En este año que termina, en medio de la pandemia por la covid-19, se ha evidenciado más la dicotomía entre quienes desean la minería en los páramos Gobierno y mineras y quienes los defendemos férreamente por su principal producto ecosistémico: el agua.

Hago referencia a la dicotomía que he planteado entre el querer del Gobierno-mineras y la minería (visión minera), frente al deber ser, su protección y conservación (visión conservacionista), de la cual se derivan otras: la más importante, la referente a la delimitación de nuestros páramos, para lo cual acuñé dos conceptos sobre posibles delimitaciones en nuestro país: el querer del Gobierno-minerasuna delimitación exprés político-minera, sin estudios hidrológicos e hidrogeológicos y al servicio de la minería, que extiende el páramo hasta donde no se afecten los proyectos mineros, es decir, la visión minera; y el deber ser, una delimitación técnico-científica con los estudios científicos en mención, o sea la visión conservacionista.  

Paradójicamente, habría de esperar a que los páramos se delimitaran para su protección y conservación, pero esta dicotomía ha sido propiciada por el Gobierno. Y mientras este y las mineras vean a Santurbán como la joya de la corona de los fines extractivistas, en contravía del derecho al agua de nuestros hijos, el conflicto minero-ambiental que se ha suscitado alrededor de Santurbán continuará indefinidamente.  

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Los accionantes de la tutela que, con el liderazgo de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, originó la Sentencia T-361 de la Corte Constitucional, y que exigió una nueva delimitación para Santurbán, seguimos abogando por una delimitación técnico-científica que, bajo el concepto de integralidad, preserve el páramo y sus ecosistemas circunvecinos complementarios.

Haciendo una analogía, los departamentos de Santander y Norte de Santander, unidos como Gran Santander, compartimos el mismo cordón umbilical representado por los ecosistemas circunvecinos, entre ellos el bosque alto andino que emana de Santurbán, la fábrica de agua por excelencia del Gran Santander, cual placenta que nos provee agua y oxígeno. Cercenar ese cordón umbilical con proyectos mineros, desde luego, afectaría nuestra agua. 

El próximo año, el Ministerio de Ambiente tratará de concertar con las comunidades su “propuesta integrada de delimitación de Santurbán” que, al igual que su predecesora, la delimitación de la Resolución 2090 de 2014, tiene los mismos gravísimos vacíos técnico-científicos, sin estudios hidrológicos e hidrogeológicos, la cual vuelve a dejar “por fuera del páramo” proyectos como el de la minera emiratí Minesa, y que de quedar en firme sería la extensión de lo que siempre he calificado como el más grande engaño en la historia ambiental del país, la delimitación de la Resolución 2090. 

En septiembre, el presidente Duque, ante la ONU, pidió a la comunidad internacional la creación de una estrategia global en defensa de los páramos, mientras que, en nuestro país, ha faltado voluntad política y coherencia para su protección y conservación, pues en su lugar se ha hecho una estrategia encaminada a la explotación.  

En octubre, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ad portas del debate de control político al Gobierno, convocado por la Comisión Accidental del Senado decidió archivar el trámite administrativo del proyecto Soto Norte de Minesa, y aunque algunos grupos celebraron la decisión, aclaré, en medios, cómo esta era otra estratagema del Gobierno para dar un nuevo aire, no al páramo, sino al proyecto en mención, y al cual jamás debió dársele trámite, teniendo en cuenta consideraciones de tipo legal, técnico-científicas, y la voluntad de los colombianos que jamás dará la licencia social a estos proyectos mineros. La ANLA nos debe la negativa de la licencia ambiental a Minesa.

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En agosto se constituyó la Comisión Accidental del Senado para la preservación de Santurbán, con connotación pluripartidista, que podría llegar a tener un rol fundamental en un disenso llamado a resolverse en el terreno político o en el jurídico: el Congreso, con un efectivo control político al Gobierno, puede lograr que Duque corrija el rumbo de la historia (político) y ahorrarnos seguir en los estrados judiciales (jurídico). 

En un país santanderista como el nuestro, la normativa ambiental vigente es suficiente para negar la licencia a proyectos como el de Minesa, ubicados por encima de las bocatomas de los acueductos metropolitanos. Debemos exigir al Gobierno que cumpla con la Constitución y la normativa en materia de protección ambiental, y en esto el Congreso, como órgano de control político del Gobierno, tiene un papel fundamental. Jamás podremos permitir  que mientras el Congreso legisla, el Ejecutivo infrinja.   

La premisa fundamental es que los páramos y sus ecosistemas circunvecinos son territorios del agua para la vida, no de las mineras para su devastación, en detrimento del derecho al agua y a un entorno sano para nuestros hijos.