hay dron que detecte ni humo ni delitos de deforestación. Con esta evidencia, quien cree que la tecnología de drones con GPS esté tan avanzada como para distinguir la fumigación de una parcela de coca de una parcela de palma de cacao o de asai, cultivada al lado, como fruto de la sustitución de cultivos de uso ilícito.

El pavor de que gracias a los vientos, el veneno se disperse y caiga a todo insecto, mamífero, ave, suelo, riachuelo y a los niños de la familia que cultiva la coca, está justificado. Los resguardos índígenas y asentamientos de colonos campesinos que han pasado por la experiencia de raspachines, conocen bien los efectos colaterales en sus tierras, en la salud, en las aguas y en la vida comunitaria.

Fumigaciones realizadas por el Plan Colombia hace más de una década, degeneraron morichales y bosques aledaños a los cultivos de coca. Las fotos de potreros en el municipio de Puerto Asís, Putumayo y testimonios de ex- coqueros conversos, hoy sembrando maderables y frutos del bosque, evidencian los impactos del glifosato fumigado por orden presidencial y comprado a la industria americana.

Recientes artículos sobre "la triple moral del glifosato", de Carlos Enrique Moreno y de Rodrigo Uprimn y "Fumigaciones: año nuevo con políticas viejas" (El Espectador, 26 Enero, 2020) ilustran bien la complejidad, o más bien, la incoherencia, con la cual se está abordando la restauración de ecosistemas y la reforestación, divorciadas del control al narcotráfico y de la inversión social en los territorios. Tres paquetes distintos y distantes.

Surge la pregunta, aún sin respuesta, de quién paga a los asesinos de hombres y mujeres valientes que, a pesar de las misivas amenazantes con errores de ortografía, siguen defendiendo su territorio.

¿Por qué los soldados del Ejército del General Zapateiro y la Policía comandada por el General Atehortua no convencen al Ministro de Defensa Trujillo de modernizar su política antidroga y se cranean nuevas estrategias para enfrentar las mafias, cogiendo el toro por los cuernos?

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Sería una manera de allanar el camino al Ministro de Ambiente Lozano, y evidenciar con mayor coherencia estatal, un trabajo mancomunado para creer en la meta de Davos y frenar la tasa de deforestación actual. Solo así se justifica lanzar una alianza nacional, "una sembraton", en alianza con asociaciones indígenas, zonas de reserva campesinas, ONG en territorios, alcaldes y gobernadores. Solo así se podrán alcanzar las metas anunciadas por el presidente Duque en Davos.

Honestamente, las buenas intenciones de hacerle frente a la deforestación están en manos del Ministerio de la Defensa, de la capacidad de las Corporaciones Regionales, que estrenan directores y juntas directivas, y de alianzas con asociaciones campesinas y ex coqueros.

La cruzada nacional para abordar el cambio climático desde las regiones más arrasadas por delincuentes incendiarios, ganaderos y mineros armados y mafiosos, exige que el gran director de orquesta escuche y vea la realidad de los campesinos pobres, evitando la cacofonía de los instrumentos desafinados.

Mientras se prepara el concierto de la reforestación nacional, con toques de glifosato en unas regiones vulnerables a la violencia, en el Caribe profundo florecen los cañaguates de amarillo vivo, engalanando vías y praderas deforestadas de bosque seco tropical.

Allí se han sacrificado árboles majestuosos para reemplazar el bosque por extensas plantaciones de palma de aceite. En el sur del Magdalena y de Bolívar, donde se da el mejor ñame, la piña y la sandía, el bosque seco tropical (BST) está igualmente amenazado. Quizás peor que las selvas húmedas de la Amazonia y del Chocó.

Esta rápida desaparición del BST del Caribe justifica incluirlo en la estrategia nacional de reforestación anunciada. Esto no quiere decir que los monocultivos extensivos de palma africana, que arrasaron con el bosque, sean considerados como sumideros de carbono, confundiendo la reforestación de especies endémicas con los cultivos comerciales.

El director de orquesta deberá sentar en primera fila de violines a los ministros de Ambiente y Agricultura para que afinen sus instrumentos y no confundan la función de la palma africana con la de los icacos, cañaguates y samanes, cuyas funciones biológicas son diversas. En época de sequía, los cañaguates con su flores amarillas de sequía, claman por que los dejen en pie. La ganadería extensiva los ha castigado, igual que a otras tantas especies de árboles majestuosos del Caribe lejano del mar.

