A pesar de haber sido atropellado durante varias décadas por el conflicto armado y la violencia, Vetas hoy se encuentra en una constante lucha
porque le han limitado su principal actividad de subsistencia: la minería.

Desafortunadamente el Parque Regional Santurbán, la delimitación de páramos y en especial, la Corte Constitucional y la Ley de Páramos -además de muchos discursos ambientalistas- han desconocido que tres de los seis municipios que conforman Soto Norte son municipios mineros.

Por ejemplo, en el caso de Vetas, el ciento por ciento de la población, aproximadamente 2.500 habitantes, depende de manera directa e indirecta de la minería.

La ley se planteó sin tener en cuenta que la aptitud de uso de nuestro suelo no permite el desarrollo de otras actividades económicas como agricultura o ganadería. 

Otras opciones como el ecoturismo o pago por servicios ambientales son muy limitadas y su potencial de desarrollo difícilmente podrá sustituir parcial o totalmente a la minería como principal generador de empleo, ingresos y condiciones dignas de vida para sus habitantes.

Aunque suene paradójico, la alta calidad ambiental del ecosistema de páramo en el municipio de Vetas es el resultado de la presencia y el desarrollo de la actividad minera, la cual se ha concentrado en áreas muy pequeñas y ha impedido el avance de otras actividades económicas, incluida la agricultura y minería misma, sobre el ecosistema de páramo localizado en la parte alta.

La minería bien hecha es aliada de la conservación de los ecosistemas de alta montaña, es respetuosa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, incluyendo los ecosistemas delimitados de páramo y es una actividad económica fundamental para asegurar su protección.

El ordenamiento minero asegura la protección del páramo. La prohibición de la minería como eje de ordenamiento del territorio, además de generar desempleo, pobreza y violencia, abriría las puertas a la minería ilegal, descontrolada, depredadora y arrasadora del medio ambiente; una mala decisión del gobierno nacional eliminando la minería legal en la zona, generaría una catástrofe ambiental y social en la región.

Lo próximo para nosotros es la revisión de la delimitación del páramo; consideramos que debe basarse en corregir los errores cartográficos de la Resolución 2090 de 2014.

Errores que fueron evidenciados en la Sentencia T-361 de 2017. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene la obligación de corregir dichos errores y al mismo tiempo la responsabilidad de establecer una línea de páramo a partir de un proceso real, efectivo y participativo de consulta con los habitantes de Vetas.

Sin embargo, se ha convertido en un espacio que provoca un debate simplista, limitándolo a falsas disyuntivas como “el agua o el oro”, “minería o muerte”, distorsionando la realidad y la percepción que tienen los habitantes de Bucaramanga sobre el conflicto socioambiental de la región de Santurbán.

Es comprensible que frente a temores infundados o magnificados alrededor del futuro suministro de agua para el Área Metropolitana de Bucaramanga, los ciudadanos que no posean suficiente información asuman en su imaginario que la minería es un enemigo que debe ser exterminado.

Por esta razón, les hacemos un llamado a las personas para que se informen de manera responsable, conozcan la realidad de cómo viven cerca de 4.000 habitantes mineros en la región.

Cuando no conocemos a fondo el tema es mejor permanecer callados; hablemos de lo que sabemos. Por favor, visítenos y cambiarán su opinión.

La preocupación por el agua y el páramo no es un tema exclusivo de Bucaramanga, también nos preocupa a quienes habitamos en la región de Santurbán.

Somos los primeros defensores del agua y ejercemos un activo control ciudadano. Sabemos que la minería debe ser desarrollada de manera responsable y exigimos que sea bien hecha.

Somos los paramunos quienes cuidamos de nuestro páramo, y no los ambientalistas desde la ciudad y detrás de un micrófono.

Por esta razón es conveniente que el proceso de delimitación sea un proceso rápido y bien hecho, apoyado en el conocimiento del territorio y sus realidades sociales, económicas y culturales. Llevamos muchos años en incertidumbre y no aguantamos otro año más.

Un proceso rápido, pero mal hecho o un proceso lento, terminarán por intensificar el conflicto socioambiental que ha sido originado por el mismo proceso de delimitación.

Exigimos un proceso participativo e incluyente de consulta, que respete el derecho al trabajo y nuestras actividades económicas. Este debe ser el primer paso para avanzar en la solución del conflicto socio-ambiental de Santurbán.

Mientras, Colombia tiene un desempleo de 2 cifras y Santander rodando el 6%, en Vetas siendo de Santander y Colombia su desempleo está por encima del 80% a causa de malas decisiones, falta de concertación e incertidumbre venida del Estado.