La caza deportiva y el aprovechamiento comunitario del caimán aguja en la Bahía de Cispatá encendieron las redes sociales. Sin duda, hay un rechazo mayoritario a la primera. Frente al segundo, críticos y defensores reconocen que el proyecto es sostenible: la polémica entonces es sobre si se debe permitir a una comunidad vivir de la fauna silvestre.

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Además de moral, la discusión es política. Los resultados de ese pulso distribuyen poder entre gente común que vive de la fauna, el gobierno, congresistas con agenda electoral y activistas digitales que obtienen notoriedad disciplinando éticamente a las comunidades.

El debate sinceró las tensiones entre ambientalismo y animalismo, usualmente confundidos como si fueran la misma cosa. Así como hay puntos en común, las diferencias entre ambos movimientos existen y se deben tramitar democráticamente. El respaldo de reconocidos ambientalistas al proyecto de Cispatá fue elocuente, mientras que el movimiento animalista tomó su propio rumbo y dejó clara su posición frente al uso sustentable de la biodiversidad y a la economía campesina.

Es difícil imaginar un mundo donde el aprovechamiento sostenible de la fauna esté totalmente prohibido. Sueros antiofídicos, investigación médica, turismo, identidades culturales, seguridad alimentaria, detección de minas antipersonal y gestión de desastres son ejemplos de su importancia. Algunos son indispensables; otros, como avistar pájaros, son suntuarios. Incluso, la tenencia de mascotas no es otra cosa que un uso prescindible de la biodiversidad que, por cierto, les impide tener un comportamiento natural, como tanto se reclama.

La supervivencia de un caimán recién nacido en la naturaleza no es un camino de rosas, y no es descabellado afirmar que es el sufrimiento y no el bienestar lo que define la experiencia vital de la fauna silvestre. Por eso, con el fin de reducir paulatinamente el padecimiento animal, hay activistas que estiman inmoral reintroducir depredadores en ecosistemas donde han desaparecido, o que defienden incrementar la urbanización y destruir las selvas, consideradas focos de sufrimiento.

De hecho, la humanidad tiene los medios para intervenir humanitariamente las cadenas alimenticias de mares, bosques y selvas para poner fin al dolor, convirtiendo a tantos animales como sea posible en “refugiados ecológicos”, o resguardándolos en santuarios de la depredación, la mutilación, el destierro, el hambre o la sed, normales en cualquier ecosistema. Si el sufrimiento animal es tan inaceptable en todos los casos, no habría razón para no convertir los biomas en “espacios seguros” para la fauna. Pero esa “ingeniería planetaria” no se hace porque hay otras prioridades, y sobre todo porque es absurda, es decir, porque prima la sostenibilidad.

Por tanto, el debate debe darse sobre qué tipos de sufrimiento animal son admisibles.

Los avances en bienestar animal son bienvenidos, pero el tono de la discusión en Colombia está llegando a un punto dónde se quiere prohibir, literalmente, cualquier uso de la fauna. Es una postura bastante cuestionable, incluso en términos morales, para un país megadiverso que busca alternativas al extractivismo y con problemas de pobreza, violencia y desigualdad.

Hace años estuvo bajo ataque el control poblacional de los hipopótamos de Escobar; hoy es el uso del caimán aguja; mañana serán los apicultores o la pesca del devastador pez león. El Estado no puede seguir cautivo de la presión de las redes sociales al hacer su trabajo con las especies invasoras y el buen uso de la fauna.

La solución a este dilema parece ser una negociación política que concilie el bienestar animal con el aprovechamiento sustentable, no la prohibición de todos los usos. Un acuerdo así es urgente y perfectamente posible, y para ello es fundamental un debate público que le de voz a todas las partes, no solo a las que hablan más fuerte.