Las hileras de cañaguates adornan la entrada al pueblo de Santa Ana, camino a Talaigua y Mompox. Allí se, entrelazan las fronteras del sur del Magdalena y de Bolívar, territorios habitados por Chimilas, el Pueblo ancestral que resistió a la colonia española.  En estos parajes del pueblo Chimila, de cañaguates florecidos, la violencia incrustada en el siglo XX dejó una huella traumática en la población y en la naturaleza. La estrategia nacional de reforestación no puede olvidar este pasado de masacres y de abandono del Estado.
Vale recordarle al Ministro de Defensa que la violencia ha desaparecido a muchos jóvenes líderes sociales en esta región del sur del Caribe, y que esa violencia también se ha ensañado contra el bosque seco y los manglares del Caribe.

La deforestación y la violencia contra las comunidades y selvas húmedas de Amazonia y Chocó, las laderas boscosas del norte del Cauca, las fronteras del Putumayo, del Darién y el Orinoco deben ser atendidas como crímenes de Estado.  La política antidroga no está para paños de agua tibia a punta de drones con glifosato. Es hora de ser más independientes y más serios con estos escenarios que producen profundo dolor de país.

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El anuncio del gobierno en Davos de reforestar con 180 millones de árboles al 2022, obliga a los ministerios a presentar una estrategia integral conjunta, detallando el dónde, cómo, con quién, cuándo y cómo participarán y monitorean las comunidades locales, con sus saberes ancestrales. Se necesita saber de donde saldrán las plántulas, como se preparará el suelo degradado, que tecnologías y quien hará seguimiento a los resultados, para cumplir una meta tan ambiciosa.

Se trata de frenar la deforestación y de restaurar el bosque destruido. Las asociaciones indígenas y afros, ONGs con experiencia probada en los territorios, en alianza con las CAR, deberán ser las impulsoras de esta cruzada nacional. Solo así se podrán verificar resultados que son exigencia de los donantes de Alemania, Noruega y Reino Unido, firmantes del Acuerdo de Madrid con el Gobierno de Colombia.

Mientras se organiza la arquitectura institucional y comunitaria para acometer esta gran iniciativa de reforestación nacional, se mantiene en las calles el sinsabor de la desinformación. La ciudadanía exige respuestas concretas, planteadas en la conversación nacional y en los cacerolazos.  Los que siguen acaparando tierras y tumbando “monte” son los enemigos declarados de la cruzada por la reforestación. Qué hará el Ministerio de Defensa con estos enemigos con nombre propio y partido político bien conocido?
El mensaje es claro: la meta de siembra de árboles deberá estar acompañada de inversiones en educación rural, oportunidades de emprendimiento, acceso a la salud, a agua potable, a tratar aguas contaminadas por la minería, pesticidas y glifosato de vieja data.

Para construir confianza con el Estado, urge entonces fortalecer las comunicaciones en zonas rurales, no solo para proteger la vida, y combatir delincuentes y mafiosos sino para transformar frutos del bosque y hacer de la biodiversidad un negocio productivo y sostenible.

Es la oportunidad para la Ministra de Minas y Energía de poner en práctica tecnologías amigables para que los campesinos puedan poseer y mantener fuentes de energías renovables, que permitan monitorear el crecimiento de los bosques restaurados.  Es decir, la siembra masiva de árboles es una estrategia que compromete a varios ministerios, y es un compromiso de Estado ante la comunidad internacional: la oportunidad para la puesta en marcha de la Reforma Rural Integral, que lleve hacia un nuevo modelo de desarrollo regional, comprometido con la crisis climática, las metas ajustadas del Acuerdo de París y la "tranquilidad" anunciada por el Ministro de Defensa en el reciente Foro Semana Para Donde Va el País?

Esperamos que las metas anunciadas por el presidente Duque en el Foro Económico Mundial en Davos no queden como las piezas de un rompecabezas en una historia de ciencia ficción. Queremos creer que serán una realidad.

P.D. La Revista “Semillas” de diciembre 2019 dirigida por German Velez puede ser fuente de inspiración para generar viveros y fuentes de ingresos locales.