Hace unos días se realizó una audiencia pública en la comisión primera de la Cámara de Representantes para escuchar a la sociedad civil, como parte del trámite del proyecto de ley de Coordinación y Concurrencia. Como está formulado, este proyecto acabaría con las consultas que pretenden limitar el desarrollo de proyectos mineros o petroleros en los municipios del país o, por lo menos, articularlos con las decisiones de los territorios. En otras palabras, las gobernaciones y alcaldías dejarían de tener soberanía sobre lo que  pasa debajo de sus pies.

La hoja de ruta de minería en el país permite entender las implicaciones de este proyecto que, de aprobarse, afectaría seriamente a las comunidades, a los consejos municipales y a las asambleas departamentales. El código de minas de 2001, establecido en la Ley 685, le dio carácter de utilidad pública e interés social a la minería y generó un aumento de más de 10 veces el área de los títulos mineros otorgados hasta ese momento en todo el país. Territorios de comunidades campesinas, indígenas y negras, tradicionalmente dedicados a actividades agropecuarias y de conservación, fueron titulados a empresarios mineros, generando enormes tensiones por el eventual cambio de uso del suelo, que podían llegar incluso a la expropiación de sus tierras. 

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Con esto, todo el ejercicio de concertación y planeación municipal establecido en los Planes de Ordenamiento Territorial POT de los municipios, era inocuo, pues el Gobierno Nacional, a través de las Agencias Nacionales de Minería o de Hidrocarburos, podía entregar títulos mineros o bloques petroleros a empresas, a espaldas de los municipios, cambiando la vocación y actividades tradicionales del territorio.

Esta tensión entre el Gobierno Nacional y los municipios y sus comunidades, derivó en una serie de consultas populares que generaron a su vez sentencias que avalaban la competencia de los municipios sobre el establecimiento de los usos del suelo que, evidentemente, serían afectados por la explotación del subsuelo. En la Sentencia SU-095/18, la Corte estableció que es imposible vetar a  los municipios, pero exhortó al Congreso para que resolviera esta tensión a través de  ley. 

Y acá estamos frente a esta futura ley: el proyecto Coordinación y Concurrencia. Un proyecto concebido con la intención de desactivar tensiones y permitir espacios de discusión y planeación a mediano y largo plazo de los territorios, pero que, como está planteado, concentra el poder de debate y de toma de decisiones en el Gobierno Nacional. 

Si se sigue por esta senda, se desconocerían las competencias de los concejos municipales y de las asambleas departamentales, así como de los Ministerios de Ambiente y de Agricultura. Los institutos de investigación ambiental y agrícola saldrían del debate, como si lo único que importara fuera el conocimiento del subsuelo y no del suelo y lo que allí se encuentra. Además,  minimiza la participación activa de las comunidades con una parodia de audiencia, sin carácter vinculante. Y, como si fuera poco, si se aprueba, el Ministerio de Minas y sus organismos adscritos o vinculados, sería quien reglamente, dirija, coordine y resuelva todo (y, en caso de no existir acuerdos, deberá dirimir).

¿No es entonces un simple protocolo para generar conflictos o para exacerbarlos, aumentar el ya vergonzante centralismo e imponer el modelo extractivista minero y petrolero en el país? Un modelo que, por cierto, genera pocas rentas, poco empleo y que tiene impactos negativos sociales y ambientales de gran magnitud.

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Sin duda, este proyecto de ley es importante, pero debe hacerse bien. A las comunidades, a los gobiernos nacional y locales, y a los empresarios, les conviene que se resuelvan estas tensiones. Pero no así. A través de mecanismos legítimos de concertación, de valoración adecuada del capital natural que sería intervenido, con los bienes y servicios que provee lo existente en el suelo y su biodiversidad y no solo del subsuelo, reconociendo los territorios y su idiosincrasia y vocación. Con participación democrática de los interesados y, finalmente, con mecanismos y actores adecuados, transparentes e imparciales para dirimir controversias. 

Conviene además que los tomadores de decisión analicen los compromisos del Acuerdo de París y las implicaciones geopolíticas y económicas que generará su implementación en el orden mundial. Es momento de empezar a desestimular el uso de carbón y del petróleo y apuntar al cumplimiento de los planes globales de neutralidad en carbono. El presidente Duque se comprometió a que Colombia sea neutral en carbono para 2050, pero con proyectos como este, que le quitan barreras al al extractivismo minero y petrolero, estamos yendo en contra de esa apuesta.

*Asesor en Relaciones de Gobierno y Relaciones Internacionales de WWF Colombia